Las cifras policiales oficiales indican que durante los últimos meses la cantidad de asesinatos registrados en El Salvador ha disminuido en aproximadamente 50 por ciento. Esto es especialmente significativo considerando que un informe elaborado por Naciones Unidas, publicado el año pasado, ubica a dicho país como el segundo más violento del mundo. No obstante, atrás del aparente logro se identifican elementos que pronostican una crisis en el aparato de seguridad gubernamental del país centroamericano.
La reducción en homicidios antes mencionada se deriva de una brumosa iniciativa que implicó negociar el cese de hostilidades entre las principales pandillas rivales que operan en El Salvador, pacto desarrollado bajo condiciones desconocidas y mantenidas en total secreto por el Estado. El decremento, por lo tanto, no es el resultado del fortalecimiento del sistema de justicia penal o de la ejecución de una estrategia integral implementada para controlar la criminalidad, sino que está en función de la buena voluntad de las estructuras delictuales por mantener un acuerdo ajeno a la institucionalidad estatal.
Contrario a la interpretación ordinaria que provocaría una reducción tan acentuada en la incidencia de homicidios, la fuerza policial salvadoreña está en su peor momento. El Gobierno, en medio de una crisis fiscal, mantiene al personal policial trabajando en condiciones precarias, según consta en diferentes reportajes periodísticos publicados el año pasado, con equipo e instalaciones deterioradas. La falta de liquidez del Ejecutivo también lo ha llevado a retrasar varios meses el pago de los salarios complementarios devengados por policías, quienes denunciaron públicamente la situación a finales del 2012.Colectivamente, estos elementos crean una ventana de oportunidad para la penetración de estructuras criminales en el aparato de seguridad. Particularmente, considerando el antecedente planteado en las declaraciones del antiguo Fiscal General, Romeo Barahona, quien en 2011 afirmó tener una investigación abierta para indagar la existencia de un grupo al interior de la corporación policial, dedicado al reclutamiento de policías élite para la organización de narcotráfico Los Zetas.
La Policía, además, ha sufrido una crisis de identidad en los últimos años, ya que el Ejecutivo ha conferido más responsabilidades y tareas de seguridad pública al Ejército que en administraciones anteriores. El Presidente incluso nombró a dos militares retirados al frente de la Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los policías han pasado a jugar un papel marginal en la conducción estratégica del aparato de seguridad.
Actualmente, la seguridad pública en El Salvador se podría describir como un huevo. El huevo tiene el potencial de alimentarnos si se cuida y prepara bien, pero también de arruinarse si no se guarda en las condiciones adecuadas. La persistencia de la falta de identidad institucional en la Policía y las precarias condiciones de equipamiento y trabajo, erosionarán la seguridad pública de manera progresiva, pero los beneficios derivados del pacto negociado con las pandillas harán que esto no sea visible hasta que los efectos sean profundos y críticos. Similar a un huevo arruinado cuyo cascarón no permite determinar que está podrido hasta que se rompe.
