Dicen los expertos que es más fácil robarse unas elecciones locales que unas presidenciales pues la cantidad de votos a comprar es a todas luces inferior. En Colombia, cuyos ciudadanos elegiremos el próximo 30 de octubre 23 mil funcionarios que ocuparán gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas de administración local, algunas curules se obtienen apenas con mil votos.
Para estas justas, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido que es mayor la incidencia de fraude que la de violencia comparada con comicios anteriores, aunque a la fecha en que escribo este post ya van 36 candidatos asesinados. Se han determinado 69 municipios como críticos, pues ambas variables se cruzan: grupos armados influyendo en los comicios y campañas políticas comprando votos, jurados y hasta registradores.
En muchas regiones, principalmente en departamentos de la zona fronteriza con Venezuela como la Alta Guajira o Arauca, algunos aspirantes tienen territorios vedados para hacer campaña. Se dice que la guerrilla ataca y luego se esconde en el vecino país, hecho para nada inverosímil teniendo en cuenta la ausencia de estado fronterizo. En otras zonas como en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, son los ilegales los que están haciendo campaña por los candidatos, desde ya presionando a los ciudadanos para votar por aquellos que presentan proyectos de derecha.
Aunque la violencia electoral en Colombia es cuento viejo, son varios fenómenos los que se pueden considerar como nuevas amenazas para estos comicios del 2011: Por un lado la aparición de nuevos grupos paramilitares conocidos como BACRIM (Bandas Criminales) término que todavía genera resistencia principalmente dentro de las Fuerzas Armadas que quieren minimizar el fenómeno. Si bien su agenda no es tan política como llegaron a tenerla las autodefensas de Carlos Castaño, que en efecto controlaban el 35 por ciento del congreso como fue demostrado posteriormente por el proceso de la parapolítica, las BACRIM necesitan asegurar que una administración amiga les permita tener bajo control las rutas del narcotráfico y apropiarse de algunos recursos del Estado como los que genera el sector de la salud.
Por otro lado, la existencia de multinacionales en ciertas regiones del país cuyo interés primordial es la aprobación de licencias para la explotación de carbón y oro (Caldas, Guajira, Tolima y Santander son claros ejemplos), ha hecho que la jugosa chequera que tienen promueva –discretamente- candidatos a alcaldías y concejos ‘comprometidos’ con las reformas de planes de ordenamiento territoriales. Mientras las multinacionales patrocinan el equipo de fútbol local o construyen el coliseo o la plaza del pueblo, los gobernantes están dispuestos a reformar artículos para el uso del suelo y así facilitar la entrada de los proyectos.
Un tercer nuevo fenómeno tiene que ver con el proselitismo que están haciendo los candidatos con las ayudas que el gobierno entrega a los damnificados de la ola invernal. Como en el pasado, en que los aspirantes aseguraban que su elección garantizaría que se mantuvieran los subsidios de Acción Social o los cupos del ICBF o el SENA, todas entidades del estado destinadas a ayudar a los pobres del país, ahora los candidatos prometen que si les dan el voto, les reconstruyen el pueblo devastado por las lluvias. Los ciudadanos deben saber que estos recursos son estatales, manejados por Colombia Humanitaria, y cuya entrega ya es un derecho adquirido por aquellos que lo perdieron todo.
Con este panorama como telón de fondo, en un mes el país irá a las urnas para demostrar otra verdad de a puño: en las elecciones regionales se juega más que nunca el control del poder local. Es la perpetuación o no del partido que está gobernando, generalmente familias cuyo músculo electoral parece invencible. Es la posibilidad de repartir la cuota burocrática, los contratos, las concesiones entre amigos y conocidos. Es la oportunidad para recibir recursos del Estado por regalías o por el sistema general de participaciones, cuyo manejo corrupto ha empobrecido por décadas a los municipios más ricos en recursos. Nadie quiere perder el poder y por eso habrá quien compre cada cuatro años de uno a mil voticos. Nadie quiere perder el poder y por eso es predecible que siempre aparezcan nuevas amenazas.
Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.