Es lógico. El único interlocutor válido para resolver el conflicto desatado por la presencia de grupos armados y fuerza pública en territorio Indígena de los Nasa-Páez en el norte del Cauca, es el presidente Juan Manuel Santos. Mesas temáticas, delegados ministeriales, despliegue de fuerza pública, son medidas además de controversiales, inútiles. La presencia de ONGs internacionales y los informes de los relatores de derechos humanos sobre la situación de los pueblos Indígenas, respaldan el proceso y lo blindan pero terminan siendo insuficientes porque el estado colombiano no se anima a reconocer lo que la Constitución del 1991 le dio a estas comunidades: Autonomía.
Ni el estado ni los grupos armados, valga decir. Porque allí donde hay tierra, rica y próspera, desplazar y acabar con las comunidades a quienes les pertenece, es el mejor método para dar paso a los monocultivos o el narcotráfico. Da igual. Aunque en apariencia lo primero es legal y lo segundo no, para las comunidades Indígenas la defensa del territorio pasa por la defensa de la siembra, de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, de esa riqueza autosostenible que no se puede reducir a los biocombustibles o a la coca. Y eso que esa última también es sagrada para ellos aquí como en Bolivia, aunque su producción no está regulada ni mucho menos permitida por el Estado colombiano como en Bolivia. Para los Nasa-Páez, la segunda comunidad Indígena más numerosa del país, unos 130.000 miembros, hay mucho más que defender y aunque no se reduce a una palabra es la que más carga política e histórica tiene: Autonomía.
Esa defensa del territorio ha sido pagada con un precio altísimo. Con ocasión del ”Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas por la defensa de la Madre Tierra” que se lleva a cabo en Popayán desde el pasado 10 de agosto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló unas cifras que parecen números fríos pero que dan cuenta de una realidad que sale a la palestra pública cada vez que en masa los Indígenas protestan, bloquean vías, o como sucedió en julio pasado—origen del conflicto actual—expulsan a los armados (legales o ilegales) de sus tierras.
Según la ONIC entre enero y julio de este año, 54 Indígenas fueron asesinados en el país mientras hubo 24 eventos de desplazamiento masivo, que obligaron a 1.890 familias integradas por 8.845 personas, a dejar sus viviendas o resguardos. El impacto mediático de estos hechos es mínimo frente a la poderosa imagen de unos soldados expulsados de un cerro y con lágrimas en los ojos. Es mínimo frente a la artillería mediática que no condena los primeros hechos, pero frente al segundo se llena de patriotismo y enardece el lenguaje al punto de coincidir con aquellos términos que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, causaron una profunda herida a la protesta social: Vandalismo, guerrilleros, infiltrados, narcoterroristas.
El movimiento Indígena no ha negado la influencia que pretenden en su organización, guerrillas como el ELN y las FARC que reclutan a sus miembros, que también los matan, que quieren usarlos como escudo, y que han logrado incluso crear posiciones divergentes dentro de los cabildos Indígenas. En 2010 al Movimiento de los Sin Tierra “Nietos de Manuel Quintín Lame”, que también tiene sede en el Cauca, le apareció un brazo armado con el mismo nombre que amenazaba campesinos y colonos con el fin de desprestigiarlos. Lograron crear desconfianza dentro del movimiento Indígena y amenazar una unidad que en todo caso respeta la pluralidad de ideas y el diálogo. Las filas se cerraron en torno al concepto del respeto a la vida y a la paz. De esos cismas ha habido muchos en la historia, pero lo que hoy defiende esa guardia Indígena, que saca a los soldados de los cerros, así como castiga y enjuicia a los guerrilleros que se atreven a pisar su territorio, es la Autonomía.
Y por eso la discusión es de largo aliento. Porque si hay una región en la que convergen todas las aristas del conflicto es en el Cauca. Reforma agraria, comunidades de paz, rutas para el narcotráfico, presencia guerrillera, avanzada paramilitar, son temas gruesos que amenazan la Autonomía y para los que la apertura del diálogo es vital. Y es por eso que tiene que ser con un interlocutor de peso que para los gobernadores de los resguardos, líderes y autoridades que por años han logrado el respeto de los comuneros, no es otro que el Presidente Santos. El mismo que en su asunción presidencial se fue a la Sierra Nevada de Santa Marta a recibir la bendición de los Koguis en una ceremonia espiritual cargada de mensajes simbólicos que a la fecha no han tenido en cuenta las realidades de estos pueblos.
Y lo que esperan de Santos es que aparezca. Que se siente en ese territorio Indígena al que el exmandatario Álvaro Uribe fue en una célebre visita en el 2008 de la que salió abucheado por insistir en que no iba a devolver tierras que fueron ocupadas “ilegalmente” por los Indígenas. Por insistir en que sus políticas agrarias de amplia visión exportadora se iban a cumplir con el liderazgo de su entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, hoy enjuiciado y en la cárcel por regalar subsidios a ricos terratenientes a través del programa Agro Ingreso Seguro. Por insistir en ofrecer recompensas dentro de las comunidades Indígenas para que denunciaran a los “okupas” de las tierras.
Que la deuda del Estado con estas comunidades es histórica e inmensa se ha dicho hasta el cansancio. Masacres (como la del Nilo), desplazamientos, asesinatos selectivos han sido denunciados ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado al Estado colombiano por su acción u omisión en los hechos. De la reunión de este martes depende que se reconozca el valor del diálogo para los Indígenas y la necesidad de una interlocución seria y definitiva con el Gobierno que medie en el tema de la Autonomía contra el mandato constitucional que determina la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional.
Cauca puede ser ahora un escenario piloto de un modelo pacifista, o seguir apareciendo en los medios por cuenta de una violencia que a pesar de tener múltiples calificativos de los actores, parece que sólo tiene uno para las víctimas: Indígenas.
Jenny Manrique is a contributing blogger to AQ Online. She is a Colombian journalist and editor of Semana.com. Her Twitter account is @JennyManriqueC.
