El nuevo periodo presidencial en México abre con un pesado legado de amenazas a los derechos humanos. Ante esta situación, el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, ha sido cuidadoso de tomar una retórica distanciada de aquella del combate al crimen organizado enarbolada por su predecesor Felipe Calderón y ha proclamado una nueva era de “Estado de Derecho”.
Sin embargo, más allá del uso de palabras, hasta ahora una vasta parte del territorio nacional sigue la estrategia de militarización. Como se puede constatar en el reporte de Human Rights Watch sobre el impacto de la estrategia de seguridad federal de los últimos años, los mexicanos nos encontramos en el peor de los escenarios: ni seguridad, ni derechos. Diversos documentos de derechos humanos dan cuenta de esta realidad: desapariciones forzadas y tortura, acoso, amenazas y violencia contra defensoras de los derechos humanos.
Incluso si Peña Nieto recientemente desobstruyó la Ley General de Víctimas, ley impulsada y anhelada por diversos grupos que luchan para visibilizar y revertir los errores de los últimos años en materia de derechos humanos, el partido del presidente envía señales contradictorias al promover en el senado una reforma constitucional que, de aprobarse, mermaría la operatividad jurídica de los recientes avances en materia de derechos humanos. La tentativa de reforma facilitaría la subordinación de estándares internacionales de derechos humanos en la jerarquía de aplicación de justicia local en un país donde la impunidad es denominador común.
Aunque Enrique Peña Nieto no habla en los mismos términos que su predecesor, tampoco ha dado muestras claras de un giro político tendiente a revertir la escala de violaciones de derechos humanos que enfrenta el México actual. Más allá de los mensajes del nuevo presidente enfatizando “la prevención del crimen” en vez del combate frontal al mismo como en el sexenio anterior, la presidencia no ha establecido una línea clara de cómo va a lidiar con la magnitud de la ruptura del tejido social ni de cómo se van a institucionalizar procesos mínimos de justicia transicional que brinden acceso real a la justicia a través del acceso a la verdad, la memoria histórica y la implementación de medidas integrales de reparación y no repetición.
A poco más de 100 días de gobierno, Peña Nieto no ha dado claridad de cómo va a impulsar una reforma en el sistema de justicia que provea una reparación de daño contemplando las variables de género específicas que reconozcan de vulnerabilidad de las mujeres y los impactos negativos de la estrategia de seguridad en ellas. Queda por ver si el nuevo gobierno implementará a cabalidad y de manera efectiva el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o si será al igual que durante el sexenio pasado una política de simulación, como denunciaron numerosas organizaciones y activistas. Ante los retos actuales, la nueva presidencia tendría que definir una estrategia contundente para revertir el enquistamiento de la discriminación que normaliza la criminalización de defensoras. En México este tipo de discriminación se manifiesta ostensiblemente con mujeres que desafían intereses poderosos y que abandonan el espacio privado para introducirse en el público, generando dinámicas democráticas y de justicia social. Mujeres que trabajan en esferas tan diversas como el combate a la violencia de género, a la represión política, en pro de la libertad de expresión, los derechos sexuales o en casos de defensoras que por su activismo político se han visto como transgresoras de los roles tradicionales de género. En no pocas ocasiones, estas defensoras han pagado cara su transgresión, sea con la criminalización, el hostigamiento, el estigma e inclusive con su propia vida.
En julio de 2012, desde la sociedad civil redactamos un reporte para brindar mayor información sobre la situación de discriminación contra las mujeres en México al grupo de expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En dicho reporte como en prácticamente en la totalidad de los reportes entregados al comité de expertas coincidimos en que el panorama de los derechos de las mujeres es desolador. En uno de los temas más extremos de violencia contra las mujeres como lo es el feminicidio, fue de dominio público que el Estado de México se convirtió en una de las entidades que exacerbaron la ignominiosa fama mexicana de violencia e impunidad sistemática en asesinatos de mujeres debido a la falta de acceso a la justicia, de protocolos de investigación con perspectiva de género y las historias de revictimización por parte de autoridades.
Durante su campaña, el actual presidente intentó hacerse notar como un candidato sensible a las necesidades de las mujeres: fotos mostrándolo rodeado de mujeres inundaban los medios y hasta un nutrido club de fans femenino hizo su aparición. Sus asesores de campaña se afanaron en mostrarlo como el representante del “nuevo PRI”, un partido juvenil lejos de las prácticas corporativistas y clientelares del siglo pasado, lejos de aquel partido dinosaurio que aplastaba a su oposición para consolidarse como el arquetipo del “partido hegemónico”. Este viraje discursivo del PRI se refleja en varios sucesos como la reciente reforma en los estatutos del partido. En esta misma lógica, a nivel interior, Peña Nieto quiere dar la imagen de una cruzada contra la corrupción al perseguir a la lideresa sindical más poderosa de México—Elba Esther Gordillo—por desvíos millonarios de recursos, mensaje congruente con el de Estado de derecho. Otras lecturas políticas indican que esta persecución es una clara señal de intolerancia a poderes fácticos que impidan que el proyecto presidencial se lleve a cabo, una forma de machacar las piedras en el zapato.
La tradición de política exterior del PRI ha sido relativamente exitosa en el pasado para dar una imagen progresista y abierta al exterior. Hasta ahora ciertamente en la prensa internacional y a los ojos de líderes mundiales, el gobierno mexicano goza de una imagen renovada. El pragmatismo del PRI hace que a diferencia de la era del Partido de Acción Nacional (PAN), la nueva presidencia pueda estrechar sin dificultades la mano de Raúl Castro, Barack Obama o François Hollande, una hazaña complicada para el presidente anterior. La reciente liberación de Florence Cassez, ciudadana francesa encarcelada con pruebas fabricadas por la anterior administración y el exitoso tratamiento de reducción de daños diplomáticos mediante la investigación express en el caso de seis turistas españolas violadas recientemente por un comando armado, han dejado una buena imagen del gobierno a pesar de las lastimeras declaraciones del alcalde de Acapulco para normalizar la violencia contra las turistas dando la excusa de que “esto sucede en cualquier parte del mundo”. Este tipo de discurso de normalización de la violencia machista abofetea la realidad de un país donde cálculos conservadores estiman que más de 14 mil mujeres son violadas cada año.
Los asesores económicos de Peña Nieto saben que en este momento América Latina es vista como una región estratégica para sus socios, lo cual hace que de alguna manera el nuevo gobierno tenga la sartén por el mango y sepa que la presión hacia los derechos humanos—en este caso de las mujeres—no será tan avasalladora. En una coyuntura de crisis económica la cláusula de derechos humanos y democracia que condiciona el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea pasa a un segundo plano y los esquemas de cooperación económica e inversión a un primer plano.
El contexto para el nuevo gobierno es favorable ya que su discurso de impulso a reformas estructurales aunado a un ambiente de bajos estándares de derechos laborales y perspectivas de una economía estable, hace de México uno de los países en la región más atractivos para la inversión. Las naciones que tradicionalmente presionan moderadamente al gobierno mexicano en materia de derechos humanos tienen mucho que arriesgar si realmente quieren forzar a México a un cambio positivo para los derechos de las mujeres en este juego de correlación de fuerzas económicas y políticas. Esto podría explicar la debilidad de la presión internacional en los casos de megaproyectos de mineras y eólicas con participación de socios extranjeros en México en los cuales defensoras de derechos humanos en sus comunidades que se oponen a este tipo de proyectos han sido amenazadas y agredidas.
Este año el Estado Mexicano tiene uno de los escrutinios más importantes en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional. México rendirá cuentas en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Del gobierno mexicano se espera una gran inversión de recursos en diplomacia y un informe que discursivamente tome distancia de las políticas catastróficas del gobierno anterior en aras de minimizar el impacto en su imagen. Peña Nieto ya se ha posicionado exitosamente ante los ojos de otros líderes como un mandatario que guarda distancia de su predecesor. Parece que el círculo que rodea al presidente tiene claros los vientos a favor y también la importancia de seguir invirtiendo en la construcción de la imagen y la retórica de “la nueva presidencia” hacia el interior y el exterior.
