“Soy Hugo López, uno de los pocos que sobreviví a los psicofármacos”, dice micrófono en mano un hombre grueso y de mirada bonachona, locutor habitual de la Radio la Colifata. “También conduzco aquí mi espacio llamado la Fogonera en donde hablo de todas las delicias gastronómicas que no podemos comer en este hospital”, agrega, con su habitual sentido del humor. Uno a uno pacientes internados, ambulatorios y externados del Hospital Mental José Tiburcio Borda se presentan en la ronda de introducción del programa. También lo hacen algunos invitados y curiosos que quieren ser partícipes de esta singular experiencia, única en Latinoamérica, en la que un medio de comunicación transmite desde un neuropsiquiátrico.
Todos los sábados desde una casita de colores en los predios del Borda, una institución que actualmente tiene alrededor de 900 camas psiquiátricas para pacientes de escasos recursos, este programa de cinco horas resulta irreverente y ejemplar. Desde hace casi 20 años decidieron que era una forma de comunicarse con el exterior sin que mediaran autoridades ni diagnósticos. No es, sin embargo la única experiencia al interior de este hospital de salud mental.
“Más que el arte como terapia, demostramos que el arte ejercido en un contexto afectivo y humano cambia el imaginario social cuando los artistas muestran sus obras fuera del hospital”, dice Alberto Sava, fundador y coordinador del Frente de Artistas, psicólogo social quien en 1984 recorriendo los pabellones de paredes desgastadas y pasillos solitarios, observó que los pacientes dejaban expuestas en un graffiti o en un poema, capacidades artísticas inexploradas. Hoy todas ellas se visualizan en talleres de teatro, música, danza, periodismo y fotografía que se extienden al debate vital para los internos: la desmanicomialización.
“Llevamos 26 años intentando romper ese modelo asilar que ha deformado la idea real del sufrimiento mental”, asegura Sava quien participa también de la Red de Arte y Salud Mental y del Festival Latinoamericano de artistas internados, que se realiza bianualmente desde 1989.
Ambas iniciativas -que tienen su contraparte en el hospital psiquiátrico para mujeres Braulio Moyano, a través de la Radio FM Desate– apuntan a la ruptura de un paradigma según el cual el loco es un personaje siniestro y peligroso que debe ser aislado en un manicomio. Precisamente porque es todo lo contrario, un ciudadano cuyos derechos humanos incluyen vivir en sociedad y tener al mismo tiempo una adecuada atención en salud mental, fue promulgada en diciembre la ley nacional 26.657. La nueva legislación, aboga por la desmanicomialización, que no es otra cosa que la desinstitucionalización de la locura, y considera que la internación debe ser un “recurso terapéutico de carácter restrictivo”, -lo que implica el cierre progresivo de los manicomios- “y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”.
Según Alberto Sava, antes el promedio de internación en el Hospital Borda era 28 años, mientras ahora son 13. Romper esos muros les ha costado “mucha resistencia política y sindical porque los manicomios son un gran negocio, donde todos los servicios están privatizados y concesionados”, agrega Sava quien ve con esperanza a la nueva Ley Nacional como marco regulatorio de prácticas que no han cambiado en algunas provincias, donde sus propias leyes son letra muerta.
La resistencia no es gratuita pues un paciente internado consume entre 60 y 70 por ciento más de medicación que los ambulatorios lo que representa una ganancia para las farmacéuticas. Algunas organizaciones como el APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, han mostrado sus reservas porque otros profesionales de la medicina, psicólogos y terapeutas ocupacionales, se sumen al tratamiento sobre el que ellos tienen la potestad del diagnóstico y medicación. Sindicatos como la Asociación de Médicos Municipales y la Unión del Personal Civil de la Nación también han manifestado preocupación por el hecho de que el cierre implique la disminución de puestos de trabajo.
Experiencia italiana
“La experiencia a nivel mundial es que los profesionales se han reciclado generando más trabajo ambulatorio, pues harán falta recursos humanos que atiendan a los pacientes en sus casas”, asegura Victoria Martínez de la Dirección Nacional de Atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Secretaría de DDHH. “Esta ley responde además a un compromiso asumido por Argentina al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad”, añade la funcionaria.
El referente mundial está en Trieste, Italia, que en 1977 sancionó una ley impulsada por el psiquiatra Franco Basaglia. El modelo tiende a que el Estado garantice el tratamiento del sufrimiento mental, el hábitat, el trabajo y los afectos desde una mirada más social colectiva que médica. En Argentina, la provincia pionera que hizo una reforma en tal sentido fue Rionegro en 1991. Aunque con menos alcance reformistas, las provincias de San Luis, Santa Fe y Chubut también tienen leyes provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo una.
“El hito en Rionegro fue el cierre del hospital psiquiátrico de Allen en 1988 para convertirlo en hospital general”, recuerda la Dra. Graciela Natella, cordinadora del Programa de Trastornos Mentales Severos y Prevalentes de la Dirección Nacional de Salud Mental: “Esto fue posible porque se crearon equipos móviles de atención en crisis y a distancia, se capacitaron recursos humanos en salud mental pública y comunitaria, se desarrollaron dispositivos de promoción habitacional -hogares de tránsito, casas de medio camino, vivienda independiente y asistida, etc.- y de promoción laboral”, dice Natella, gran partícipe de esta reforma.
ONGs como la italiana CISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, lideran proyectos productivos en los que pacientes de neuropsiquiátricos de cuatro provincias del país trabajan en chacras de producción frutihorticola, hilados artesanales, reciclado de muebles, gastronomía y catering, entre otros. Como contraparte tienen una escuela de formación para operadores sanitarios que acompañan estos procesos.
“Queremos tumbar el prejuicio de la discapacidad o la improductividad del loco, que incluso está en muchos profesionales que se resisten a ver al otro como igual. Si bien hay episodios de crisis, que deben ser tratados en contextos terapéuticos, todos tienen capacidades productivas que favorecen su inclusión social”, observa Diego Rodríguez responsable de monitoreo y evaluación del Proyecto “Emprendiendo Libertades” del CISP.
Según datos de la Dirección Nacional de Salud Mental en Argentina un 21 por ciento de los mayores de 15 años sufre trastornos mentales; de ese total el 27.5 por ciento está afectado por el alcoholismo y el 26,5 por ciento por una depresión mayor. A diciembre de 2010 habían 9.455 camas en hospitales psiquiátricos en todo el país y solo 847 en hospitales generales. Cómo no se conocen los datos de los privados, la ley obliga a hacer un censo nacional en un lapso de dos años.
También considera la reasignación de recursos pues el presupuesto para salud mental hoy representa un 3 por ciento del total destinado a salud publica. Progresivamente y en un plazo no mayor a tres años se incrementerán las partidas hasta alcanzar un mínimo del 10 por ciento. Si el Estado destina alrededor de $1.300 mensuales a cada paciente -según la dirección del Borda-, ese dinero podría reinvertirse en la atención comunitaria.
¿Incapaces jurídicos?
Otra de las aristas importantes tiene que ver con la capacidad jurídica de los pacientes. “El derecho respalda el paradigma médico y declara a la persona demente o incapaz para realizar actos de la vida civil (casarse, administrar bienes), la deja a disposición de un juez que siempre opta por la internación y le nombra un curador que la represente porque supuestamente no puede discernir, lo que no es otra cosa que la sustitución de su voluntad”, opina Facundo Robles del Centro de Estudios Legales y Sociales, entidad que realizó en 2007 el informe “Vidas Arrasadas”, que documenta las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra los cerca de 25 mil pacientes de centros psiquiátricos en Argentina. Relata un panorama desolador que va desde las condiciones insalubres de las instalaciones hasta los casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, sometidas a la privación sensorial o sufrido actos de violencia física y sexual.
“La ley permite una reforma del Código Civil en dos cuestiones puntuales: Se restringen las facultades policiales para detener a una persona y las internaciones se deciden en un equipo interdisciplinario y no solo por un juez”, puntualiza Robles. Para ello se creó un Órgano de Revisión que examinará las historias clínicas, los dictámenes, la pertinencia y duración de las internaciones y si se hicieron con el consentimiento informado del paciente.
Aunque la ley es un modelo para Latinoamérica, implica un cambio cultural importante por lo que es muy pronto evaluar si cambiará el paradigma médico. Mientras tanto los pacientes siguen hablando en los talleres de un término que más que nunca busca romper los muros: La desmanicomialización.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
