Entre el 14 y el 15 de agosto, en Cartagena de Indias, Colombia, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) llevó a cabo su reunión anual. Desde el momento en que Surinam fue seleccionada por rotación para presidir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de acuerdo a entrevistas realizadas a funcionarios diplomáticos relacionados con la UNASUR, estaba claro que el pequeño estado no tenía la capacidad de manejar toda la organización. Teniendo en cuenta eso, se escogió a Colombia como responsable pro tempore del CDS.
Pero sólo dos días antes de la reunión, el Congreso colombiano aprobó el acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN. Este acto, que pudiera parecer una deslealtad colombiana, debe ser analizado a la luz de factores estructurales que están modelando la actitud de los estados en la política internacional.
Las políticas de cooperación de seguridad de Colombia con fuerzas extranjeras son particularmente controversiales en América del Sur. Sus lazos con el Pentágono, incluso antes la puesta en marcha del “Plan Colombia”, fueron un catalizador clave en el nacimiento del CDS. El acuerdo de facilitar el uso de siete bases militares a los EE.UU. y la crisis después de la “Operación Fénix” fueron argumentos de peso esgrimidos por Brasilia, Buenos Aires y Caracas con el objetivo de lograr la disminución de la resistencia colombiana a un tratado de seguridad regional. El acuerdo con la OTAN trae de vuelta las ideas acerca de Colombia como un socio no comprometido con la seguridad regional.
Siguiendo una estrategia de política exterior que cabría esperar en un mundo multipolar, Colombia está tratando de aumentar su autonomía, así como su seguridad, a través de la diversificación. Eso no hace a Colombia un socio menos fiable para la seguridad regional, o al menos, no menos confiable que cualquier otra potencia secundaria regional que tuviese sobre sí el mismo tipo de amenazas y tuviese que lidiar con ellas en condiciones multipolares.
El CDS ha avanzado, alcanzando acuerdos internos importantes. La transparencia en los arsenales y en los gastos militares son ahora un mandato aceptado entre las principales fuerzas armadas de América del Sur, así como los protocolos elaborados para las medidas de confianza mutua. Sin embargo, para mantener su cohesión y operatividad, los miembros del consejo han venido aceptando reducciones significativas en el alcance real de compromisos colectivos—desde la idea venezolana de crear una alianza plena basada en el principio de defensa colectiva, pasando por la propuesta brasileña de una organización militar con potencialidad disuasiva, el CDS se ha conformado con ser un mecanismo de diálogo y transparencia en materia de seguridad regional—contribuyendo así a la construcción de un régimen de gobernanza de seguridad regional laxo.
De acuerdo con las características del acuerdo Colombia-OTAN, el país suramericano tiene el derecho a participar y compartir conocimientos con la alianza noratlántica en temas relacionados con inteligencia y tecnología militar. El 19 de noviembre de 2010, en Lisboa, la Alianza aprobó un nuevo concepto estratégico, teniendo en cuenta los rápidos cambios en el entorno de la seguridad internacional. Evolucionando desde un punto de vista convencional sobre las amenazas, con un alcance geográfico fijo, el actual concepto estratégico asume las múltiples dimensiones de las amenazas, su propagación espacial y la necesidad de fortalecer los vínculos con comprometidos socios extrarregionales. El concepto estratégico vigente no restringe en teoría el alcance geográfico de la alianza, siempre que sus intereses estén en juego, lo que ha generado preocupaciones en países como Brasil y Rusia. El acuerdo entre Colombia y la alianza militar más poderosa del mundo, que sostiene ese tipo de enfoque maximalista en materia de seguridad internacional, es un dolor de cabeza comprensible para algunos gobiernos de América del Sur.
No hay medidas para prohibir o regular los contactos de defensa de los miembros del Consejo con potencias o alianzas militares extrarregionales. En el nombre de un acuerdo mínimo, las primeras ideas para una organización basada en la defensa colectiva, o en un acuerdo de disuasión, fueron relegadas. Para mantener lo que ya está en marcha, es necesario aceptar las decisiones de política exterior y seguridad autónomas, como la adoptada por Colombia. Las reglas no escritas de la gobernanza de seguridad regional en condiciones multipolares imponen cánones reducidos de obligatoriedad y control en ausencia de amenazas comunes. Paradójicamente, el regionalismo de seguridad y la política de compromiso selectivo en América Latina tienen la misma condición causal estructural: la difusión del poder en el sistema internacional.
A pesar de ello, el acuerdo entre Colombia y la OTAN está lejos de ser una herida mortal para el CDS como una estructura funcional de gobernanza de seguridad regional. Su propia constitución flexible es una garantía para la continuidad, debido a su baja demanda frente a sus miembros. El Consejo ofrece a los estados de América del Sur un espacio de diálogo, especialmente durante las crisis intrarregionales. Esa oportunidad, sin la participación de potencias extrarregionales, no tiene precio en un entorno internacional marcado por la búsqueda de la autonomía. Las dudas se encuentran en la posibilidad real de su evolución, a partir de un acuerdo de seguridad laxo, que no parece poder avanzar en la dirección de una estructura de defensa regional más comprometida. Los últimos acontecimientos son síntomas de la continuidad de los compromisos selectivos en la seguridad suramericana.
