Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre la piratería en América Latina | Read in English | Ler em português
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SÃO PAULO—Los rebosantes mercados callejeros de la ciudad son un paraíso para los contrabandistas. Los hombres se mueven entre la multitud empujando carretillas colmadas de bolsas de basura llenas de carteras de imitación Louis Vuitton que están a la venta por 30 dólares cada una. Zapatillas de imitación Nike se venden a 8 dólares. Lentes de sol Oakley falsos se venden por 5 dólares cada uno. Y paquetes de 50.000 correos electrónicos (organizados por profesión y región) se pueden conseguir por tan solo 3 dólares. Pero en medio de la fiebre navideña de 2018, el artículo a la venta más popular era una pequeña caja negra que no es más grande que un par de paquetes de cigarrillos, pero que de todas maneras viene con los chips, circuitos y softwares necesarios para recibir prácticamente todos los programas de televisión por cable o por streaming del planeta.
“[Éste tiene mil canales”, me dijo un vendedor mientras desempacaba la caja, la conectaba a una pantalla y comenzaba a intentar convencerme de gastar 480 reais (unos 125 dólares) para tener acceso gratuito (e ilegal) a HBO, FOX y ESPN. Mientras que el vendedor se desplazaba por la oferta en orden alfabético (que comenzaba con televisión de Argelia y terminaba con televisión de Vietnam), yo mencioné que soy oriundo de Boston. En segundos, el vendedor encontró la filial local de ABC en Boston y estaba transmitiendo una imagen clara de Good Morning America.
Como millones de personas alrededor del mundo, soy adicto a Netflix, Spotify y otros servicios de streaming que me permiten acceder a miles de películas y millones de canciones. Gracias a la caída de los precios de los servicios de streaming de video por internet, las grandes compañías de medios y de entretenimiento han encontrado una nueva manera de llevarles sus películas, series y servicios de noticias a los consumidores. Las suscripciones legales en América Latina a servicios como HBO on Demand, Netflix o Spotify suelen costar unos 10 dólares al mes y el negocio del modelo C2C (content to consumer, o “contenido a consumidor”) va viento en popa.
El mercado del streaming de video en América Latina está en auge y se espera que sus ingresos salten de 2.000 millones a 6.000 millones de dólares al año en los próximos cinco años. Pero la misma tecnología que hace que sea tan conveniente consumir ese contenido (incluso en un ascensor o en el metro), permite que una industria paralela de piratas entendidos en tecnología pueda hackear, copiar, redirigir y revender estos servicios en sus propios planes de suscripción con grandes descuentos, o a través de un pago único. A pesar de las numerosas iniciativas gubernamentales para combatir esta tendencia, la piratería de la televisión paga y el streaming ilegal de contenidos sujetos a licencia de uso está provocando un desangramiento de ingresos media docena de maneras. “Toda la ‘industria’ pirata ha crecido y se ha vuelto más organizada y más comercial, con muchos cambios que suceden tras bambalinas”, dice Kieron Edwards, el director técnico del grupo de protección de contenido de SkyTV.
Por toda América Latina, Instagram y Facebook están llenos de publicidades que ofrecen accesos piratas a Netflix y Spotify, usualmente ofrecidos en paquete por menos de 3 dólares al mes. El pago se realiza a través de PayPal y los códigos de seguridad para acceder al contenido son actualizados cada mes a través de WhatsApp. Los piratas a lo largo del continente, al robar las señales digitales, crear sus propias granjas de servidores y registrar a suscriptores, están buscando monetizar la retransmisión de señales robadas de contenidos, desde PAW Patrol hasta pornografía. Es un modelo de negocios que llamo P2C (Pirate 2 Consumer, o “Pirata a Consumidor”).
De todas las maneras que existen para robar señales y transmitirles contenido ilegalmente a los clientes, ninguna es tan grande en América Latina actualmente como las cajas negras de televisión que los expertos de la industria llaman “dispositivos ilegales de streaming“. Tan solo en Brasil hay unos dos millones de “cajas de televisión” en uso, según The Alliance Against Piracy in Pay TV, un grupo de la industria.
Los retrasos, comparados a la televisión en vivo, pueden ser de menos de 40 segundos. Varias plataformas les permiten a sus usuarios comprar paquetes de software adicionales, como por ejemplo uno que contiene los partidos de La Liga de fútbol de España. “En los últimos dos años, el consumo de estas cajas realmente se ha disparado”, dice Ygor Valerio, vicepresidente y asesor en protección de contenido de la Motion Pictures Association of America.
Los productores y distribuidores de contenido se han enfrentado a retos antes: desde DVD piratas, hasta el intercambio de películas piratas a través de redes P2P en la década de 2000. Pero no hay precedentes del reto que suponen la caja negra y otras plataformas similares. Hoy, casi un tercio de los hogares latinoamericanos con televisión paga reciben su señal ilegalmente. Según el Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad) de Brasil, un grupo de la industria, las pérdidas a causa de la piratería de la televisión por cable en ese país llegaron a ser de 1.200 millones de dólares en 2017. El grupo estimó que la industria cinematográfica local pierde otros 950 millones de dólares a causa de operaciones pirata. Simon Trudelle, director de mercadeo de productos de Nagra, un líder en protección contra la piratería, dice que muchos de los dueños del contenido bajo licencia y de propiedad intelectual todavía no aprecian lo grave de la amenaza. “Es como si tuvieras una tienda y de repente la gente comenzara a salir por la puerta sin que haya un guardia de seguridad. En algún momento tienes que ser proactivo y proteger tu modelo de negocios, tienes que proteger tus artículos costosos con un chip o algún aparato”, dice Trudelle vehementemente. Trudelle compara el momento actual con la industria musical de mediados de la década de 2000, cuando perdió la mitad de sus ingresos en cinco años.
“Todo esto podría caerse muy pronto y tener un duro aterrizaje”.
Esto sería más que un dilema para la gran industria. La piratería de grandes actuaciones, guiones de talla mundial y hermosa cinematografía eventualmente significa menos ingresos para los autores, músicos y cineastas, así como para los gobiernos que recogen impuestos. Es verdad que muchos consumidores latinoamericanos no pueden costear el precio completo de servicios de televisión paga, y por lo tanto puede que no representen ingresos para la industria. Pero muchos de los que compran productos piratas vienen de la clase media o alta. Al no pagar su parte, están saboteando las iniciativas de inyectarles capital y recursos a los productores de buenos contenidos de la región. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha defendido apasionadamente la necesidad de impulsar las industrias creativas colombianas (la llamada Economía Naranja) para que pasen del 3,3 por ciento del producto interno bruto de su país al 10 por ciento.
Pero sin una protección diligente de la propiedad intelectual, es poco probable que esto pase. Después de asistir a una reunión de la industria en septiembre de 2018, uno de los principales ejecutivos de la televisión paga escuchó las actualizaciones más recientes sobre la piratería y concluyó: “estamos perdiendo esta guerra”.
Como Pan Caliente
La más reciente ronda de piratería digital en América Latina fue detectada por primera vez hace seis años, según Michael Hartman, vicepresidente ejecutivo de AT&T y desde hace mucho tiempo asesor general de DirecTV América Latina (ahora conocido como VRIO Corporation). En 2012, Hartman recibió una llamada de Puerto Rico. “Me decían ‘oye, están vendiendo decodificadores de DISH por todo Puerto Rico a precios increíblemente bajos sin cuotas mensuales. No sabemos qué está pasando'”.
En ese entonces, los decodificadores de DISH no estaban legalmente a la venta en Puerto Rico, pero emprendedores piratas con acceso a capital, ancho de banda y tecnología estaban compitiendo con los servicios de satélite de DirecTV, ofreciendo una alternativa de transmisión: comprando una caja. “Lo que era realmente atractivo para el usuario”, dice Hartman, “era conectar esa caja a internet para obtener todas las señales de televisión paga gratuitamente”. Después de la llamada de 2012, Hartman se dio cuenta de que se avecinaba un gran trastorno. “Se volvió muy claro para mí que, cuando esto llegara al resto de América Latina, tendríamos graves problemas”.
Por supuesto, tenía razón. El próspero comercio que es tan descarado en las calles de São Paulo es la cola de un negocio que comienza con el fabricante de las cajas en Asia y emplea un ejército internacional de hackers, quienes han sido identificados por personas en la industria como trabajando desde China, Hong Kong, Europa Oriental y Chile. Para garantizar un servicio consistente y de alta calidad a los consumidores, las compañías chinas suelen fabricar las cajas con configuraciones que facilitan la piratería. Algunas incluso crean y mantienen sofisticados servidores piratas. Entre las características estándar que ahora vienen en el software de la caja está un código diseñado para reconfigurar las redes cuando las autoridades locales clausuran el acceso a servidores en el extranjero.
Para construir redes enteras de canales, los piratas capturan la señal protegida en varias ubicaciones alrededor del mundo, ya sea modificando ilegalmente decodificadores legales, o usando hardware y software de captura de video. Luego juntan las señales de video (cada caja está dedicada a transmitir un solo canal). Al superponer estas señales, pueden crear su propia plataforma internacional de contenido, añadiendo subtítulos si es necesario, que luego son agregados a cientos de transmisiones de video, suministrado por servidores poderosos en la nube y hospedados en internet, asegurándose de tener un alcance global y buena calidad de la señal del video. Para eludir la tecnología de encriptación, los piratas contratan a expertos que crean software que puede robar el contenido de alta definición (HD) directamente del decodificador legal o de la televisión. Los brasileños están tan acostumbrados a estas transmisiones piratas extranjeras, que pocos se preguntan por qué, en medio de la programación local, a veces aparecen subtítulos chinos en la pantalla.
Para suministrar al próspero mercado brasileño, cientos de miles de estas cajas son exportadas de Asia a Paraguay, donde son parte de un flujo de varios miles de millones de dólares en contrabando que incluye cigarrillos, cocaína y software pirata que cruza la frontera hacia Brasil. Una vez en Brasil, las cajas negras son enviadas en camiones a minoristas que trabajan en mercados callejeros como el que vi en la calle Santa Ifigenia en São Paulo. En una sola cuadra encontré más de 40 locales que ofrecían las cajas negras con software pirata instalado. Los programadores clandestinos ofrecían personalizar las cajas con software adicional por otros 15 dólares. Un vendedor dijo que vendía en promedio entre 20 y 30 cajas al día. Señalando un estante prácticamente vacío, dijo: “ahí es donde estaban”.
También vi a los vendedores de estas cajas repartiendo volantes que promocionabanuna plataforma pirata llamada My Family Cinema que ofrece “más de 60.000 películas y series”. Los brillantes panfletos de My Family Cinema prometen “una revolución de la televisión inteligente” con contenido para toda la familia, incluyendo deportes, contenidos para niños, series e incluso canales para adultos. El negocio está organizado y es administrado tan profesionalmente que algunos clientes creen que le están pagando a una compañía legítima. “Estas son organizaciones bien estructuradas”, dice Pascal Metral, uno de los principales abogados de la industria. “Algunas personas en Asia los llaman empresas, y algunas personas los llaman piratas. En nuestra cultura los llamaríamos crimen organizado”.
Enforcement Nightmare
Algunos gobiernos latinoamericanos han sido lentos a la hora de comprender el alcance del problema y mucho más para actuar. Pero otros están haciendo un esfuerzo. En el afán de recuperar terreno, líderes de la industria están creando proyectos de ley, financiando encuentros antipiratería y compartiendo legislación que son un modelo.
El reto es enorme, en parte porque las operaciones de piratería son ágiles y muchas veces internacionales. En Brasil se estima que el 90 por ciento de las señales ilegales descargadas vienen del extranjero, principalmente de Europa Oriental y China.
Para combatir este nuevo fenómeno, los líderes de la industria en América Latina formaron la Alianza contra la Piratería de Televisión Pagay desarrollaron un laboratorio de criminalística cibernética capaz de medir el tráfico ilegal y de ayudar en procesos penales. “La piratería que estamos combatiendo requiere recursos. Puedes ver los cientos de miles de usuarios con transmisiones ilegales que provienen de una sola organización pirata. Hemos citado a PayPal y a otros sistemas de pago similares en procesos judiciales y gracias a ello nos hemos dado cuenta de lo costoso que es para esas organizaciones pagar sus servidores”, dice Metral, quien lidera la unidad de contrainteligencia de Nagra. “Un tipo tenía un millón de dólares solo en pagos a compañías de hospedaje en línea”.
En julio de 2018, una denuncia penal de Fox Networks Group y la Alianza contra la Piratería de Televisión Pagallevó a la redada de siete lugares en Santiago llevada a cabo por la policía chilena. Ocho personas fueron arrestadas y más de 10.000 dispositivos de computadores fueron decomisados, incluyendo servidores llenos de los nombres y hábitos de audiencia de los 50.000 suscriptores de la red clandestina, distribuidos entre Panamá y Brasil. “Esperamos que lo que sucedió en Chile siente un precedente frente a toda la región. Hemos presentado acciones legales en varios países en contra de otras redes criminales con un modus operandi similar”, dice Daniel Steinmetz, jefe de la oficina de antipiratería del Fox Networks Group en América Latina.
En Brasil, las autoridades están trabajando con la policía en todo el país para coordinar la eliminación de redes de transmisores ilegales y coordinar la incautación de servidores y bodegas. En la ciudad brasileña de Foz de Iguaçu (del otro lado de la frontera de Ciudad del Este, el paraíso de los contrabandistas en Paraguay) se confiscaron 153.000 cajas de cable ilegales en 2017. Ese mismo año, en Porto Alegre, la policía federal brasileña arrestó a una pandilla que, según sus estimados, había importado unas 90.000 cajas negras ilegales de Perú que luego había revendido por 500 dólares cada una.
Bajo el presidente Michel Temer, quien terminó su período el 1 de enero, el gobierno de Brasil fue extremadamente proactivo al buscar fortalecer la legislación contra la piratería y en influenciar a la opinión pública. “Uno de los retos que tenemos en la lucha contra la piratería es… lograr que la gente perciba lo mucho que pierden por la piratería, o qué tan dañina es la piratería para la sociedad, para el estado”, dijo el hasta hace poco ministro de cultura de Brasil, Sérgio Sã Leitão, hablando en una reciente cumbre antipiratería. “La piratería es un crimen, es un asalto, es el robo de la propiedad de alguien más”.
Otros han hecho eco de este esfuerzo por educar al público sobre qué es exactamente la piratería. “[El contrabando] ha sido importado por un grupo de crimen organizado. Le han entregado su dinero a un grupo de crimen organizado”, Vanessa Neumann, autora del libro BloodProfits: How American Consumers Unwittingly Fund Terrorism (Ganancias de sangre: Cómo los consumidores estadounidenses financian el terrorismo involuntariamente), le dijo a la audiencia del lanzamiento de la versión en portugués de su libro en São Paulo. “Esta es la razón por la que te despiertas una mañana y te enteras de que tu policía es indiferente y tu gobierno no trabaja para ti: porque has participado en la financiación de la corrupción”. De todas maneras, hacer que ese mensaje cale ha sido una batalla difícil. Cuando las autoridades brasileñas anunciaron medidas enérgicas contra los servicios ilegales de cable y televisión, una encuesta mostró que el 95 por ciento de la población se oponía a las medidas. “Nuestra sociedad cree que estos mercados ilegales están bien. Esta es nuestra realidad, a lo largo de toda América Latina”, dice Edson Vismona, el presidente del Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade. “Todo el mundo dice que es importante ser ético, pero cuando ven el producto a un precio más bajo, dicen ‘bueno’ y lo compran”.
La mano dura contra grupos de piratería en Brasil ha producido victorias fugaces. Después de pasar meses investigando y recibiendo órdenes judiciales de cerrar una de las principales redes de transmisión piratas en Brasil, los reguladores y la industria celebraron cuando se frenó ese streaming ilegal. Pero horas más tarde, el software instalado en las cajas se había enlazado a servidores alternativos y la red clandestina estaba de nuevo funcionando. “Los hostschinos usan sus propias redes [de servidores] y cuando las acciones legales cierran su servicio, las cajas inmediatamente migran a Amazon”, dice Antonio Salles Neto, quien trabaja en la unidad de inteligencia antifraudes de la Asociación Brasileña de Televisión Paga. “Se esconden dentro de Amazon y no es posible clausurarlos”.
En julio de 2018, el Ministerio de Cultura de Brasil inauguró una nueva división para coordinar las investigaciones contra la piratería y contra el crimen de propiedad intelectual. Los comités del gobierno de Brasil tanto en el ministerio de cultura como en el de justicia están teniendo conversaciones bilaterales con España, Chile y Argentina para discutir campañas coordinadas contra las redes piratas. “Con este nuevo cuerpo, le daremos la atención, dimensión y alcance que merece el copyright“, dice Marcos Tavolari, quien lidera la nueva Secretaría de Copyright y Derechos de Propiedad Intelectual”.
Entre las tácticas consideradas por el gobierno brasileño están el bloqueo acelerado de sitios con el que el acceso a sitios de internet que alojan contenido pirateado es clausurado. En las iniciativas para detener la piratería de eventos deportivos en vivo, tener que esperar 48 horas por una orden judicial es inefectivo.
El gobierno brasileño ahora está estudiando campañas exitosas de proveedores de contenido como la Premier League inglesa, que ha conseguido poderes extraordinarios otorgados por el sistema judicial británico. Anticipando la transmisión pirata de partidos de fútbol, las autoridades de la Premier League tienen una orden pre-aprobada de clausurar los servidores que retransmiten sus partidos. En noviembre, las leyes españolas fueron modificadas para ofrecer un bloqueo de sitios más rápido también. “El santo grial de esto, en términos de crear una respuesta efectiva y oportuna, es el bloqueo de sitios”, dice Gustavo Pupo-Mayo, presidente de la Television Association of Programmers Latin America (Asociación de Televisión de Programadores de América Latina), quien celebró el intento reciente de España de combatir la piratería. “El resto del mundo debería seguir el ejemplo”.
Otros líderes de la industria fueron más filosóficos. “Siempre tendremos una brecha entre nuestro entendimiento de la tecnología y nuestro entendimiento legal. Esto ha sucedido desde Galileo”, dice Salles Neto de la Asociación Brasileña de Televisión Paga. Lo importante es tomar el problema seriamente y actuar, dijo. Ahora mismo, dice, “la vida de los piratas es demasiado fácil”.
Corrección: Una versión anterior de este artículo dijo erróneamente que NAGRA es una marca de equipos de audio.
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Franklin es un reportero de The Guardian basado en Santiago, Chile. Lo pueden encontrar montando bicicleta o haciendo caminatas por Rio de Janeiro, donde los locales aceptan su portugués con acento de Boston con una gran sonrisa. Pueden seguirlo en @FranklinBlog y en JonathanFranklin.com
