Tenía que sucederle a un personaje público para que en El Alto—y en el país—se arme la grande. Y sucedió. Verónica Peñasco, jefa de prensa de radio San Gabriel en El Alto y su hermano Víctor Hugo, también periodista, fueron asesinados la semana pasada por los llamados “cogoteros”. Ladrones que estrangulan a sus víctimas en pequeños buses de transporte público ("minibuses") o taxis. Una práctica que en esa populosa ciudad boliviana ha llevado a conformar incluso una organización civil de “víctimas de los cogoteros”. Sólo el año pasado han muerto 80 personas de ese modo. Ahora la gente pide “¡Pena de muerte!”

No es la primera vez que en El Alto los vecinos protestan furibundos ante la inseguridad ciudadana. Hace ya varios años que el debate se abrió a raíz de los linchamientos sucedidos en todo el país, pero sobre todo en El Alto, a nombre de la llamada “justicia comunitaria”. Era, claro, un pretexto para de alguna manera legitimar la “justicia por mano propia” que nada tiene que ver con la justicia comunitaria digamos “originaria” que tiene otra lógica y que no contempla la pena de muerte (aunque hay datos antropológicos excepcionales, muy antiguos)

El caso es que los vecinos de El Alto están hartos de la delincuencia. Y no es para menos. Porque pobre que es robado multiplica el agravio y la protesta. Porque en El Alto cerca del 80 por ciento de la gente es pobre que vive con $2 al día. De hecho, según la “primera encuesta de victimización, prácticas y percepción sobre violencia y delito" realizada por un importante centro de investigación boliviano (PIEB) El Alto es donde más hogares pobres son atacados por la delincuencia: “la proporción de hogares pobres victimizados representa el 75 por ciento del total, mientras que los hogares de estratos altos víctimas de robo representan el 4 por ciento”. 

En El Alto te matan por robarte un teléfono celular, 30 pesos ($4) o tus zapatos. Y los ladrones capturados infraganti mueren quemados en la calle por intentar robar una garrafa de gas.

El Alto es una ciudad hecha de migrantes pobres que vienen del campo y las minas en busca de trabajo. Ya van por lo menos tres generaciones de nacidos en El Alto pero el comandante regional de la policía alteña acaba de decir que el 70 por ciento de su población sigue siendo migrante. Y le creo. Porque El Alto sigue creciendo y hace rato que ha superado el millón de habitantes. Y si antes los alteños “bajaban” a la ciudad de La Paz a trabajar, ahora no es necesario. Primero porque El Alto ha desarrollado su propia dinámica económica. Y segundo porque simplemente no hay empleo. El 80 por ciento de éste es informal y colma las calles de El Alto y La Paz de vendedores ambulantes, si tienen suerte.

Tanto los vecinos como las propias autoridades señalan como causas de la delincuencia en El Alto: la extrema pobreza y el desempleo. Dos realidades, ya no datos, que se gritan hoy mismo en las calles de El Alto, ante la sordera del gobierno del presidente Morales que parece vivir en otro país pues las cifras que presenta son siempre distintas y positivas y cree que el asunto se soluciona con más policías que, dicho sea de paso, tampoco hay.

Mientras tanto, hoy que El Alto está de aniversario, los vecinos en las calles piden pena de muerte. Están hartos y saben protestar.