Este artículo fue adaptado del reportaje especial de AQ sobre el crimen organizado transnacional | Ler em português | Read in English
Durante los primeros días de la pandemia, algunos creían que la COVID-19 podría resultar negativa para los grandes grupos de crimen organizado como la MS-13 y el Cártel de Sinaloa. Los confinamientos mantenían a las personas en sus casas, sofocando tanto el comercio legal e ilegal. En promedio, la recesión subsecuente golpeó a las economías latinoamericanas más fuerte que a ninguna otra en el mundo, lo que significó menos dinero en los bolsillos de todos. A medida que los gobiernos movilizaron fondos y personal para hacer frente al desafío, se habló de un nuevo nivel de participación que podría fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, posiblemente expulsando a las organizaciones criminales transnacionales (OCT) en algunas zonas.
Un año más tarde, sabemos que eso no es lo que está pasando. La capacidad operacional, la adaptabilidad, las redes expansivas y los bolsillos profundos de las OCT les han proporcionado oportunidades para explotar los vacíos dejados por las desbordadas instituciones y por las estresadas cadenas de mercado en toda la región. Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar cualquier cambio duradero o persistente, las OCT están mostrando signos de adaptación e incluso de fortalecimiento en numerosos aspectos, algunos de ellos sorprendentes.
De hecho, la pandemia puede ser a la larga un punto de inflexión por el cual se aceleren aún más las desafortunadas tendencias delictivas y de seguridad de los últimos tres decenios. La cuestión es qué pueden hacer los gobiernos para impedirlo.
Dónde hemos estado
Incluso antes de que se desatara la pandemia, América Latina y el Caribe albergaba algunos de los grupos criminales más dominantes, adaptables y violentos del mundo. Desde la década de 1990, han evolucionado de estructuras criminales altamente centralizadas y jerárquicas a redes criminales expansivas y ágiles que se dedican a una amplia gama de actividades ilícitas. Hoy en día, gestionan diversos portafolios ilícitos que abarcan desde el tráfico de drogas, seres humanos, armas, minerales y otros productos ilegales hasta la extorsión, el secuestro con fines de obtener un rescate, el delito cibernético y el blanqueo de dinero. Esos grupos también han pasado de ser empresas criminales enfocadas principalmente en el hemisferio y que funcionaban con dinero en efectivo a redes delictivas mundiales que están profundamente vinculadas a los sectores público y privado a lo largo y ancho de la región.
La historia reciente ilustra su enorme resiliencia. En Sudamérica, las naciones andinas de Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo importantes productores de cocaína pese a décadas de políticas de erradicación. Las antiguas insurgencias colombianas y peruanas resistieron a las fuerzas de seguridad de los gobiernos y se convirtieron de facto en OCT con alcance mundial y amplios portafolios ilícitos. Tras la desmovilización de los paramilitares colombianos en 2006, las bandas criminales o BACRIM surgieron como parte de una tercera evolución de las organizaciones de tráfico ilícito que eran mucho más expansivas y diversas que sus predecesoras. De acuerdo con InSight Crime, una organización que estudia la seguridad ciudadana en América Latina, Colombia está experimentando hoy en día una cuarta generación de empresas criminales que poseen una enorme perspicacia empresarial, una mayor sofisticación tecnológica y son mejores tanto para mezclarse con la sociedad como para fusionar los negocios legítimos con actividades ilícitas.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha convertido al país en un importante centro de distribución de drogas que salen de la región con destino a Estados Unidos, África occidental y Europa. El Cartel de los Soles es una importante organización de tráfico de drogas compuesta en gran parte por miembros del ejército venezolano. Venezuela también actúa como una importante fuente de tráfico sexual en el hemisferio. El Primer Comando de la Capital (PCC), con sede en São Paulo, ha ampliado su huella más allá de las fronteras de Brasil para participar en mayor medida en el movimiento internacional de estupefacientes ilícitos que salen del Cono Sur. Los cárteles de drogas mexicanos siguen siendo algunos de las más penetrantes y poderosas OCT del mundo. Entre ellos, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el cártel de Los Zetas operan en todo el mundo y son responsables de más de 61,000 desapariciones forzadas y muchas más muertes desde la década de 1960. Para finales de 2020, México iba camino de tener el año más violento de su historia, con más de 40,000 asesinatos y una tasa prevista de homicidios superior a 27 por cada 100,000 habitantes. El reciente arresto y posterior liberación del ex secretario de la defensa de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, pone de manifiesto lo arraigadas que están las organizaciones criminales dentro del estado mexicano.
En Centroamérica, bandas como la MS-13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 18 (La Pandilla Callejera 18) sobrevivieron a casi dos décadas de políticas gubernamentales de línea dura destinadas a desmantelarlas, y —quizás debido a esas políticas— las pandillas siguen proliferando con más de 50,000 miembros a lo largo de El Salvador, Honduras y Guatemala. Centroamérica atrae a otras organizaciones delictivas transnacionales que se reubican en Centroamérica para aprovechar las terribles condiciones económicas , la debilidad de los gobiernos, la disminución del estado de derecho y la proximidad a importantes mercados en Estados Unidos. Por último, el Caribe está proporcionando una vez más a las OCT rutas de contrabando vitales que conectan a los productores con los consumidores. La debilidad de las restricciones de visado y de ciudadanía por medio de planes de inversión está atrayendo a las OCT que buscan utilizar el Caribe como centro de diversas actividades delictivas, entre ellas el tráfico ilícito y el lavado de dinero.
Lo que está pasando ahora
Ahora, debido a la pandemia, las OCT se están expandiendo a otros sectores, incluyendo aquellos que el estado está simplemente demasiado abrumado para manejar.
Los grupos criminales han estado proporcionando una especie de gobernanza en áreas virtualmente abandonadas por las instituciones estatales. Por ejemplo, en Centroamérica las pandillas se encargaron de hacer efectivos los confinamientos gubernamentales y de distribuir los suministros de alimentos a las personas en sus comunidades. En México, varios grupos criminales, como la organización del Chapo Guzmán y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han estado repartiendo alimentos a las comunidades que controlan como una manera de ganar legitimidad pública. En Brasil, las pandillas de varias favelas de Río de Janeiro impusieron toques de queda y distanciamiento social a los residentes y a las tiendas locales, a la vez que repartían artículos sanitarios, suministros médicos y alimentos. Si los ciudadanos siguen recurriendo a los grupos delictivos para la prestación de servicios, los gobiernos se verán obligados a pagar un alto precio para desalojar a estos grupos una vez que la pandemia haya desaparecido.
La COVID-19 también está creando nuevas oportunidades económicas para estos grupos. A medida que la recesión empuja a más latinoamericanos a las sombras de la economía informal, el comercio de productos ilegales y mercancías ilícitas puede llegar a ser aún más rentable. Por ejemplo, ha habido un aumento del tráfico de suministros médicos, desde mascarillas quirúrgicas, desinfectante de manos y productos desinfectantes hasta equipos terapéuticos y kits de pruebas. Recientemente, el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock, advirtió que los grupos criminales planeaban infiltrarse en las cadenas de suministro de vacunas.
Las dificultades económicas están creando una “epidemia paralela” de angustia emocional, que aumenta la demanda mundial de sustancias psicotrópicas, muchas de ellas fuertemente reguladas o totalmente ilegales. Las OCT están encontrando un mercado más demandante y expansivo con instituciones más débiles. Algunos países como Brasil pueden surgir como nuevos actores transnacionales decisivos en la circulación de productos ilícitos, dada la interrupción de las actuales vías de circulación y la nueva demanda en lugares como Europa. Ahora bien, la mayoría de las subregiones de América experimentarán la consolidación de las redes ilícitas transnacionales ya existentes en ellas. Es posible que en los Andes aumenten los cultivos ilícitos, ya que se convertirán en una de las fuentes de ingresos más seguras para los campesinos y agricultores locales. Las organizaciones criminales centroamericanas y caribeñas, en muchos casos con la ayuda de políticos y agentes estatales corruptos, asegurarán su estatus controlando los centros de transbordo y proporcionando puestos de trabajo a las poblaciones necesitadas.
En este contexto, a los agentes estatales y no estatales en Rusia, China y otros países puede resultarles más fácil asociarse con organizaciones criminales e instituciones corruptas en América. Esos países y sus sectores privados son conocidos por eludir el estado de derecho y a menudo prefieren trabajar con agentes corruptos. La creciente influencia de China ha proporcionado apoyo a Maduro en particular, lo que permite a su cleptocracia sobrevivir.
Los costos sociales de la pandemia serán enormes, especialmente si se tiene en cuenta que las economías de la región tal vez no se recuperen plenamente a los niveles que existían antes de la pandemia hasta el año 2025, según el Fondo Monetario Internacional. Según el Banco Mundial, antes de la COVID-19, ya había más de 20 millones de ninis —jóvenes que no trabajan ni estudian— en América Latina. Para miles de jóvenes, la participación en grupos criminales puede convertirse en la única oportunidad de supervivencia. El desempleo y el subempleo generalizados también aumentarán la tendencia a la migración legal e ilegal, lo cual alimentará las cadenas de la trata de personas. Algunos informes mostraron, por ejemplo, que cuando el gobierno colombiano cerró su frontera con Venezuela para contener el brote de COVID-19, miles de migrantes venezolanos desesperados terminaron cayendo en las garras de las organizaciones criminales que operan en la zona.
Cómo pueden detenerlo los gobiernos
Muchos gobiernos nacionales reaccionarán al creciente poder de las OCT, y a la subsiguiente indignación pública, reorientando recursos para expandir las instituciones de seguridad. Otros gobiernos pueden verse obligados a negociar con organizaciones criminales, práctica que ya se realiza en El Salvador y que es común en los niveles subnacionales, en los cuales los gobiernos locales son débiles. Este tipo de negociaciones parecerán políticamente convenientes, especialmente en los países que tengan elecciones en los próximos 18 meses, pero si no se aplican las restricciones institucionales apropiadas y no se realizan mejoras en las instituciones clave, esas respuestas rara vez han tenido éxito en el pasado.
Cualquier respuesta gubernamental verdaderamente eficaz debe hacer frente a las devastadoras consecuencias económicas de la crisis sanitaria, la erosión de la capacidad del Estado y el colapso de la legitimidad institucional. Los gobiernos deben cavar hondo y encontrar la voluntad política para ampliar la lucha contra la impunidad, la corrupción generalizada y la falta de capacidad institucional. Deben profundizar las reformas estructurales en instituciones clave tales como la administración de justicia, las fuerzas policiacas nacionales y locales, y mejorar la capacidad de ofrecer a sus ciudadanos servicios vitales tales como la educación y la salud pública. Sin esfuerzos amplios de reforma de las instituciones de rendición de cuentas y sin un esfuerzo sostenido de inversión en capital humano, cualquier esfuerzo tradicional centrado en la seguridad está condenado al fracaso.
Las inversiones sustanciales en capital humano y social deben ir acompañadas de una mayor rendición de cuentas de las instituciones políticas. La regresión autoritaria a la que se enfrentan ahora varios países sin duda empeorará las crisis desatadas por la pandemia. Por lo tanto, para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales bajo estas circunstancias es preciso que la capacidad de recuperación de la gobernanza democrática sea mayor que la resiliencia de los grupos criminales profundamente arraigados en la región.
Además de crear una capacidad nacional sostenible, y dada la escala de la emergencia y el creciente carácter transnacional de las redes ilícitas, los gobiernos deben trabajar multilateralmente para agilizar los recursos, intercambiar información y mejorar la coordinación intergubernamental. La lucha contra las OCT es una problemática mundial que exige una colaboración multilateral más significativa por parte de los países de dentro y fuera del hemisferio.
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Cruz es director de investigación del Centro Kimberly Green de América Latina y el Caribe de la Steven J. Green School of International and Public Affairs de la Florida International University. Fonseca dirige el Jack D. Gordon Institute for Public Policy y es profesor adjunto de Relaciones Políticas e Internacionales en la Steven J. Green School of International and Public Affairs de la Florida International University.
