Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre el combate a la corrupción en América Latina. | Read in English | Ler em português
“Hay miles cortando las ramas del mal por cada uno que está asestando golpes a la raíz”
—Henry David Thoreau
En los últimos cinco años, investigaciones en América Latina han descubierto una corrupción escandalosa, de alto nivel y generalizada. Lava Jato es el ejemplo más destacado de las investigaciones que nos han permitido comprender mejor el funcionamiento interno de los sistemas corruptos en la región: reveló cómo un grupo de corporaciones brasileñas (con oficinas y negocios en toda América Latina) crearon esquemas para el financiamiento ilegal de campañas, el soborno, el tráfico de influencias y el lavado de dinero. Estas actividades se habían arraigado en empresas y en instituciones públicas, dando forma a la manera en que el poder económico y político interactúa hoy en día en América Latina.
Los defensores y líderes de la sociedad civil, tanto en el sector público como en el privado, han dado pasos importantes para hacer retroceder este fenómeno. Han promulgado e implementado leyes para combatir el lavado de dinero, regular el acceso a la información, fomentar la responsabilidad fiscal y más. En países como Brasil, Chile, México, Argentina, Colombia y Perú, estos pasos permitieron que se llevaran a cabo investigaciones de Lava Jato y de corrupción similares. Las leyes promulgadas a principios de la década de los años 2000, junto con medidas que mejoraron la autonomía y las condiciones técnicas de los investigadores y fiscales federales, ampliaron la capacidad de las instituciones para investigar y enjuiciar los casos de corrupción. En mayor o menor medida, los avances de las dos últimas décadas han tenido un efecto indirecto significativo en toda la región.
Sin embargo, el aumento de los niveles de rendición de cuentas de los responsables de corrupción, en forma de investigaciones y enjuiciamientos, no llevará necesariamente a la región hacia prácticas más democráticas, éticas y responsables.
Los esfuerzos punitivos anticorrupción se basan en la creencia de que la corrupción es una enfermedad que afecta el sistema funcional del Estado; por lo tanto, es necesario encontrar remedios para esta disfunción sistémica: recortar las hojas muertas y cortar las ramas enfermas. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos, la corrupción no es una enfermedad que afecta a las instituciones sanas: forma parte del funcionamiento normal del Estado. Es la raíz. Para eso se crearon los Estados latinoamericanos, a partir de una historia de dominación, colonialismo y desigualdad.
La relación entre las élites políticas y productivas explica el papel del Estado en permitir que la corrupción florezca. Como señaló el sociólogo argentino José Luis Romero, si se investigara a los grandes capitalistas de los países latinoamericanos, y si se les preguntara acerca de los orígenes de sus fortunas y las oportunidades que se les han dado para construirlas, sería evidente que lo que tienen en común es su cercanía al poder político. El sociólogo y jurista brasileño Raymundo Faoro expuso la idea de que el patrimonialismo no es una disfunción del Estado, sino su razón de ser, cuyo objetivo principal es permitir que poderosos actores privados que no son capaces de prosperar de manera autónoma se apropien de los beneficios públicos. Según Faoro, en su libro Os Donos do Poder, el patrimonialismo es una estructura político-social que “soportó todas las transformaciones fundamentales, los desafíos más profundos, el atravesar el gran océano”. El patrimonialismo persiste en América Latina y todo análisis de la corrupción que no considere los lazos profundos, históricos y resilientes entre las entidades privadas y las instituciones públicas de la región estará incompleto.
Es importante recordar que, en el proceso de captura del Estado, las prácticas patrimoniales pueden influir incluso en los encargados de combatir la corrupción. Hemos visto ejemplos de ello en la investigación de Lava Jato: el exfiscal general peruano Pedro Chávarry renunció debido a acusaciones de que estaba obstruyendo las investigaciones a favor de la líder del Congreso peruano, Keiko Fujimori. En Colombia, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez supuestamente tenía vínculos con un caso de soborno cuando era abogado de Corficolombiana, socio menor de Odebrecht, antes de convertirse en funcionario de justicia. Más recientemente, en Brasil, periodistas de investigación de The Intercept han revelado fuertes indicios de que el exjuez Sérgio Moro interfirió en las investigaciones de Lava Jato, explotando su relación con los fiscales al proporcionarles asesoramiento estratégico, decisiones anticipadas y fuentes para el caso. Estas intervenciones poco éticas y potencialmente ilegales indican los riesgos de politizar los procesos judiciales, con consecuencias que aún por verse en Brasil y en la región.
En general, si bien los enfoques punitivos pueden aumentar la rendición de cuentas de los delitos de corrupción, no serán suficientes para superar la propagación y la profundidad de la corrupción en América Latina. Los defensores de la lucha contra la corrupción y los reformistas deben encontrar formas de canalizar las protestas públicas generadas por los casos de corrupción en apoyo para las reformas políticas estructurales. De lo contrario, el cambio que implicaron las revelaciones sobre la corrupción será temporal y selectivo. Los defensores necesitan vincular sus agendas con otras luchas significativas en la región: la lucha contra la desigualdad social, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la práctica democrática, entre otras. Además, es necesario tener en cuenta el hecho de que el trabajo anticorrupción tiene consecuencias no deseadas. Estas pueden incluir el indebido uso político del sistema de justicia, la reducción de los niveles de confianza en la democracia y un mayor respaldo a las soluciones autoritarias. Más que nunca, la lucha contra la corrupción en América Latina debe ir de la mano —y volverse inseparable— de la batalla por la democracia en la región.
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Daniela da Silva está a cargo del Programa América Latina de Open Society Foundations.
Pedro Abramovay es el Director para América Latina y el Caribe de Open Society Foundations
