Que en Colombia hay enemigos del proceso de paz que adelanta el Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana no es nuevo ni sorprende. Hay fuerzas partidarias que le apuestan a las conversaciones de paz, tanto como aquellas que nunca estuvieron de acuerdo con que se comenzaran, el uribismo en particular. Este es el resultado de haber priorizado una salida militar sin éxito durante 50 años de conflicto armado.
Sin embargo, a los colombianos les cuesta confiar en una guerrilla a la que por años se le ha culpado por todos los males del país, especialmente después del fracaso de los diálogos del Caguán, en los que las FARC se fortalecieron militarmente al tener una zona de 42.000 km2 donde eran “Dios y Ley” durante el gobierno de Andrés Pastrana.
De estar en desacuerdo, a sabotear el proceso, hay un trecho enorme. Más aún si el sabotaje incluye una de las herramientas más nocivas contra la privacidad y el ejercicio de la oposición política en Colombia: las llamadas “chuzadas.” Recordado como uno de los grandes lunares del gobierno de Álvaro Uribe, que finalmente obligó a su sucesor Juan Manuel Santos a liquidar el controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el caso reveló que ese organismo de inteligencia interceptaba ilegalmente las comunicaciones de periodistas, activistas de derechos humanos, jueces, magistrados y políticos de la oposición, con el objetivo de enlodar sus nombres, abrir expedientes falsos e incluso encomendar fuerzas paramilitares para asesinarlos.
La historia de Colombia es prueba de que el ejercicio de la oposición política en el país es peligroso. Ahora en la era de Santos aparece de nuevo este fantasma, descubierto gracias a las revelaciones del portal Semana.com.
Según la publicación, detrás de la fachada de un restaurante en el occidente de Bogotá, la Central de Inteligencia Técnica del Ejército camufló unas oficinas para espiar a los negociadores de la Habana y a otras figuras de la oposición política tradicionalmente perseguidas, como la ex senadora Piedad Córdoba y el congresista Iván Cepeda.
La operación llamada “Andrómeda” fue tan bien montada que tenían licencia de funcionamiento habilitada justo un mes antes de que comenzaran los diálogos en la Habana en octubre de 2012, y a la vez tan burda, que en el local denominado Bluggy Hacker, se vendía lo que en Colombia se conoce como corrientazos (almuerzos del día), mientras en su página web ofrecían cursos de seguridad informática y lecciones sobre cómo espiar mensajes de whatsapp y de blackberry. Los que trabajaban allí eran hackers, sacados de campus parties, quienes extraían ilegalmente los datos de chats telefónicos y contraseñas de correos electrónicos de los negociadores, y eran premiados con iPads y jugosas sumas de dinero en efectivo.
Hasta ahora se sabe que los target eran el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder y, el jefe negociador, Humberto de La Calle, así como 50 alcaldes del país. Como si fuera poco, la cadena Univisión reveló que miles de correos entre las FARC y periodistas fueron interceptados. Quien escribe intercambió una decena de e-mails con voceros de esa guerrilla para llevar a cabo una serie de entrevistas en la Habana de próxima publicación, bajo el precepto de que las FARC son una fuente cualquiera y asumiendo que en Colombia hay libertad de expresión. Pero, otra vez, la historia en Colombia prueba que el ejercicio de la libertad de expresión es peligroso.
Las reacciones han sido numerosas y predecibles. La palabra “fuerzas oscuras” volvió a salir a la palestra pública en boca de Santos, aunque se sepa que el uribismo y los militares retirados, entre otros, están en contra de la salida negociada a la guerra. Tras la destitución de dos funcionarios del Ejército, el jefe de inteligencia general Mauricio Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia, general Jorge Zuluaga, se repitieron las promesas vacías de “investigaciones internas hasta las últimas consecuencias.” La Red de Veedurías ciudadanas de Colombia (Redver) pidió que la Fiscalía investigue tanto al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como al general del Ejército, Juan Pablo Rodríguez. En los siguientes días Santos reculó, y resulta que todavía debatimos si la cosa era legal o ilegal, mientras la prometida entrega de resultados para el 15 de febrero no tomará menos de tres meses, en los que la Fiscalía debe evaluar el contenido de 26 dispositivos entre computadores, USB y discos extraíbles. Esperemos que este caso no quede en manos de la justicia penal militar.
“Se necesita estar ciego para no ver que el propósito de esa actuación ilegal de los enemigos de la paz es hacer explotar en mil pedazos el proceso de La Habana,” dijeron por su parte las FARC.
Lo que realmente aturde es que esas ruedas sueltas dentro del estamento militar (entre las que se han identificado oficiales retirados) vuelvan a hacer uso de herramientas ilegales, cuando legalmente se sigue combatiendo—en la Habana hay unos diálogos pero el ruido de las balas en Colombia no cesa. Nunca se ha llegado a un acuerdo de cese al fuego bilateral.
Le haría bien al proceso que el Ejecutivo mostrara su verdadero nivel de control sobre la totalidad de esas fuerzas armadas que se sentaron a la derecha del presidente aquel día que anunció los diálogos al país, que reconociera que las fuerzas oscuras están en su propio patio trasero e hiciera una limpieza real, y que la inteligencia del Ejército dejara de seguir violentando a la oposición política con operaciones psicológicas propias del macartismo.
De seguir así, en ningún contexto las FARC se van a desmovilizar. No para que las maten otra vez como en tiempos de la Unión Patriótica. Con las ‘chuzadas’ como telón de fondo, será muy difícil verlas haciendo política.
