La economía venezolana atraviesa la mayor contracción económica registrada en la historia de América Latina. Entre 2012 y 2017, el producto interno bruto per cápita cayó masivamente en 38 por ciento, diez puntos más que la contracción sufrida por los Estados Unidos durante la Gran Depresión. El gobierno ha dejado de publicar la data de inflación, pero los estimados del sector privado ubican este indicador cerca de tres mil por ciento en 2017 y predicen que se acelerará este año a cinco dígitos. Los salarios reales se han visto pulverizados en el proceso: un salario mínimo de hoy compra 10 por ciento de lo que compraba en marzo de 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela.
Hay múltiples causas que explican el colapso económico de Venezuela, pero ciertamente entre las más relevantes están sus enormes déficits fiscales. Venezuela ha registrado déficits a nivel del sector público consolidado de dos dígitos durante 6 años consecutivos. El año pasado, el déficit llegó a 21 por ciento de Producto Interno Bruto de la nación. La razón de estos déficits es que el gobierno de Venezuela persiste en mantener absurdos e ineficientes subsidios en bienes ofrecidos por el Estado y financiar la mayor parte de su gasto a través de la impresión de dinero. Un litro de gasolina, por ejemplo, es vendido por la empresa estatal a los consumidores al equivalente a dos centésimas de un centavo de dólar al tipo de cambio oficial (y a tres milésimas de centavo de dólar al tipo de cambio no oficial).
Cualquier esperanza de que la administración de Nicolás Maduro pudiese llevar adelante un plan de estabilización macroeconómica coherente fue descartada hace mucho tiempo. Pero incluso un nuevo gobierno tendría problemas significativos estabilizando la economía. La viabilidad de un programa de estabilización esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control. En un país que no ha visto inflación de un dígito en 34 años (de los cuales 19 estuvieron gobernados por el chavismo), este compromiso es difícil de vender.
Implementar un plan de estabilización puede ser incluso más difícil si se toman en cuenta los problemas de gobernabilidad que probablemente emerjan en una transición política. Estabilizar bajo credibilidad imperfecta es una tarea compleja. Si la gente no está segura de que el proceso será exitoso, la primera inclinación de las empresas será continuar subiendo sus precios. Para bajarlos, el Banco Central debería subir las tasas de interés y restringir el crecimiento de la liquidez. En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda. No obstante, esto es precisamente lo que los hacedores de políticas públicas buscarán evitar en lo que podría ser una compleja transición política.
Los futuros hacedores de políticas públicas en Venezuela deben observar de cerca el caso de Ecuador. Allí, el presidente Gustavo Noboa, implementando la decisión de su predecesor Jamil Mahuad, reemplazó el sucre por el dólar estadounidense en marzo de 2000, después de que crisis monetarias y bancarias dejaron a la economía sumida en una profunda recesión con una rápida aceleración inflacionaria. Al igual que Venezuela, Ecuador no había visto inflación de un dígito por dos décadas cuando se implementó la dolarización. En contraste, durante la última década bajo la dolarización, la inflación de Ecuador ha promediado 3,8 por ciento.
Tal vez más importante es el hecho de que en Ecuador la estabilización macroeconómica vino junto con el crecimiento económico. Desde la dolarización en el año 2000, el ingreso per cápita del país ha crecido 114 por ciento, el cuarto mejor desempeño entre los 11 países de Sudamérica. En contraste, el ingreso per cápita de Ecuador había caído 17 por ciento en las dos décadas previas a la dolarización. Por otro lado, la pobreza en Ecuador ha descendido en más de cuatro quintas partes desde la dolarización, sacando a más de tres millones de ecuatorianos de la pobreza extrema.
Ecuador es un ejemplo interesante precisamente porque, tal como Venezuela, es una economía altamente especializada en petróleo. En teoría, estas economías pagan un importante costo al dolarizarse cuando pierden su capacidad de ajustar sus tipos de cambio a los impactos en los términos de intercambio. En la práctica, cuando tienen su propia moneda terminan permitiendo a los grupos de interés capturar rentas muy significativas de la administración del sistema cambiario, acumulando grandes excedentes privados en divisas a costa de déficits públicos crónicos y una inestabilidad macroeconómica generalizada. Aún peor, la autoridad del Estado para decidir la asignación de recursos escasos en moneda extranjera crea enormes incentivos para la corrupción.
Sin embargo, es cierto que Venezuela pagaría costos a largo plazo al sacrificar su capacidad de determinar su propio tipo de cambio y política monetaria. Pero en cualquier decisión de política pública se deben evaluar sus costos y beneficios. El beneficio de adoptar un anclaje irreversible en este momento es que detendría en seco la hiperinflación, evitando el alto riesgo de la contracción que podría producirse si el gobierno desea estabilizar la economía y mantener la moneda.
Contrario a otros episodios de dolarización, Venezuela podría emprender este proceso con un tipo de cambio que represente una mejoría significativa en el poder de compra de sus ciudadanos al mismo tiempo en que se mantienen los sueldos en dólares a niveles competitivos. Con solo $3 mil millones – un tercio de las reservas internacionales depositadas actualmente en el Banco Central – Venezuela podría cambiar la totalidad de los depósitos y dinero circulante en la economía por dólares a un tipo de cambio de 68 mil bolívares por dólar, muy por debajo de la tasa no oficial de 237 mil bolívares. En otras palabras, incluso si Maduro se las arreglase para despilfarrar dos tercios de las reservas internacionales existentes antes de dejar el poder, todavía sería posible para el nuevo gobierno cambiar los bolívares de la población por casi cuatro veces la cantidad de dólares que se podrían comprar con esos mismos bolívares en el mercado negro.
Una forma de aproximarse a los costos de la dolarización tiene que ver con el riesgo de caer en una situación en la cual los salarios en dólares del país son más altos de lo que se requiere para que sean competitivos. Un exportador de petróleo que sufre de una caída en los precios del crudo necesita que sus sueldos en dólares caigan para estimular la producción de bienes exportables y aquellos que compiten con importaciones, para así compensar la caída de los ingresos por la venta de hidrocarburos. Si el país no tiene su propio tipo de cambio, los sueldos nominales se verían forzados a caer, algo que generalmente solo pasa durante una recesión potencialmente profunda.
Sea cual sea la principal causa de los problemas económicos de Venezuela, definitivamente no son sueldos altos en dólares. El salario mínimo mensual a la tasa del mercado negro equivale actualmente a solo $3. Tomando en cuenta nuestra conversión hipotética de 68 mil bolívares por dólar, éste subiría a $12. Este nivel seguiría siendo apenas una fracción del sueldo mínimo promedio latinoamericano de $356. Si la dolarización se implementa en el contexto de reformas estructurales que lleven a Venezuela de vuelta a una economía de mercado funcional, los salarios en dólares aumentarían continuamente hasta converger con los de los países vecinos. Por lo tanto, dadas las correctas políticas macroeconómicas, el riesgo de que atraviese en el futuro cercano un período en el que los sueldos estén por encima de su equilibrio a largo plazo es extremadamente bajo.
Al final, es innegable que la economía perderá una herramienta de política. Sin embargo, yo argumentaría que los beneficios en el corto plazo – y particularmente el evitar lo que podría ser una muy dañina y prolongada hiperinflación – son mayores que los costos a largo plazo. También cabe recordar que un país puede construir instituciones que reduzcan la necesidad de ajustes rápidos en los precios relativos para los cuales usualmente se usa la política cambiaria. Un país sujeto a una alta volatilidad en los términos de intercambio debería tener un fondo de estabilización macroeconómica que permita ahorrar durante períodos de términos de intercambio favorables y gastar esos ahorros en períodos de shocks adversos. Si el fondo tiene un tamaño razonable y la administración macroeconómica ha sido la adecuada para tener un buen acceso a los mercados financieros internacionales, el país debería poder suavizar el proceso de ajuste a términos de intercambio negativos cuando lo necesite a un bajo costo e incluso evitar una caída de los salarios reales, siempre y cuando el crecimiento de la productividad nacional y la inflación mundial sean positivos.
Reemplazar el bolívar venezolano con el dólar estadounidense requerirá de una reforma en la Constitución del país. Afortunadamente, esto puede lograrse preguntándole directamente al electorado si aprueba el cambio. Un sistema de caja de conversión, en el que las reservas ofrecen respaldo uno a uno a la moneda local a través de un tipo de cambio irrevocablemente fijo, puede servir como régimen transitorio. Creo que no hay muchas dudas de lo que responderían los venezolanos si se les preguntase si prefieren mantener su moneda actual o en cambio prefieren ser remunerados y mantener sus ahorros en dólares.
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Rodríguez es economista jefe de Torino Capital y se desempeñó como Jefe de Investigación de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
