Colectivos de colombianos por la paz insisten en salida política negociada al conflicto.
Desde que el día de su posesión presidencial Juan Manuel Santos aseguró que “las llaves de un proceso de negociación no están perdidas”, varios sectores en Colombia han manifestado su optimismo por un cambio de discurso que, durante los ocho años de gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, sólo pronunció la palabra guerra.
Pasar a la historia como el presidente de la paz, ha sido el anhelo de muchos mandatarios en el país, aunque con resultados poco alentadores. El deseo de Santos no es la excepción a la regla. “Después de la aparición de las llamadas economías emergentes compuestas por el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Santos quiere que Colombia figure en el concierto internacional como una potencia emergente. Para que eso ocurra debe dejar de ser un país en guerra”, asegura el congresista Iván Cepeda, hijo del asesinado líder de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda, por cuya muerte el estado colombiano fue condenado ante la CIDH.
Cepeda participó en el encuentro internacional “Haciendo la paz en Colombia”, realizado en Buenos Aires a fines de febrero, que reunió a colectivos nacionales e internacionales que buscan poner fin a cerca de cinco décadas de conflicto en Colombia.
Pero, ¿en qué han cambiado las condiciones para que los ánimos de una salida política negociada al conflicto de 50 años finalmente prosperen? Si bien Santos le coquetea a la idea de la paz, también ha sido claro en que esta “no será a cualquier precio” y que no conversará “con quienes se niegan al diálogo desarmado”. Y es precisamente el desarme antes de diálogo el elemento más complejo para construir confianza entre las partes.
”No hay un proceso de paz en el que no hayan sido eliminados los interlocutores, y el caso mas ejemplar es el genocidio de la UP”, dice Cepeda en referencia a la fuerza política compuesta por desmovilizados de las Farc que en 1984 pretendían reintegrarse a la vida civil y fueron asesinados sistemáticamente. “En Colombia no puede haber un proceso de doble agenda donde se quiere la paz pero se profundiza el conflicto, las partes deben manifestar una voluntad política transparente”, añade el Senador Cepeda quien además es miembro del Colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), movimiento liderado por la ex senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba.
En septiembre del año pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó de la función pública por 18 años a Córdoba, “por colaboración con las Farc”, decisión sobre la que la ex parlamentaria pidió una acción de nulidad ante el Consejo de Estado que sigue en revisión. La reconocida mediadora en la liberación unilateral de más de 15 secuestrados que estaban en poder de esa guerrilla, mostró en el marco del Foro dos videos en que las guerrillas de la FARC y el ELN manifestaron su voluntad de diálogo.
En uno de ellos, el actual comandante de las Farc Alfonso Cano, sostuvo que son cinco puntos a discutir en una agenda de negociación: Modelo económico, distribución de la tierra, Derecho Internacional Humanitario, prisioneros de guerra y la creación de lo que llamo “un sistema de convivencia democrático”, en el que “todos podamos participar y cerrar los espacios a esa práctica histórica de la oligarquía colombiana de acometer el crimen como un arma política para silenciar los adversarios”.
Por su parte el vocero del ELN, alias Gabino habló de “ocho premisas de sentido común”, en las que se destaca el “compromiso por el respeto al DIH” (es decir el no involucramiento de civiles en el conflicto y el abandono de prácticas condenadas a nivel internacional como el secuestro, la toma de rehenes y el reclutamiento forzado de menores), la no inculpación de las víctimas y la necesidad de reconocer el conflicto como primer paso para resolverlo. “Seguir deformándolo y presentándolo como un estallido terrorista es cerrar la puerta de la paz”, aseveró Gabino.
“Es la primera vez que las guerrillas se dirigen a un espacio de la sociedad civil como Colombianos y Colombianas por la paz”, aseveró optimista Córdoba, cuya labor al frente del colectivo ha sido realizar un trabajo persuasivo y pedagógico para convencer a la opinión pública de que la salida militar no debe avanzar. “Si los medios de comunicación antidemocráticos siguen siendo la caja de resonancia de todos los enemigos de la paz en Colombia, y persiguiendo y satanizando a quienes consideran terroristas porque hablamos de paz, nuestro camino será más largo”, apuntó Córdoba.
La Senadora no obstante mostró su preocupación por lo que llamó “un conjunto de degradación humanitaria de cosas que nos avergonzamos, no porque las hayamos hecho, sino porque no hemos sido capaces de impedirlas y por eso levantamos nuestra voz contra la guerra”. Se refirió así a la existencia en el país de fosas comunes, hornos crematorios, cinco millones de refugiados internos y “siete mil presos políticos en condiciones infrahumanas, algunos enfermos terminales que por ser excombatientes se les violan sus derechos humanos en las cárceles”, comentó Córdoba.
El Gobierno por su parte ha insistido en que las cifras son “infladas” por la oposición (en el tema de desplazados reconoce oficialmente a 3.7 millones de víctimas) y sostiene que no dará el calificativo de prisioneros políticos a “terroristas que se han ensañado contra la población civil”.
El mundo por la paz de Colombia
Su labor al frente de Colombianos y Colombianas por la paz se ha replicado en colectivos de esta índole en todo el mundo, compuestos principalmente por colombianos exiliados o refugiados. Europeos y Europeas por la paz hace lobby para sacar al ELN y las FARC de la listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea. “Si la UE quiere ayudar a distensionar el conflicto, debería empezar por ahí. Las guerrillas no tienen nada que ver con las torres gemelas ni con el 11S”, dijo al respecto el ex ministro Camilo González Posso.
En Estados Unidos el acercamiento es con el Partido Demócrata que ha sido el gran objetor de la aprobación de un TLC sin la reducción de los crímenes contra sindicalistas. “Como Estados Unidos tiene la facultad de desertificarnos o no por la lucha contra las drogas, debería usar un parámetro igual para “certificarnos” en la consecución de la paz”, agregó Posso.
También existe el colectivo Latinoamericanos/as por la Paz de Colombia cuya principal bandera ha sido erigir a la UNASUR como un escenario para pensar en una solución regional del conflicto colombiano, teniendo en cuenta que es el único que existe en la región. En su momento, el secretario de la UNASUR, el fallecido expresidente argentino Nestor Kirchner, quiso ser un garante de las liberaciones de secuestrados. Brasil y Venezuela también han querido ejercer como mediadores en estos procesos e incluso en el vecino país se inaugurará un capítulo de CCP el próximo 31 de marzo.
El consenso nacional
“Si bien hay un consenso internacional indiscutible y entusiasmo con el nuevo gobierno, creo que la línea fundamental es la misma: Silenciar los gestos humanitarios (liberaciones unilaterales) y ordenar matar a todos los comandantes (de las Farc). El gobierno debe tener gestos”, observó por su parte Carlos Lozano, vocero del partido comunista y director del periódico Voz, en referencia al operativo ordenado por el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para cercar a Alfonso Cano en momentos en que las FARC estaban en el proceso de liberar unilateralmente a dos secuestrados, el mayor de la Policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel.
“Las FARC y el ELN han reestructurado los cuadros dirigentes que perdieron, así que el conflicto va a seguir y el único camino es el diálogo. Hay que lograr que ese supuesto 80 por ciento que apoyaba a Uribe tenga una nueva tónica a favor de la paz”, agregó Lozano.
La política de seguridad democrática de Uribe al tiempo que permitió la extinción de la plana mayor del Secretario de las Farc, promovió la desmovilización de paramilitares hoy reciclados en nuevas estructuras conocidas en el país como las BACRIM, Bandas Criminales.
El Informe Anual sobre Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, asegura que en 2010 las masacres aumentaron en 40% por cuenta de la acción de estos grupos, con un saldo de 179 muertos. Las víctimas de esas bandas son en su mayoría líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Según la Defensoría del Pueblo, también han aumentado las amenazas contra desplazados, sindicalistas y maestros. Aunque las autoridades aseguran que son bandas delincuenciales y dispersas, estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris, encontraron que algunas como el Comando Al Sur (CAS), resultado de la unión de los Rastrojos y los Paisas, ya cuentan con varios frentes que siguen un manual de operaciones explícito.
“Lo que hubo fue franquicias de narcotraficantes que posaron como paramilitares. Se extraditaron a los líderes, pero no se atacaron las estructuras y el proceso se hizo de espalda a las víctimas”, apunta por su parte Gloria Ramírez, senadora del opositor Polo Democrático Alternativo. “Las desmovilizaciones son fruto de un proceso que no fue transparente ni se hizo a la luz de todos y muestra del pensamiento de Uribe que con tal de mostrar que las cosas le están saliendo no le importaba mentirle a la país”.
Por revelaciones de Wikileaks y confesiones de ex combatientes se conoció que la desmovilización de bloques enteros en 2003 y 2006 fueron montajes realizados por el gobierno para aumentar sus resultados operacionales. Es decir que quienes estaban entregando las armas, no eran reales miembros de grupos armados, sino pandilleros, desempleados e indigentes reclutados a última hora con la promesa de obtener los beneficios de la reinserción.
“La presión sobre las fuerzas militares no ha sido poca”, asevera por su parte Gabriel Conde, ex oficial de la Armada Nacional. “No somos los peores enemigos de la paz, porque somos quienes damos la batalla y ponemos los muertos. Hay un poder económico, mafioso y empresarial que claramente se beneficia con la guerra”, agrega mientras pide que las fuerzas armadas no sean simples espectadores sino que se les incluya en las negociaciones. “Si las llaves de la paz no están pérdidas, ojalá el gobierno de Santos las encuentre pronto y abra la puerta del diálogo”, puntualiza.
*Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y fellow de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF) y del Dart Center for Journalism & Trauma.
Todos los testimonios aquí citados fueron recogidos en el marco del Foro: Haciendo la Paz por Colombia llevado a cabo en Buenos Aires del 21 al 23 de febrero de 2011.
