Mientras la campaña presidencial estaba congelada por cuenta del trámite de un referendo reeleccionista para saber si el presidente Álvaro Uribe sería candidato por tercera vez, proyecto que se cayó en la Corte Constitucional—a paso lento y en medio de algunos escándalos—avanzaban las campañas al Congreso de la República que por fin llegan a su recta final este domingo.
Cerca de 30 millones de colombianos que es el potencial electoral del país (sin contar con los niveles de abstención que alcanzan cifras hasta del 60%), podrán sufragar este 14 de marzo en más de 10 mil puestos de votación. El reto que tienen los electores es escoger nuevamente un congreso compuesto por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, que no repita las prácticas clientelistas y corruptas en que incurrieron al menos 90 parlamentarios de la pasada administración, quienes fueron vinculados a investigaciones relacionadas con parapolítica y en el peor de los casos, condenados por esos vínculos con grupos armados de derecha.
Un total de 2.538 candidatos se disputan los escaños del Parlamento, y en la baraja de aspirantes hay una variopinta selección que va desde ex reinas de belleza, actrices, locutores de fútbol y pastores cristianos, hasta parientes de políticos condenados, que buscan heredar el caudal de votos de sus antecesores y, muy seguramente, sus proyectos programáticos. Este fenómeno se ha conocido en el país como “política en cuerpo ajeno”.
La Misión de Observación Electoral alertó ayer que serían por lo menos 80 los candidatos que están siendo financiados con dineros de origen ilícito, del narcotráfico o del paramilitarismo. El equipo periodístico de Votebien.com, del que hago parte, encontró que esa cifra casi se duplica si se incluyen además aspirantes con otro tipo de inhabilidades como investigaciones disciplinarias o penales por hechos de terrorismo, hurto, porte ilegal de armas, prevaricato en la votación del referendo, postulados sin cumplir requisitos de edad, e incluso la farcpolítica, que vincula a candidatos que han aparecido mencionados en los computadores de Raúl Reyes como “amigos” del grupo guerrillero. En esa última lista figura la Senadora Piedad Córdoba, conocida por sus labores humanitarias en la liberación de secuestrados.
Resultan preocupantes casos como el del partido PIN (Partido de Integración Nacional) que es dirigido literalmente desde la cárcel. Sus cabezas visibles son los ex senadores Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez, ambos presos en La Picota por sus vínculos con paramilitares. La otra dirigente del movimiento es Enilse López conocida con el alias la “Gata”, quien es una cuestionada empresaria del chance (un juego de lotería popular en Colombia), detenida por los delitos del lavado de activos y narcotráfico. Su hijo Héctor Julio Alfonso López, apodado como el “Gatico” quiere ser senador por ese partido y se presume que obtendrá por lo menos 20 mil votos (suficientes para obtener hasta 3 curules), producto de toda la maquinaria electoral que tiene en la costa norte del país. Allí sus principales votantes son precisamente las familias que viven del chance.
También ha llamado la atención el movimiento Apertura Liberal cuyo dirigente es nada menos que Christian Murcia, hermano de David Murcia, extraditado a Estados Unidos por lavar más de U.S. $2 millones desde México. Murcia es recordado por ser el cerebro de una sofisticada pirámide financiera que al estilo del empresario Bernard Madoff, logró estafar a miles de colombianos. Algunas de estas familias incautas alcanzaron a obtener una serie de ganancias que consideran interrumpidas con la detención de Murcia; por eso no es de extrañar que lo consideren un redentor y que vean en su movimiento político una esperanza para recuperar ese dinero o seguir la senda de ganancia de intereses. En ellas están sus potenciales votantes.
En el resto de aspirantes también figura el Movimiento Alas, cuya lista al Senado está formada por militares retirados (el voto militar es prohibido en el país) cuya propuesta política va desde devolver los casos de lesa humanidad a la Justicia Penal Militar, hasta acabar con las cortes penales internacionales y los colectivos de abogados para que los militares no sean juzgados fuera del país una vez se hayan acabado las instancias pertinentes. Esto en materia de lo que ha significado para organizaciones civiles en Colombia, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos en contra del Estado colombiano, es un retroceso.
Fuera de la carrera, por supuesto, no pueden quedar los partidos uribistas que se han atomizado durante los últimos años, pero que a través de sus aspirantes casi todos quieren encarnar la seguridad democrática: El partido de la U, Cambio Radical y Partido Conservador. El primero, creado en torno a la figura de Uribe, es el que más candidatos con antecedentes dudosos aporta a la contienda.
En la oposición al oficialismo se la juegan el tradicional Partido Liberal, que no se ha escapado de otorgar controvertidos avales a caciques regionales herederos de estructuras mafiosas, al mismo tiempo que tiene en su lista candidatos que sufrieron largos periodos de cautiverio a manos de las FARC, como la ex formula presidencial de Ingrid Betancourt, Clara Rojas. En esta orilla aunque con posiciones ligeramente opuestas sobre todo en lo que a la salida política negociada al conflicto se refiere, también está el Polo Democrático Alternativo que cuenta con figuras como el Senador Jorge Robledo, juicioso promotor de debates de control político y estudioso de políticas laborales y tratos de libre comercio (TLC).
La lista se completa con partidos como el Verde, MIRA, y Compromiso Ciudadano que armaron listas cuidadosamente seleccionadas con candidatos honestos y preparados, quienes lamentablemente no tienen la maquinaria electoral ni la recordación para alcanzar un número de curules importantes. Cabe destacar por ejemplo a la candidata Gilma Jiménez, del Partido Verde, quien es la promotora de un referendo que apruebe la prisión perpetua a los violadores de niños, y que quizá por la indignación que ha generado este tema, sea una de las sorpresas electorales.
La pregunta es si al final de esta campaña -salpicada además por excesivos gastos en publicidad, denuncias de compra de votos con modalidades perversas que le prometen al elector ya no solo plata, sino materiales de construcción, zapatos y subsidios del estado, y un listado de más de 400 municipios en riesgo, por factores de violencia para los próximos comicios-, el Congreso se renovará.
¿Es posible que una nueva generación de políticos irrumpa en la arena parlamentaria, para sacar adelante proyectos tan importantes para el país como una reforma política que sancione de manera ejemplar las irregularidades en que incurren los partidos (como los avales descritos anteriormente), una ley de víctimas que garantice la reparación integral de los damnificados del conflicto, y las mentadas reformas de la salud y el agro?
La respuesta la tiene el ciudadano al que organismos independientes que luchan por la transparencia le han hecho ver la importancia del voto programático. Intensas campañas se han hecho las últimas semanas en el país, para que los electores no le den su voto a los herederos de la parapolítica. ¿Estaremos condenados a otros cuatro años de ilegitimidad de un órgano tan importante como el legislativo? Las urnas lo dirán.
