Veinte (20) meses después de que aviones colombianos bombardearan la frontera con Ecuador—lo que dio al traste con las relaciones diplomáticas entre ambos países andinos—una serie de nombramientos y acciones que pretenden recomponer el diálogo, sigue sin resolver el eje sustancial de la disputa en la que se acusa a Colombia de haber violado la soberanía y la integralidad territorial ecuatorianas, tras la incursión militar en Angostura que terminó en la muerte de 26 personas entre ellas el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes.
Desde que a fines de septiembre se trazó en Nueva York la “hoja de ruta” en la que los cancilleres Fander Falconí de Ecuador, y Jaime Bermúdez de Colombia se comprometieron a dar pasos para recomponer las relaciones, se reintegraron las comisiones de negocios, se reactivó la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos (COMBIFRON) y se prometió nombrar agregados militares antes del 11 de diciembre para combatir la inseguridad y el narcotráfico en la conflictiva frontera común de 586 kilómetros.
La designación de embajadores y una eventual reunión entre los presidentes Álvaro Uribe de Colombia y Rafael Correa de Ecuador, no obstante, quedan todavía en el manual de buenas intenciones. Y es que a pesar del impulso de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter en la conformación de un Comité que trate los “temas sensibles”, éstos alcanzaron incluso las cortes internacionales: Colombia enfrenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla durante el bombardeo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó el 29 de marzo de 2010 como plazo final para que Colombia responda a la acusación de Quito sobre los efectos nocivos de las fumigaciones en la frontera. Cómo si fuera poco el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos y el general Freddy Padilla fueron vinculados por un Juez de Sucumbíos como autores intelectuales del bombardeo de Angostura. Aunque las peticiones de extradición y orden de captura contra ambos funcionarios fueron revocadas, aún se esperan que se notifiquen ante el consulado ecuatoriano en Colombia.
Si bien la reciente cumbre de La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que tuvo lugar el pasado viernes en Quito, diseñó una estrategia regional de Defensa y Seguridad para intercambiar información sobre la situación militar en la región—alterada por la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas—la ausencia del Canciller Bermúdez dejó muchos temas en el tintero como el espionaje en las fronteras. Tema que en el caso de Ecuador, sacó a la luz el proyecto “Salomón”, que habría incluido actividades de inteligencia en embajada y consulados ecuatorianos en Colombia desde 2008.
Para este blog, entrevisté a Arturo Torres, reconocido periodista ecuatoriano y autor del libro El juego del camaleón: Los Secretos de Angostura, quien publicó hace dos semanas la cuarta edición, corregida y aumentada de su brillante investigación. Después de la lectura de diez libros, más de 2.000 documentos y entrevistas a 70 fuentes en ciudades de tres países diferentes, Torres publicó una de las piezas más serias sobre esta crisis binacional y la penetración de las FARC en Ecuador.
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Manrique: Ecuador quiere reactivar dos destacamentos fronterizos para potenciar sus 11 mil efectivos en la frontera. ¿Cómo es realmente esta presencia militar, hay más tropas ecuatorianas que colombianas, qué funciones cumplen?
Arturo Torres: Las Fuerzas Armadas ecuatorianas mantienen controles permanentes en la frontera, a través de patrullajes sectorizados. En este sentido hay una vigilancia constante en el sector limítrofe, pero no tan eficaz, por dos motivos: las limitaciones tecnológicas y la extensión inmensa de la frontera. La eficacia del control en esa zona selvática debería contar con espionaje satelital, puesto que el alcance visual es muy limitado. En el lado colombiano no hay presencia efectiva, sino esporádica, las FARC aún tienen el control de mucho territorio, con la complicidad de los campesinos cocaleros.
Manrique: Se estiman una docena de campamentos de las FARC con unos 1.800 guerrilleros en la frontera. ¿Esta presencia se ha incrementado o reducido después del bombardeo o es una presencia histórica la de las FARC en la región?
AT: Ha existido un repliegue, pero esa cifra se mantiene, más o menos, en el cordón limítrofe.
AQ: Hay una publicación del diario El Universo en donde se habla de “fuentes humanas” ecuatorianas que se infiltraron entre 2005 y 2008 en las FARC. En su libro se menciona con más detalle el papel de los dobles agentes como alias “Pirata” y Franklin Aisalla (muerto en el bombardeo). ¿Hasta dónde se logró infiltrar a las FARC y cuántas recompensas se pagaron por la muerte de Raúl Reyes?
AT: Desde 2002, las FARC fueron infiltradas a todo nivel: desde las estructuras de apoyo (simpatizantes, amigos), hasta las operativas y de mando. El sistema de recompensas ha sido muy eficaz y letal para la guerrilla, así como el sistemático seguimiento de los cuerpos de inteligencia de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. El Gobierno colombiano ha revelado cifras oficiales, lo cual no incluye otros gastos reservados, que difícilmente se conocerán. Luego del bombardeo de Angostura se conoció que el gobierno colombiano pagó 5.000 millones de pesos a informantes claves. Desde enero de 2007, se desembolsaron 11.580 millones de pesos para pagar a informantes y colaboradores en golpes contra las FARC. Para capturar a Simón Trinidad, Colombia pagó 820.000 dólares a los informantes, y para detener a Rodrigo Granda, 1.500.000 dólares.
AQ: Algunos apuntes del informe de la Comisión de Transparencia y Verdad que investiga el caso Angostura (que por cierto lleva cuatro meses de retraso en la entrega de su informe final) hablan de Ecuador convertida en una narcodemocracia, ¿le parece un término acertado?
AT: Estamos en la ruta hacia la narcodemocracia, sin ninguna duda. Los controles para los fondos que ingresan a las campañas presidenciales son muy débiles, es muy fácil que entre dinero sucio del narcotráfico o del crimen organizado. Luego, la verificación del organismo electoral está limitada por los intereses políticos del gobierno de turno. Es un ente muy mermado para imponer sanciones, no es independiente.
AQ: ¿Como periodista ha tenido presiones o persecuciones por publicar estos temas?
AT: Persecuciones “silenciosas”: Espían mis correos, tengo pinchados mis teléfonos. Tienen un perfil de mis cuentas, créditos, tarjetas. Mis contactos y fuentes están tratando de ser ubicados.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a americasquarterly.org. Es periodista Colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
