Lo único que le faltaba al clima de guerra fría que se desató entre Colombia y Venezuela por una reciente serie de asesinatos, deportaciones y capturas de ciudadanos de ambos países—señalados algunos de ser espías y paramilitares—era la propuesta del presidente Hugo Chávez de levantar un muro en la frontera que une a los dos países. Mientras el mundo se prepara para conmemorar hoy los 20 años de la caída del muro de Berlín, en Latinoamérica los ánimos belicistas desatados por la ampliación de personal militar estadounidense en siete bases colombianas—documento que por cierto fue suscrito el pasado 30 de octubre aquí en Bogotá—vuelven a poner en el centro de la polémica, un cierre de fronteras en pleno siglo XXI.
Hay que ver a los ciudadanos que trabajan en Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) y San Antonio y Ureña (Venezuela) cruzando por el río Tachira y por trochas antes solo conocidas por los pimpineros (vendedores informales de gasolina) para llegar a sus destinos. El bloqueo de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander por parte de la Guardia Venezolana como respuesta al asesinato de dos de sus efectivos, les está generando a los comerciantes de la zona pérdidas diarias cercanas a unos US$4 millones, según cifras de la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela (Fedecámaras).
Muchas de las amenazas incumplidas de Chávez, como la de ampliar en número los 515 efectivos de la policía castrense que resguardan la zona tachirense, o desplazar tropas militares hasta allí, parecen tener más asiento esta vez. Aunque en los últimos 10 años no se ha suscrito ningún convenio de cooperación militar fronteriza entre Colombia y Venezuela, este viernes en la mañana comenzó el desplazamiento de los primeros efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de un total de 15.000 movilizados, que llevarán a cabo la “Operación Centinela” en los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Barinas y Táchira.
Todo el despliegue de fuerza para atacar la innegable extensión del conflicto colombiano a tierras venezolanas y defenderse de una posible acción de los Estados Unidos en la región, fue impulsado por el asesinato de 11 jugadores que al término de un partido fútbol, fueron acribillados por pistoleros en lo que se ha dado en llamar la masacre de Chururú. Explicada por el gobierno venezolano como una venganza de paramilitares contra miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)—guerrilla que dicho sea de paso, tiene controlado el Alto Apure—las víctimas son reclamadas en Colombia como humildes campesinos vendedores de cacahuate.
El cruce de versiones y acusaciones desató una serie de episodios que parecen un ajuste de cuentas: Además de los dos guardias asesinados, un sargento venezolano en Cúcuta fue expulsado del país, acusado de poseer información sensible para la seguridad de Colombia. A la fecha en Venezuela se han detenido 116 supuestos paramilitares que extorsionaban a comerciantes venezolanos para no secuestrarlos o asesinarlos. La presencia de estos grupos de extrema derecha se viene denunciando incluso desde el 2002.
Recientemente también han sido capturados 15 supuestos agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) acusados de espionaje (las leyes venezolanas antes los deportaban, ahora los juzgan), que según el gobierno se infiltraban por medio de sobornos, reclutamiento de opositores y recopilación de información militar, para perseguir a guerrilleros y narcotraficantes que tienen su refugio en Venezuela. Este supuesto plan de desestabilización se conocería como Operación Falcón, curiosamente un nombre que en su momento utilizó el gobierno Bush en sus redadas contra fugitivos.
Aunque el gobierno colombiano ha reiterado que “los funcionarios tienen expresa prohibición de desplazarse a territorio de ese país, cualquiera sea el propósito”, la presencia de agentes secretos fronterizos es de vieja data. Desde el 2004, se ha debatido la involucración del DAS en casos como el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson e incluso un complot para asesinar a Chávez.
Sin embargo, para algunos este conflicto no es más que otra cortina de humo del Presidente Chávez para esconder su problemática doméstica. El periodista venezolano, izquierdista pero opositor, Teodoro Petkoff, calificó como “artificial” esta polémica fronteriza en su editorial del diario Tal Cual. “Hay una tentativa de desviar la atención con finalidades electorales”, sostuvo, al tiempo que destacó que los organismos policiales “están penetrados por la mafias, por lo cual, es ineficaz cualquier política de seguridad”.
A su turno, el presidente Álvaro Uribe no solo contestó que “Colombia jamás construirá un muro de Berlín en la frontera”, sino que anunció el domingo que su Gobierno acudirá a la Organización de Estados Americanos y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante las amenazas de guerra de Chávez. Quizá el escenario más adecuado para debatir el tema sea el Consejo de Defensa Sudamericano con Brasil como mediador.
Puede que este mundo capitalista colombiano y socialista venezolano no se parezca mucho a las Alemanias de los 1960s, pero lo cierto es que aquí los “muros invisibles” como el impedimento del ingreso a Venezuela de quienes no han sido cedulados bolivarianos, ya se empezaron a levantar.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a americasquarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
