Este articulo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre las fuerzas armadas en América Latina | Read in English
La historia de cómo el periodista Mauricio Weibel reveló la corrupción sistémica dentro de las fuerzas armadas chilenas en 2015 está llena de impresionantes sorpresas. Primero, Weibel ofreció la investigación a los grandes medios de comunicación, pero fue rechazada en varias ocasiones. Fue el periódico satírico The Clinic el que decidió publicarla. Sólo cuando la noticia desencadenó una tormenta política en Santiago los principales medios de comunicación dirigieron su atención a las revelaciones de Weibel.
Apodado “Milicogate”, el escándalo involucró un esquema de sobornos utilizando fondos de la producción estatal de cobre destinados a las Fuerzas Armadas. Weibel relató cómo el personal del Ejército utilizó facturas falsas para lavar varios millones de dólares en un período de al menos seis años. El dinero para armas y contratistas fue supuestamente desviado hacia viajes de lujo, caballos, noches de casino y los bolsillos de los soldados. Dos investigaciones internas sobre el esquema fueron anuladas y permanecieron en secreto —hasta que las fuentes empezaron a colaborar con el periodista.
“Los chilenos sabían de casos aislados de corrupción en el Ejército, pero nada tan concreto y generalizado. Con Milicogate, teníamos toda la evidencia para demostrar lo que estaba pasando”, dijo Weibel a AQ.
La investigación judicial subsiguiente implicó a más de 40 mandos, entre ellos el comandante en jefe del Ejército de 2010 a 2014, el general Juan Miguel Fuente-Alba, acusado de acumular una fortuna incompatible con su salario. Fuente-Alba se encuentra actualmente en prisión, así como su sucesor, el general Humberto Oviedo, acusado de obstrucción de la justicia. El ex jefe de finanzas del Ejército, el general Jozo Santic, fue condenado a 13 años de prisión.
Sin embargo, la hemorragia no se detuvo. Otras historias vergonzosas continuaron surgiendo, incluyendo pasajes de avión con precios inflados y licitaciones públicas fraudulentas.
En agosto de 2019, un periódico reveló que la inteligencia militar había lanzado la “Operación Topógrafo” para vigilar a Weibel e identificar sus fuentes. “Me imaginé que me estaban mirando, pero nada como esto. La corrupción se convirtió en un asunto de seguridad nacional no porque la gente estuviera robando, sino porque yo estaba investigando”.
Varios factores crearon un ambiente propicio para la corrupción en las Fuerzas Armadas chilenas. Los soldados manejaban presupuestos colosales con poca supervisión. La opacidad y una estricta burocracia vertical fomentaron una cultura de la impunidad. La justicia militar y la civil tienen atribuciones confusas y superpuestas. El argumento de la seguridad nacional se utilizó para proteger los intereses privados.
Desde una perspectiva regional, estos elementos no son exclusivos de Chile, uno de los países menos corruptos de América Latina. De hecho, están presentes en casi todos los ejércitos de la región. La diferencia es que en Chile el “Milicogate” alcanzó niveles de caricatura —con caballos y casinos— al mismo tiempo que la información estaba disponible para el público y algunas instituciones eran lo suficientemente fuertes como para hacer cumplir la ley.
Aún así, América Latina ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en el ejército en los últimos años, desde vergonzosos sobornos y acusaciones de espionaje contra el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia hasta más de 300 casos de fraude y de corrupción supuestamente ocultos por la Fiscalía Militar de Brasil. Lo más probable es que solo veamos la punta del iceberg.
Una noción peligrosa
Como en todas las áreas de gobierno de la región, la corrupción es un desafío crucial para las fuerzas armadas. La noción de que las áreas civiles del gobierno son más corruptas que las militares a lo largo y ancho de América Latina no está respaldada por la evidencia disponible. En algunos lugares donde el Estado es más frágil, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones gubernamentales más fuertes, lo que podría hacerlas menos permeables a la corrupción. Pero incluso si eso es cierto, la variable más crítica no es “militar” o “civil”, sino la fortaleza institucional. Por otra parte, algunas características del universo militar —como su estricta jerarquía, el esprit de corps y un sistema de justicia diferenciado— pueden en realidad aumentar los incentivos para la corrupción.
Sin embargo, el mito de que los soldados son intrínsecamente menos corruptos que los civiles perdura en la mayoría de los rincones de América Latina. Además de ser demostrablemente falsa, esta noción tiene implicaciones peligrosas para el estado de derecho y para la democracia.
La amenaza más evidente es que las fuerzas armadas pueden ser vistas como una alternativa válida para “limpiar” el país cuando la corrupción envuelve a la clase política. Según una encuesta reciente del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), la tolerancia a un golpe militar “bajo un alto grado de corrupción” sigue siendo sorprendentemente alta, aunque las cifras varían por toda la región. En Perú, el 57% respondió que podría ser justificable un golpe militar en casos extremos de corrupción. En Uruguay, la cifra fue del 23%.
Como era de esperar, las generaciones que pasaron por dictaduras militares tienden a ser significativamente menos tolerantes con la idea de que los generales se hagan cargo de “arreglar” la corrupción. Además, la opinión pública parece estar influenciada por factores externos a las fuerzas armadas, es decir, la economía y los grandes escándalos de corrupción. Entre 2008 y 2014, cuando las economías latinoamericanas estaban en auge debido a los altos precios de los productos básicos, la tolerancia a un posible golpe militar en condiciones de alta corrupción se redujo más de 17 puntos porcentuales. La tendencia se invirtió en torno a la siguiente recesión económica, combinada con escándalos de alto perfil —Lava Jato, Odebrecht, la serie de casos durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto en México, entre otros.
Un golpe de Estado convencional seguido de un gobierno militar parece poco probable en la región (al menos por ahora). Pero el mito de los militares no corruptos también puede contribuir al gradual deterioro de la democracia. Por un lado, esta percepción —particularmente durante un período de elevado sentimiento anti-sistema— aumenta los incentivos para expandir el papel de los militares fuera del ámbito de la defensa o incluso de la seguridad. En muchos sentidos, esta es la historia de Brasil después de Lava Jato, donde el colapso de la clase política creó un vacío ocupado parcialmente por los militares, ahora involucrados en áreas de política que van desde la educación hasta la energía.
Además, el perdurable mito tiende a obstaculizar los cambios que podrían reducir y prevenir la corrupción en el ejército. Las posibles reformas podrían incluir una mayor supervisión civil (incluso a través del Congreso) de los militares, controles internos más estrictos y mecanismos de denuncia de irregularidades, aprovechar la tecnología para aumentar la transparencia y la eficacia de los sistemas de adquisiciones de las fuerzas armadas, asegurar que la justicia militar funcione en beneficio del país —y no sólo para un grupo dentro de las fuerzas armadas— y mucho más.
Estas mejoras necesitan liderazgo desde arriba y condiciones políticas favorables para ser aprobadas. Un alto funcionario de la administración de Michelle Bachelet, que ocupaba un cargo cuando estalló el “Milicogate”, dice que la reforma de las fuerzas armadas era políticamente inviable para una presidenta de izquierda que había sido exiliada por la dictadura, tal como lo fue Bachelet. “La persona correcta necesita hacerlo —es nuestra versión de Nixon yendo a China—”, afirmó esta persona. El sucesor de Bachelet, el presidente de centro-derecha Sebastián Piñera, tampoco abordó el tema con seriedad. Tras las protestas de finales de 2019, la reforma del ejército en el marco de una nueva Constitución se convirtió en una posibilidad real. Pero, una vez más, mucho dependerá del liderazgo político y de la durabilidad del mito del militar no corrupto —¿finalmente desaparecerá?
