No es poca cosa que Colombia haya perdido los derechos económicos sobre 80.000 km2 de mar territorial en el diferendo con Nicaragua que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de este último país el 19 de noviembre. Lo llamativo es el impacto de la decisión del tribunal internacional en la política interna y exterior colombiana y la cadena de consecuencias que produjo, algunas previsibles, otras evitables, y unas más insospechadas.
El próximo 12 de diciembre, cinco expresidentes, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe tendrán que rendir cuentas ante la plenaria de la Cámara sobre la estrategia de defensa de la Nación en un litigio que terminó interpretando a favor de Nicaragua los límites que se habían trazado en el histórico tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Una jugada que pretende repartir responsabilidades frente a la decisión que exacerbó como nunca el nacionalismo colombiano, apuntando no solo al actual mandatario Juan Manuel Santos, sino a una cadena de errores en la estrategia de defensa que comenzó hace nueve años con el fin que ya todos conocemos.
A nivel interno el fallo despertó, según encuestas, el pesimismo de los colombianos, bajó la popularidad del presidente Santos, puso a la Canciller María Angela Holguín contra las cuerdas, y al Congreso en rebeldía pues desde allí saltaron voces llamando al desacato y a la negativa de modificar los nuevos límites que deben quedar consignados en la Constitución después de un trámite en el legislativo.
Y, como si fuera poco, en la esfera diplomática, Colombia prefirió salirse del Pacto de Bogotá (que comprometía a Colombia a ir a la Corte de La Haya para resolver asuntos de límites), hacer reclamos ante la OEA, ventilar la idea de un riesgo de conflicto militar (algunos pescadores nicaragüenses ya han denunciado que son vigilados por fragatas colombianas) y otras declaraciones airadas que sonaban a pataletas de ahogado en el mundo del derecho internacional: Colombia reconoció la jurisdicción de la CIJ y sus fallos son inapelables y de obligatorio cumplimiento. No se desacatan cuando son adversos. En el litigio se escucha a las partes y el equipo negociador colombiano que cobró millones de dólares por años de defensa, -aunque no tuvo la delicadeza de instalarse en la Haya-, sabía como pocos que las decisiones de la Corte son salomónicas y que Nicaragua ganó tras la acertada interpretación de los instrumentos internacionales.
Lo más paradójico es que la artillería mediática que habló de trauma colectivo y tambores de guerra, alimentó la indignación del país por haber perdido la superficie de un mar al que escasamente se hace referencia cuando se habla del exótico destino turístico de San Andrés y Providencia (que también marchó en contra del fallo). No existe una política pública para el Caribe occidental, no se estudian las condiciones de vida de los isleños y los pescadores, y no hay estrategias contra el narcotráfico (como las del pacífico o del caribe central por ejemplo), ni contra el extendido contrabando de esta zona franca.
Culturalmente la diferencia es tal, que la mayoría de las escuelas en la isla son baptistas, hablan más en inglés que en español, los isleños tienen antepasados africanos, ingleses y chinos y no pocas veces han pedido independizarse de Colombia. Aunque en tiempos de elecciones, por supuesto los políticos llegan al acecho de los votos, el porcentaje representativo de la Isla en el censo electoral es tan bajo, que ni siquiera por el turismo proselitista hay una mirada a la región.
El fallo, que en estricta letra dice que los derechos económicos de las aguas internacionales que rodean los cayos Quitasueño y Serrana, y buena parte del mar territorial de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Albuquerque y Este Sudeste, son exclusivos de Nicaragua, también trajo a colación el tema más espinoso del asunto: la riqueza de la plataforma continental.
Es imposible saber sin la debida exploración con tecnología especializada, si la zona en cuestión es petrolera o acuífera y esta exploración no la hacen los Estados sino las multinacionales que licitan contratos de concesión. La exploración no se puede hacer en Áreas Marinas Protegidas ni en la Reserva de Biósfera Seaflower, hecho que en su momento fue denunciado por pobladores del archipiélago cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó algunos bloques a la empresa española REPSOL. En suma, esto quiere decir que las más preocupadas con el fallo deben ser las multinacionales amigas de Colombia que quizá tengan que ir a licitar a Nicaragua sus ambiciones de exploración.
La herida diplomacia colombiana se jugó las últimas cartas del derecho internacional para llegar a acuerdos amistosos con Nicaragua, y en la reunión bilateral entre los presidentes Santos y Daniel Ortega, se decidió no hacer uso de la fuerza y garantizar los derechos de pesca de los isleños. Después de belicosas semanas, Colombia va entendiendo lentamente lo que se sabía desde el principio: nos guste o no, el litigio se perdió y la CIJ dictó su sentencia en derecho. Más que abrir frentes de batalla, el país central debería preocuparse por ese San Andrés que un día, en sus ánimos independentistas, va a terminar perteneciendo a Nicaragua sin necesidad de pasar por un pleito de tal envergadura.
