El trato que brinda Trinidad y Tobago a migrantes y refugiados venezolanos y las deportaciones sumarias que lleva a cabo, incluidos de niños, niñas y solicitantes de asilo, no sólo constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos, sino son, además, un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro. Si bien Trinidad y Tobago, al igual que muchos otros países en el mundo, enfrenta serias dificultades para responder al impacto económico y en la salud pública de la Covid-19, ello no justifica deportaciones que violan el derecho internacional.
En los últimos años, cerca de 24.000 venezolanos han recorrido las 25 millas que separan Venezuela de Trinidad y Tobago, huyendo de la crisis económica y política en su país. Se espera que esta cifra aumente a 30.000 para fines de 2021. El cruce marítimo suele ser peligroso. Al menos 34 migrantes, incluidos varios niños, se ahogaron al hundirse la embarcación en la cual se desplazaban el 6 de diciembre. Sin embargo, el gobierno siguió adelante con una serie de deportaciones a finales del año, incluidas 160 el 28 de noviembre. El 17 de diciembre, deportaron a otras 66 personas, entre ellas 22 niños y niñas, de los cuales uno tenía apenas ocho meses. El ministro de seguridad de Trinidad y Tobago expresó el 28 de noviembre que las deportaciones se realizan “en conjunto con las autoridades venezolanas”.
Incluso ante la llegada a costas trinitarias de venezolanos que huyen de su país, el gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas. Trinidad y Tobago apoya regularmente a Maduro en la Organización de los Estados Americanos (OEA). El 18 de diciembre, el Primer Ministro Keith Rowley manifestó que no votaría ninguna resolución de la OEA hasta que el representante del líder de la oposición Juan Guaidó, que actualmente representa a Venezuela ante la OEA, fuera sustituido en la mesa por alguien que responda al gobierno de Maduro.
Los acuerdos comerciales entre Venezuela y el bloque de la Comunidad del Caribe, que incluye a Trinidad y Tobago, han mantenido firmes los nexos comerciales y económicos entre los dos países. Durante muchos años, Venezuela les ha brindado acceso preferente al petróleo venezolano a estos países. Estos cargamentos han disminuido en los últimos años debido a una falta de producción y los efectos de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo venezolano. Trinidad y Tobago firmó un acuerdo con Venezuela en 2013 para desarrollar conjuntamente un campo de gas natural; sin embargo, el acuerdo se suspendió en 2020 tras las restricciones originadas por las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, los venezolanos vulnerables no se benefician de estos acuerdos. Si llegan a las islas anglófonas, lidian no sólo con barreras por el idioma, sino también con un riesgo mayor de explotación sexual y laboral, además de dificultades para acceder a la atención de la salud, la educación y el trabajo. Algunos están siendo detenidos y deportados sin garantías de debido proceso.
Por ejemplo, el 17 de noviembre, la policía detuvo a 29 venezolanos, incluidos 16 niños y niñas, uno de ellos de cuatro meses de edad, al llegar la embarcación en la cual se trasladaban. Algunos niños viajaban solos, para reencontrarse con sus familiares en la isla. La guardia costera los envió de regreso a Venezuela el 22 de noviembre en dos botes pequeños. Según indicaron los medios de comunicación, uno de los motores estaba averiado. Con las embarcaciones atadas una a la otra, los venezolanos estuvieron desaparecidos a la deriva durante varias horas hasta que los hallaron cerca de la costa venezolana.
Justo al día siguiente, después de que una abogada de derechos humanos presentó una solicitud de habeas corpus, un juez falló contra las deportaciones ya que ocurrieron previo a finalizar su proceso legal, solicitando su regreso a Trinidad y Tobago. Ante estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que Trinidad y Tobago no los deportara hasta que las autoridades pudieran analizar el riesgo que eso entrañaba para los niños. Dos de los niños buscan protección ante contextos de abuso doméstico, por ejemplo, y otros dos sufren condiciones cardíacas graves para las cuales necesitan tratamiento y medicamentos que no están disponibles en Venezuela. La comisión destacó que las autoridades no habían concedido a los detenidos una audiencia ante un juez antes de ser deportados, ni tampoco habían contactado a sus padres o tutores ni permitido que los detenidos se reunieran con un abogado, como lo exige la legislación de Trinidad y Tobago.
Las deportaciones sin debido proceso y la devolución de solicitantes de asilo a sitios donde podrían enfrentar un riesgo concreto de amenazas contra su vida u otros daños graves violan el derecho internacional. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño obliga a los países a no enviar de regreso a niños y niñas no acompañados o separados de sus familias a un país donde haya “motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable”.
Los niños y las niñas están entre los más afectados por la emergencia humanitaria en Venezuela. Más del 14 % de los menores de 5 años que viven en algunas zonas de bajos recursos están desnutridos, según la organización sin fines de lucro Cáritas. Cerca de 3,2 millones de niños y niñas en Venezuela y otros 4,3 millones que han salido del país necesitan asistencia humanitaria urgente, afirma UNICEF, e incluso antes de los cierres por Covid-19, 856.000 niños y niñas ya habían abandonado la escuela en Venezuela.
Las deportaciones arbitrarias también violan el derecho de los niños a la unidad familiar. Separar a una familia puede constituir “una injerencia arbitraria o ilegítima en la vida familiar”, según los Comités de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Trinidad y Tobago debe facilitar la reunificación de los niños con sus padres y priorizar el interés superior de los niños y niñas.
Con independencia de los lazos económicos o diplomáticos que tenga Trinidad y Tobago con Venezuela, o los desafíos producto de la pandemia, los venezolanos que llegan a estas islas tienen derecho a pedir asilo. A los niños y niñas se les debe permitir reunirse con sus familias. Su destino no puede depender de la intervención de un juez. Las máximas autoridades del país, empezando por el Primer Ministro, también tienen la obligación de hacer valer sus derechos humanos.
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Tamara Taraciuk Broner es subdirectora de la división de las Américas de Human Rights Watch y Martina Rapido Ragozzino es asistente de investigación para las Américas.
