Los entusiastas de los diálogos recibimos con optimismo—y siempre cautela—las noticias de la última semana: la Unión Europea reconoció a Palestina como Estado, Cuba y EEUU restablecieron sus relaciones diplomáticas después de 55 años de “guerra fría,” y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) declararon un cese al fuego unilateral e indefinido.
Decisiones audaces y polémicas, que siempre necesitan veeduría, pero que envuelven ánimos de ensayar nuevos métodos a la hora de solucionar diferencias. Desde que el gobierno de Colombia se embarcó en los diálogos con las FARC hace casi dos años y medio, muchas decisiones han sido controversiales, comenzando por el proceso de paz mismo—que tiene enconados contradictores, como el senador y ex presidente, Álvaro Uribe. Cada año que comienza—o cerca de cada elección—el presidente Juan Manuel Santos promete una firma de paz inminente. ¿Será que el 2015 le da la razón?
El año pasado también hubo una tregua de las FARC, aunque limitada a un mes durante las fiestas de fin de año. Según la Defensoría del Pueblo, fue entonces violada en tres ocasiones con ataques a la fuerza pública. Y ese es el meollo del asunto: las concesiones de las FARC en el terreno militar se reducen al ataque, no a la posibilidad de “legítima defensa.” Una tregua no es un desarme, ni una concentración de combatientes en una zona desmilitarizada (vieja fórmula de los diálogos del Caguán durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana). Si no es decididamente bilateral, no obliga a la otra parte a no usar las armas; y el gobierno colombiano ha sido clarísimo en que nunca renunciará a su deber de defender a los ciudadanos. Y finalmente, necesita verificación, la que también es generalmente implementada en medio de un armisticio.
La víspera de la tregua (19 de diciembre), las FARC mataron a cinco militares en el departamento del Cauca y todavía el Ejército sigue buscando a un soldado desaparecido. Es la vieja táctica de la guerrilla: mostrar poder militar antes de mostrar voluntad de paz. En adelante, si las fuerzas militares aprovechan esa concesión de las FARC para atacarlas, la tregua será violada en instantes, y con ello vendrá toda la crítica de sectores opuestos al diálogo. ¿Hay una fórmula exitosa? Si no hay desarme, el escenario bélico es una bomba de tiempo; un desarme es el fin último de los diálogos—aunque no sabemos qué tan cerca estamos.Tras casi 60 años de conflicto de tan profundas raíces, es difícil que una paz se firme en cortos plazos—dos años es mucho o nada, depende de quien lo mire—o sólo con dos partes involucradas. Estratégicamente, los negociadores han entendido que la participación de la sociedad es vital y que la refrendación de los acuerdos necesita un mecanismo popular: Santos sugiere referendo, las FARC piden Asamblea Constituyente.
A la fecha, ya un total de 60 víctimas de distintos actores del conflicto—guerrilla, paramilitares y Estado—han viajado a la Habana, han repetido sus historias de dolor, y han mirado frente a frente a sus victimarios. En el último grupo que viajó a mediados de diciembre, estaba incluso la polémica activista y exsenadora, Piedad Córdoba, quien fue destituida de su curul por sus supuestas relaciones con las FARC. También estaba Leiner Palacios, en representación de las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó, en la que murieron 73 civiles cuando la guerrilla lanzó una pipeta de gas a una iglesia para “defenderse” de los paramilitares. Las FARC pidieron perdón por estos hechos, pero aun meses atrás cuando los entrevisté en La Habana, no se hacían responsables.
Tres acuerdos han sido firmados y hechos públicos en temas como agro, participación política y drogas ilícitas, y todo ello dice algo concreto: las partes están sentadas en La Habana con el firme propósito de encontrar una salida negociada al conflicto. No parece que haya algo que a este momento de las conversaciones permita acabarlas; ni el mentado (y todavía inexplicado) secuestro del general Rubén Alzate condujo a ello.
¿A dónde vamos en 2015? Temas como el cese al fuego bilateral, la aprobación de la ley de justicia transicional, los mecanismos de refrendación de los acuerdos, la reparación a las víctimas, y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarán en el debate público nacional. Todo ello en medio de las elecciones regionales, en que las fuerzas políticas impondrán sus candidatos no solo en las grandes ciudades, sino en lugares controlados por grupos armados, mafia y narcotráfico, donde todavía la palabra “Estado” parece un chiste bogotano. De la forma como se involucren esos actores regados por toda la geografía nacional, depende mucho la paz. Con suerte en 2015, la palabra posconflicto (que no es paz) cobrará su verdadera dimensión.
