Es lógico. El único interlocutor válido para resolver el conflicto desatado por la presencia de grupos armados y fuerza pública en territorio Indígena de los Nasa-Páez en el norte del Cauca, es el presidente Juan Manuel Santos. Mesas temáticas, delegados ministeriales, despliegue de fuerza pública, son medidas además de controversiales, inútiles. La presencia de ONGs internacionales y los informes de los relatores de derechos humanos sobre la situación de los pueblos Indígenas, respaldan el proceso y lo blindan pero terminan siendo insuficientes porque el estado colombiano no se anima a reconocer lo que la Constitución del 1991 le dio a estas comunidades: Autonomía.

Ni el estado ni los grupos armados, valga decir. Porque allí donde hay tierra, rica y próspera, desplazar y acabar con las comunidades a quienes les pertenece, es el mejor método para dar paso a los monocultivos o el narcotráfico. Da igual. Aunque en apariencia lo primero es legal y lo segundo no, para las comunidades Indígenas la defensa del territorio pasa por la defensa de la siembra, de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, de esa riqueza autosostenible que no se puede reducir a los biocombustibles o a la coca. Y eso que esa última también es sagrada para ellos aquí como en Bolivia, aunque su producción no está regulada ni mucho menos permitida por el Estado colombiano como en Bolivia. Para los Nasa-Páez, la segunda comunidad Indígena más numerosa del país, unos 130.000 miembros, hay mucho más que defender y aunque no se reduce a una palabra es la que más carga política e histórica tiene: Autonomía.  

Esa defensa del territorio ha sido pagada con un precio altísimo. Con ocasión del ”Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas por la defensa de la Madre Tierra” que se lleva a cabo en Popayán desde el pasado 10 de agosto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló unas cifras que parecen números fríos pero que dan cuenta de una realidad que sale a la palestra pública cada vez que en masa los Indígenas protestan, bloquean vías, o como sucedió en julio pasado—origen del conflicto actual—expulsan a los armados (legales o ilegales) de sus tierras.

Varios hechos vergonzosos marcaron la jornada electoral del pasado 14 de marzo: Compra de votos en al menos ocho departamentos según denuncias de la Misión de Observación Electoral de la OEA; 28 senadores y 21 representantes a la Cámara elegidos pese a sus vínculos filiales o políticos con condenados por parapolítica e incluso muchos de ellos mismos con investigaciones en curso por diversos delitos; retardos en la entrega de resultados que significan que sólo hasta el 19 de julio sabremos como estará conformado oficialmente el Congreso (sí, un día antes de su posesión); cinco días en ascuas para conocer el candidato presidencial por el Partido Conservador que finalmente será Noemí Sanín; investigaciones abiertas a la firma UNE encargada del conteo de votos y hasta al mismo Registrador Carlos Ariel Sánchez por haber supuestamente ingerido licor el día de elecciones …

En Colombia hace rato que el término fiesta democrática se ha convertido en un eufemismo para significar que sin duda muchos hacen ‘fiesta’ el día de elecciones, pero entre los celebrantes no está ni el votante, ni mucho menos la democracia. Que un partido desconocido como el PIN (Partido de Integración Nacional) haya obtenido casi un millón de votos, colocando ocho senadores e igualando a fuerzas tradicionales como Cambio Radical y el Polo Democrático, que más allá de simpatías partidistas de izquierda o derecha, llevan años de trabajo parlamentario en el país, dice mucho de nuestras libertades electorales.

The bill introduced on Thursday by the Liberal Party and backed by the opposition, including the Polo Patriótico party, would fund up to 40 percent of campaign expenses for parties that include more women on their political lists. Five percent of those funds would be distributed according to the exact number of women elected.

The first debate over this bill and the newly introduced law on political reform has placed both the Liberal Party and opposition in agreement that the existing Law on Quotas is insufficient. It provides increased funding if a party puts forward a list with more than 30 percent female candidates, but only 10 percent of women actually participate.

But opposition to the bill exists. For example, Senators Armando Benedetti (La U) and Luis Fernando Velasco (Liberal Party) argue that the percentage of women should not be raised beyond the current levels.

If passed, this would be the first step toward a potential constitutional reform that would introduce a 50 percent female requirement for the Senate and Chamber of Deputies, a considerable advancement for female legislative representation in the Americas.