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La pobreza en Latinoamérica esta bajando, pero la violencia sube. ¿Por qué?

El crecimiento económico por sí solo no va a detener el crimen violento. Pero las políticas correctas – y el liderazgo – pueden hacer una diferencia.
Police in Bogota during an anti-violence protest
Policía en Bogotá, Colombia, durante una manifestación de protesta contra la violencia. 24 de febrero de 2011. Foto cortesía de Camilo Mosquera (Flickr). Reservados todos los derechos

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La pobreza en Latinoamérica sigue cayendo, pero la violencia continua a crecer. ¿Qué está pasando?

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Con la pobreza en América Latina y el Caribe en sus niveles más bajos en décadas, ¿por qué la violencia está disparada? Aunque algunos países están peor que los demás, la región cuenta con las tasas de homicidios más altas del mundo. Esta relación es desconcertante y contradictoria. Los investigaores tienden a esperar una relación inversa entre las mejoras en el bienestar de los pobres y la reducción de los delitos violentos.

Primero, las buenas noticias: La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han experimentado una reducción drástica de la pobreza desde el año 2000. Según datos de las Naciones Unidas, la proporción de los 580 millones de habitantes de la región que sufren pobreza se redujo de 41,7 a 25,3 por ciento. En términos absolutos, esto se traduce en al menos 56 millones de personas que han pasado la línea de la pobreza entre 2001 y 2012. Durante este período, no solamente los ingresos se elevaron la salud y la educación también lo hicieron.

Ahora las malas noticias: en algunas partes de América Central y del Sur es donde hay más homicidios en el planeta. Aunque las prolongadas guerras en Colombia y Perú están terminando, la escala de la violencia letal en toda la región es impresionante. América Latina y el Caribe albergan 8 de los 10 países más violentos, así como 40 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Solamente cuatro países Brasil, Colombia, México y Venezuela concentran 1 de cada 4 muertes violentas en todo el mundo cada año.

Sin embargo, esto no siempre fue así. A pesar de las guerras civiles y las dictaduras brutales que se dieron en algunos países de América Latina y el Caribe, las tasas de homicidio han estado alrededor de la media mundial entre los años 1960 y 1970. Desde entonces, las tasas de homicidios han disminuido en la mayoría de otras partes del mundo. Sin embargo, con pocas excepciones, el asesinato, el asalto y la victimización han empeorado a través de América Central y del Sur y el Caribe.

La relación precisa entre la pobreza y el homicidio sigue siendo un misterio.

Parte del problema es el desacuerdo sobre cómo se define "pobreza". Por un lado, esto es algo más que una medida material restringida. Mientras que millones de ciudadanos de América Latina y el Caribe en el extremo inferior de la escala social han experimentado aumentos de sus ingresos reales, la calidad del crecimiento económico ha sido pobre. Para muchos países, la reducción de la pobreza ha estado fundamentada en un modelo basado en el consumo. La disminución de la pobreza ha estado relacionada con programas de transferencias de efectivo y el acceso a bajos salarios en programas de tiempo parcial. Esto ha dado lugar cierto nivel de movilidad social limitada.

Según los expertos, hay una amplia gama de factores que explican el aumento de la violencia. Entre ellos:

La desigualdad persistente. Se ha sabido durante mucho tiempo que mientras más desigual sea el entorno, más altas serán las tasas de violencia. América Latina presenta la distribución más desigual del ingreso en el mundo, albergando 10 de los 15 principales países más desiguales del planeta. Aunque la desigualdad ha disminuido en gran parte de América Latina y el Caribe en los últimos años, este progreso se está estancando. El Banco Mundial y SEDLAC han identificado recientemente retrocesos en la desigualdad en algunas partes del Triángulo Norte de Centro América y la región Andina.

El desempleo juvenil. Alrededor del 13 por ciento de los 108 millones de jóvenes de América Latina y Caribe (edades 15-24), están desempleados. Esto es tres veces la tasa de los adultos. Más de la mitad de los que están trabajando están vinculados a la economía informal. En conjunto, más de 20 millones de jóvenes no están siendo educados, capacitados o empleados. Más varones desempleados significa más violencia. En Brasil, un aumento de un 1 por ciento en el número de hombres desempleados se traduce en un aumento del 2,1 por ciento en el índice de asesinatos.

El llamado "crimen aspiracional." Aquellos que han perpetrado o que han sufrido de homicidios son por lo general jóvenes que están sin trabajo, están por fuera de la escuela y se encuentran sin opciones. Como observó el economista Gary Becker en 1968, los ‘aspirantes a delincuentes’ determinan que los beneficios de su crimen son mayores que los costos potenciales. Los científicos sociales han demostrado[u1]  cómo horizontes de trabajo limitados se encuentran asociados con reducciones de los costos de oportunidad para el crimen. El desempleo también está conectado a un aumento de la pertenencia a pandillas.

Situación de debilidad continua de las instituciones de seguridad y justicia. Instituciones abusivas, corruptas e ilegítimas pueden alimentar el crimen. Por otro lado, la baja capacidad institucional permite que la ley y el orden se asocie con el clientelismo y la impunidad. En América Latina, solo el 20 de cada 100 asesinatos resultan en condena; mientras que la tasa global es de 43 entre 100. La debilidad institucional se puede remontar a un legado de conflictos y regímenes militares en países como Argentina, Colombia, El Salvador y Haití. Muchas instituciones militares y policiales continúan operando con una mentalidad de guerra. Algunos de ellos albergan estructuras clandestinas en las fuerzas armadas, la inteligencia y el sector judicial. En Guatemala, por ejemplo, grupos paramilitares de derecha siguen activos y y se mantienen gracias a las élites poderosas.

El crimen organizado especialmente el tráfico de drogas. Todos los países de América Latina y el Caribe están afectados en mayor o menor grado por organizaciones criminales, especialmente los carteles de droga que manejan un estimado de $330 mil millones en ingresos anuales. En muchos países, estos grupos ya han penetrado en todas las ramas del gobierno. Después de todo, un Estado débil es una bendición para el crimen organizado. ‘Comprar’ las instituciones públicas es mucho más eficiente que luchar contra ellas.

También hay otras razones detrás del aumento de la violencia, desde la urbanización no regulada que explica en parte un aumento en las tasas de homicidio en ciudades grandes y de tamaño intermedio, y barrios pobres –hasta la abundancia de armas de fuego sin licencia, incluyendo aquellas que son traficadas desde los EE.UU. o filtradas a nivel nacional. Algunos culpan a las normas sociales que aceptan el machismo, y las relaciones desiguales de género a las que se les atribuye altas tasas de violencia de pareja y violencia doméstica.

Es una larga lista de desafíos. ¿Qué deben hacer los políticos?

Como mínimo, se deben reforzar los logros alcanzados con respecto la reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo crónico. Más concretamente, podrían re-doblar las políticas destinadas a reducir la desigualdad, incluyendo las iniciativas que tienen como objetivo mantener a los jóvenes en la escuela y en el mercado laboral. En México, los programas de transferencias monetarias condicionadas y redistribución se han correlacionado con reducciones en homicidios y violencia sexual tanto a nivel estatal como municipal. Y en Brasil, las medidas de transferencia de dinero en efectivo condicionadas y de mejora de la vivienda como Bolsa Familia y Minha Casa Minha Vida han producido efectos positivos en la reducción de crimen contra la propiedad y crimen juvenil.

Por otro lado, inversiones públicas y privadas en seguridad están mostrando resultados promisorios. La supervisión transparente a entidades militares, policiales y de justicia de la región por parte de la sociedad civil, es una condición previa para restaurar su credibilidad y legitimidad. Del mismo modo, la mejora en la recopilación de datos sobre la delincuencia también está conduciendo a una acción policial más inteligente y a la provisión de justicia de manera más eficiente. Todas éstas son tareas profundamente desafiantes y exigen un liderazgo valiente si se quieren lograr. La verdadera pregunta es si los ciudadanos de América Latina y el Caribe están dispuestos darle la vuelta a las cosas.

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Muggah es cofundador y director de investigación del Instituto Igarapé, centro de investigación y acción líder en Brasil. También es director de investigación de la Fundación SecDev, un grupo de seguridad cibernética con alcance global. Ha dado charlas en TED Global, el Web Summit y el Foro Económico Mundial. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford.

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Tags: poverty, Conditional cash transfer, desempleo

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