Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre las fuerzas armadas en América Latina | Read in English
BUENOS AIRES – El 9 de julio de 2016, los militares argentinos desfilaron por la amplia Avenida del Libertador conmemorando la Declaración de Independencia del país. Parada cerca de la esquina de la avenida Sarmiento, una mujer con dos hijos me preguntó: “¿Sabes cuándo marcharán los veteranos de las Malvinas?”
Creo que son los siguientes, le respondí.
“Gracias, es que estoy muy nerviosa”, respondió ella. “Es la primera vez que mis hijos verán el desfile de su padre”.
De hecho, tales despliegues fueron considerados tabú durante muchos años después de las atrocidades de la dictadura de 1976-83. Tras el retorno de la democracia, las sucesivas administraciones se centraron en perseguir y encarcelar a los violadores de los derechos humanos. Pero se hicieron pocos esfuerzos para encontrar un papel nuevo o moderno para las Fuerzas Armadas, compatible con la vida democrática de cualquier república sana. La decisión de involucrar a los militares en las celebraciones de la independencia fue sólo una de las formas en las que Mauricio Macri intentó cambiar eso, con cierto éxito, durante su presidencia (2015-2019).
Sería una exageración decir que Macri tenía un interés profundo y sin restricciones por reconstruir las pisoteadas fuerzas armadas. Después de todo, la percepción generalizada entre los líderes políticos del país es que el ejército representa una gran inversión financiera y de recursos humanos con beneficios cuestionables. Sin embargo, a lo largo de la presidencia de Macri, todavía se pueden identificar varias políticas públicas que ayudaron a fortalecer las instituciones militares, principalmente a través de la mejora de las relaciones cívico-militares, el replanteamiento de los conceptos estratégicos y de la adquisición de equipo de gran importancia.
El proceso requirió dejar atrás décadas de desconfianza, reconociendo que la gran mayoría de los hombres y mujeres uniformados no están interesados en volver al protagonismo político que los condujo a su debacle en la sociedad. Con esto en mente, fue posible empezar a reconstruir los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil —estableciendo vínculos con el Congreso, haciendo relaciones públicas y con los medios de comunicación, involucrándose con las universidades, las ONG y los think tanks, e integrando a los oficiales jubilados en el proceso de formulación de las políticas públicas en el Ministerio de Defensa. No obstante, múltiples actores de la oposición ejercieron presión: acusaron a Macri de intentar revivir la Doctrina de Seguridad Nacional y de planear utilizar a los militares para reprimir una futura inestabilidad social.
Igual de importante fue el replanteamiento conceptual de la política de defensa de Macri. Con la modificación del Decreto 727/06 (a través del Decreto 683/18) y la aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, el gobierno actualizó el papel, la misión y la función de una política militar que, hasta entonces, había seguido operando en el marco del siglo XX. El decreto amplió la definición de amenazas, pasando de “agresiones externas del Estado” a “agresiones externas”. Esto puede parecer un detalle menor, pero en el contexto argentino fue bastante polémico.
Los críticos argumentaron que este cambio se apartó de la tradicional separación de la defensa nacional y la seguridad interior de las décadas anteriores y respondió al interés de Macri en reinsertar a los militares en asuntos de seguridad interior (ignorando el hecho de que la participación militar en la seguridad interior fue iniciada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con operaciones de lucha contra el narcotráfico conocidas como “Fortín II” y “Escudo Norte”). Por otro lado, los partidarios del Decreto 683/18 argumentaban que la política militar debía ser recalibrada para reflejar la realidad geoestratégica de Argentina en la actualidad. Mientras que la posibilidad de un conflicto tradicional con Chile o Brasil se había desactivado desde hace mucho tiempo, los actores armados no-estatales transnacionales aumentaban en el mundo y en la región. El único actor estatal amenazante estaba a 1200 millas al sur de Buenos Aires, en las Islas Malvinas.
La Directiva de Política de Defensa Nacional se enmarcó en el contexto de la política exterior argentina, que a diferencia de la política económica, fue uno de los éxitos indiscutibles de Macri. En el pasado, la Directiva de Política de Defensa Nacional fue propuesta por el propio Ministerio de Defensa. Pero en este caso el documento fue formulado por un grupo de expertos que trabajan desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos en la Casa Rosada, el palacio presidencial argentino. La Secretaría no sólo contaba con los conocimientos técnicos, sino también con el peso político necesario para llevar a cabo importantes cambios de políticas que involucraban a varios ministerios. El documento, si bien fue elogiado por todos los sectores por su énfasis en entender la política de defensa como una herramienta de política exterior y por su precisa apreciación del contexto global, fue criticado por la oposición por sus trasfondos liberales, ignorando espacios regionales previamente relevantes como UNASUR, y sus referencias a las “nuevas amenazas”.
En cuanto a las adquisiciones, los retos eran inmensos. La capacidad militar se ha reducido sistemáticamente a lo largo de decenios de reducciones presupuestarias, y muchas unidades utilizan sistemas de armas en condiciones peligrosas, como lo demuestra la trágica pérdida del submarino ARA San Juan y su tripulación de 44 personas en 2017. Este escenario llevó a la administración Macri a comprar nuevo material, así como a continuar con los proyectos que habían sido postergados por las administraciones anteriores. Diseñados y producidos localmente, los aviones de entrenamiento Pampa III salieron de la Fábrica Argentina de Aviones por primera vez en más de una década, y esa misma fábrica modernizó varios aviones de transporte C-130 envejecidos pero esenciales. Se adquirieron helicópteros, armas ligeras y vehículos logísticos en el extranjero, y proyectos de mayor envergadura como un buque patrullero de alta mar de fabricación francesa, los aviones de entrenamiento FA-50 y los aviones de patrulla marítima P-3C recibieron el apoyo político y financiero necesario para avanzar.
En general, es posible afirmar con seguridad que Macri hizo progresos en el área de defensa, no sólo en los más de 1600 millones de dólares en adquisiciones de capacidad confirmadas y proyectadas, sino también a través de un valioso replanteamiento conceptual de la estrategia de defensa argentina y de la recomposición de los lazos entre civiles y militares. No obstante, décadas de abandono requieren un esfuerzo de reconstrucción mucho más amplio, integral y bien financiado que pueda poner al ejército argentino a la par con su importancia geopolítica frente a un contexto global que cambia rápidamente.
Al momento de escribir este artículo, no quedaba claro cómo le irá en este tema al nuevo presidente Alberto Fernández, quien asumió su cargo en diciembre. La designación de Agustín Rossi como ministro de Defensa (Ministro de Defensa de Cristina Fernández de 2013 a 2015) augura un posible retorno a las condiciones previas, y la creciente probabilidad de un Ministro de Seguridad de “mano dura”, así como la presencia de “milanistas” (oficiales retirados que se asociaron con el ex Jefe del Ejército Milani y su red paralela ilegal de inteligencia en la anterior administración kirchnerista) lleva a escenarios preocupantes: o bien el futuro abandono del sector de defensa acelerado por políticas en conflicto entre ministerios, o bien políticas que militarizan la seguridad interna y traen a los militares de vuelta a la política de una manera negativa.
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Serbin Pont es analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), representante regional de la Asociación Mundial para la Prevención del Conflicto Armado y profesor titular de la Universidad del Salvador.
