“Pese a casi dos años de reflexión y discusión, los países de la región llegaron sin un acuerdo a la Asamblea General de la OEA convocada para definir el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. Así encabezaron distintos medios de comunicación su cubrimiento de la maratónica reunión de cancilleres realizada el 22 de marzo en Washington DC.
Esta presentación, sin embargo, no captura del todo su compleja realidad. En primer lugar, si bien es cierto que no existía acuerdo total en todos los países, es innegable que existía una inmensa mayoría que consideraba que la CIDH había respondido satisfactoriamente sus dudas y que, por tanto, querían dar por terminado este largo proceso.
Por el contrario, en una posición aislada y minoritaria, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (los llamados bloque Alba), pese a que sus propuestas habían sido derrotadas, insistían en mantener abierto un debate sobre las funciones y límites del órgano de derechos humanos. No existía entonces un riesgo de división hemisférica. Se trataba de un grupo radical y minoritario frente a un amplio consenso regional.
En segundo lugar, la entrada no da cuenta de que a esta posición se llegó tras un gran esfuerzo. No hay que olvidar que en la Asamblea General de Cochabamba las tímidas voces de defensa de la CIDH de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica fueron literalmente acalladas por la euforia colectiva de un grupo de países que pedía a gritos una reforma. Fue gracias a que la prensa independiente y la sociedad civil de las Américas, que se dieron a la tarea de defender al sistema de protección del juego político de conveniencia de los gobiernos, que se llegó a esta posición mayoritaria del viernes. Los progresistas y protagónicos discursos de los cancilleres en la Asamblea General guardan muy poca relación con los ataques de hace no muchos meses.Al final de día se optó por la típica y confusa salida del consenso multilateral. Atrincherado en su posición, el Grupo Alba recurrió al chantaje: “o se aprueba que mantengamos abierto el proceso, o nos retiramos del sistema”. Casi al punto de una votación que les auguraba una contundente derrota, Argentina le tiró un salvavidas al Alba y se decidió por aclamación una propuesta que dará a interpretaciones contradictorias: el proceso se cierra, sin perjuicio de que se sigan discutiendo temas centrales del funcionamiento de la CIDH, para lo cual se podrá acudir a “todos los aportes realizados por los Estados Miembros, los órganos del SIDH y la sociedad civil a lo largo del proceso de reflexión”.
No es empezar de nuevo. El proceso de reflexión abierto en Cochabamba está a todas luces cerrado y la experiencia de estos meses demostró a los Estados que las propuestas de debilitamiento del sistema encontrarán una férrea oposición en una sociedad que valora lo que hoy por hoy parece ser el único atractivo de la OEA.
Pero mantener la discusión abierta será costoso para todos los involucrados. “Los países no somos los dueños del sistema interamericano, simplemente somos sus guardianes, los verdaderos dueños son las víctimas y los usuarios”, resaltó el embajador canadiense en una de sus intervenciones en la Asamblea. Pero con la ambigua decisión del viernes esos guardianes podrían continuar invirtiendo su rol, lo cual mantendría a los usuarios y víctimas en una posición permanente de defensa.
¿Quién ganó, quién perdió? ¿Qué tanto se fortaleció o debilitó el sistema de derechos humanos? Son preguntas que hoy muchos contestan de manera enfrentada. Ecuador pregona una victoria monumental contra uno de los instrumentos del imperio. Otros países señalan que el sistema se fortaleció y es hoy en día más eficiente, transparente y abierto a la colaboración con los Estados. Un tercer grupo, representado por organizaciones de la sociedad civil, resalta que el proceso traerá consecuencias negativas. Como ejemplo señalan que tras la reforma impulsada por la propia Comisión, las medidas de protección del sistema interamericano (las medidas cautelares) terminaron siendo las más reguladas y difíciles de solicitar del mundo si se compara con las de Naciones Unidas o las de otros sistemas regionales. Finalmente, otros, como el presidente de la Corte Interamericana, apuntan que nada pasó, pues nada iba a pasar, como es costumbre en la OEA.
Sin importar desde donde se juzgue, el proceso tuvo costos y tendrá consecuencias en un sistema que por acomodar la exigencias de cuatro gobiernos puede debilitar la protección de las garantías fundamentales de más de 988 millones de personas. Y quedan, además, muchas lecciones políticas.
La primera de ellas es que los foros de discusión subregional como la Celac, el Unasur y Mercosur, a pesar de su naturaleza repetitiva y confusa, son plataformas de decisión política con una gran capacidad para moldear acuerdos de impacto regional. En medio día de discusión en estos foros, algunos países lograron avanzar propuestas que hubieran tardado meses de discusión en el Consejo Permanente de la OEA. A ellos se volverá a recurrir y no solamente para temas de derechos humanos.
Una segunda lección confirma que el desinterés de los Estados Unidos por la política de este hemisferio ha sido capitalizado por distintos liderazgos y poderes emergentes. El Alba fue el motor de la discusión y para ello usó las plataformas subregionales, pero fueron en últimas Brasil y México los que marcaron la pauta de la discusión. Con una fina diplomacia México logró ganar una legitimidad y confianza que no lograron otros a través de la presión y el chantaje. Pero se vio, a su vez, limitado por no participar de las discusiones que se cocinaron en Mercosur y Unasur.
Esto deja a Brasil como el gran ganador de esta apuesta: fue quien inició todo el proceso, lo impulsó cuando quiso y lo detuvo cuando le fue conveniente. Al final estuvo con la mayoría, pero sin cerrarle las puertas al Alba. Se convirtió en el gran protagonista de la Asamblea General, presentó un candidato a la CIDH que se da ya como virtualmente elegido, y su Canciller suena desde ahora como el más fuerte candidato a suceder al Secretario General José Miguel Insulza. Todo esto, a pesar de un hecho que hoy ya casi todos olvidan: Brasil ni siquiera tiene embajador ante la OEA, pues lo retiró para presionar el inicio de este proceso de reflexión.
