Politics, Business & Culture in the Americas

Por el Derecho a No Ser Desaparecido



En diciembre pasado entró en vigencia la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué significado tiene este instrumento internacional para los países del Cono Sur?

En Argentina dicen que el término “desaparecido” es una palabra en español que se hizo conocida en todas las lenguas por cuenta de la brutal dictadura que sumió al país entre 1976 y 1983. Treinta mil desaparecidos fue el saldo de un plan sistemático de violencia contra la oposición política, víctimas sobre quienes alguna vez el dictador Jorge Videla se refirió con total despojo de identidad: “¿Qué son los desaparecidos? Son solo eso, desaparecidos, o sea nada.”

“Nosotros sabemos que siempre fueron, pero hoy 25 años después, ya son reconocidos por el Estado de Derecho con la entrada en vigencia de la Convención,” asegura Pablo Barbuto, coordinador del área jurídica nacional de la secretaría de derechos humanos (DDHH) de Argentina.

El país fue junto a Francia uno de los grandes impulsores del tratado que entró en vigencia el pasado diciembre luego de la ratificación de 21 países, 9 de ellos latinoamericanos (Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina). Aunque para todos ya existía la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, firmada en 1994 en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), por primera vez un instrumento internacional reconoce el carácter continuo de la desaparición, y el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.“También establece la obligación de capacitar a todos los empleados judiciales y de fuerzas de seguridad que estén involucrados en investigaciones sobre desapariciones forzadas o que tengan a su cargo personas privadas de la libertad,” explica por su parte María Eugenia Carbone, asesora jurídica del área internacional de la Secretaría, quien enfatiza que la Convención fue fruto del trabajo mancomunado de los Estados y organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ante la ONU. En Argentina fue ratificada en 2007 aunque la lucha comenzó  en 1981 en plena dictadura.

Si bien el carácter no es retroactivo, es decir que sólo se investigarán delitos que se cometan desde su entrada en vigencia, “tiene un peso moral y simbólico contra los represores, ratifica la legitimidad de los juicios que se siguen en la Argentina, puede ser un elemento para reforzar sentencias y sobre todo, acompaña nuestra política de DDHH de ‘Nunca Más,’” agrega Carbone.

Otra de las novedades de la Convención es la creación de un Comité contra la Desaparición Forzada que será compuesto por diez miembros independientes con la potestad de recibir denuncias, pedir informes a los Estados, hacer observaciones y realizar visitas. Todos los países del Cono Sur aceptaron su competencia, a excepción de Paraguay que por pedido de Amnistía Internacional está discutiendo en el Congreso su admisibilidad.

Aunque la Convención sugiere instaurar agravantes de la pena si el delito se comete contra mujeres embarazadas y niños, y atenuantes si el testigo colabora en el hallazgo de la persona desaparecida, en los países del Cono Sur este modelo transaccional que se ha aplicado por ejemplo en países como Colombia o Sudáfrica (rebaja de penas por confesión) no tendría cabida.

“Es un proyecto muy discutido internamente, porque nosotros ponemos en el mismo nivel de la balanza memoria, verdad y justicia y no se puede sacrificar esta última por la verdad,” dice Pablo Barbuto sobre Argentina. En Paraguay y Uruguay las amnistías están prohibidas constitucionalmente.

El delito hoy

Después de haber vivido bajo regímenes dictatoriales, es cierto que estas democracias ya no conviven en el delito. En Argentina, no obstante es emblemático el caso de Julio López, como único desparecido en democracia; en Chile recientemente desapareció el joven Marcelo Said en Puerto Montt y fue hallado muerto 13 días después. En Uruguay y Paraguay no hay casos recientes pero este último país lleva un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las ejecuciones extrajudiciales de 77 líderes campesinos que demandaban derechos territoriales y fueron muertos en plena transición a la democracia.

“La Comisión de la Verdad permitió que abriéramos cinco procesos por tortura y diez nuevas querellas de desaparición forzada, pero la justicia ha operado lentamente. Esperamos que la Convención sea un impulso,” declara Judith Rolón, quien encabeza la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo del Paraguay, y aún busca a su padre Martín Rolón, desaparecido el 4 de abril de 1976 durante el régimen de Alfredo Strossner (1954-1989).

La Comisión presentó un informe final de 3.200 páginas que dan cuenta de 500 desaparecidos durante la dictadura y hace 277 recomendaciones para continuar con su búsqueda. De hecho, Paraguay es uno de los países que ha tenido en su código penal el delito desde 1992. “Aunque no aparece por razones políticas, la pena es de hasta 25 años de cárcel,” asegura Rolón.

En Argentina las figuras delictivas son privación ilegítima de la libertad y en caso de encontrar el cuerpo, homicidio. Tipificarlo como desaparición es un proyecto que hasta ahora tiene media sanción del senado. En Uruguay es delito desde 2007 y en Chile desde 2009.

“En Uruguay el texto fue aprobado gracias a que la Comisión de DDHH del parlamento hace consultas a la sociedad civil sobre el contenido de las leyes y en este caso llamó a CERPAJ, Amnistía internacional y FEDEFAM,” cuenta Gimena Gómez Gadea, vocal internacional de FEDEFAM y sobrina de Nelsa Gadea, ciudadana uruguaya desaparecida el 18 de diciembre de 1973 en Chile.

“Lo bueno de la Convención es que no está pensada para resolver el problema sino para prevenir el crimen. Es la declaración del derecho a no ser desaparecido”, agrega Gimena y aclara que, aunque puedan pasar muchos años antes de que se incorpore todo el contenido de la convención a las leyes de cada país, “Es el legado de quienes padecieron a gran escala el delito para países que todavía lo padecen como México y Colombia”.

Curiosamente, Chile fue uno de los países que puso como condicionante que no se investigaran hechos anteriores para firmarla. “Tuvimos que hacer un amplio lobby en cámara y diputados, sobre todo con los parlamentarios de derecha,” dice Lorena Pizarro, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile, cuyo padre Waldo Pizarro fue detenido en 1976.

En el país que padeció la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990) se están llevando a cabo los juicios a militares que, según el programa de DDHH del Ministerio del Interior, sólo tiene tras las rejas a 65 de los 200 condenados, mientras los demás recibieron rebaja de penas por leyes ordinarias de prescripción de delitos.

“Las Fuerzas Armadas chilenas no son lo de entonces, pero todavía mantienen de manera no declarada un pacto de silencio, lo que dificulta el avance de las causas. Algunos sujetos han sido llamados a retiro después de cierto tiempo ocupando cargos al interior de las fuerzas armadas. Confiamos en que la Convención le de la legitimidad moral a los juicios,” puntualiza.

*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AmericasQuarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma. Una versión de este artículo se publicó originalmente en www.noticiasaliadas.org.

ABOUT THE AUTHOR

Jenny Manrique es una bloguera contribuidora para AQ Online. Ella es una periodista colombiana que ha escrito para medios como Semana, Votebien.com, El Espectador, Latinamerican Press y Folha de São Paulo. Actualmente trabaja como periodista freelance. Su cuenta de Twitter es: @JennyManriqueC.

Like what you've read? Subscribe to AQ for more.
Any opinions expressed in this piece do not necessarily reflect those of Americas Quarterly or its publishers.
Sign up for our free newsletter