Este artículo está adaptado de la edición impresa de AQ sobre la paz y oportunidad económica en Colombia | Read in English
Los vendedores de una feria de café que se llevó a cabo en julio sobre una cancha de básquetbol en el pueblo colombiano de Algeciras ofrecían fertilizante y fumigadores portátiles. Unos compradores especializados de café estadounidenses pasaron por una cata, oliendo y sorbiendo 60 variedades del grano que crece en las lomas aledañas de los Andes. Hubo conferencias y discursos, un desfile y un asado de cerdo.
Era una escena prosaica. Para muchos de los asistentes a la feria, la mejor parte del evento era tomarse selfies con una figura familiar: el cafetero bigotudo y de sombrero conocido como Juan Valdez. Lo único que creaba algo de suspenso era saber quién ganaría la competencia de podar césped y se quedaría con el primer premio, una podadora Husqvarna naranja.
Compradores de café prueban el producto en Algeciras
Pero, para los habitantes de Algeciras, durante mucho tiempo un campo de batalla entre guerrilleros marxistas y tropas del gobierno enfrentadas en una guerra que finalmente terminó el año pasado, el evento era más que una distracción pintoresca de fin de semana. De hecho, era la primera feria de café que organizaban. Y fue una prueba incontrovertible de que su pueblo de 20.000 personas puede que por fin esté saliendo de un capítulo violento y oscuro de su historia.
“Vinimos aquí porque vimos un cambio de 180 grados”, le dijo Roberto Vélez, el director general de la Federación Colombiana de Cafeteros, a una multitud de unas 500 personas. “Hoy, la gente de Algeciras tiene más oportunidades para salir adelante”.
Con seguridad, lo que determinará el destino del aún joven proceso de paz de Colombia es si Algeciras, así como otros cientos de lugares destruidos por la guerra, logran en efecto avanzar en su desarrollo, prosperidad y seguridad.
El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (conocidas como FARC), acabó con un conflicto de 52 años que cobró la vida de 220.000 personas. Las provisiones del acuerdo en las que la fuerza rebelde acordó entregar sus armas, a cambio de luego entrar a la política tradicional, son las que han acaparado mayor atención internacional. Pero el acuerdo también compromete al gobierno transformar zonas rurales a través de una reforma agraria, ainvertir en obras públicas y a fomentar el desarrollo económico en las mismas zonas olvidadas y empobrecidas en las que surgió el grupo marxista en la década de 1960.
“Estas zonas estaban abandonadas. No había presencia estatal”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz por haber negociado un fin al conflicto, en un discurso reciente. “Pero vamos a corregir eso”.
Desde que se firmó el acuerdo, la gran mayoría de los 7.000 combatientes de las FARC se reunieron en campamentos temporales, donde entregaron sus armas, mientras que los líderes del grupo inauguraron un partido político que planea lanzarse a las elecciones legislativas de 2018. También hay equipos de desminado que han estado muy activos en un país con la segunda mayor cantidad de víctimas de minas antipersonal después de Afganistán. Hasta ahora, han despejado de minas a 166 de las 763 comunidades en las que los guerrilleros enterraron explosivos. En varios pueblos, incluyendo Algeciras, los ataques guerrilleros, la extorsión y los secuestros son cosa del pasado. Incluso están comenzando a llegar algunos turistas.
No obstante, analistas políticos, expertos en desarrollo y algunos funcionarios del gobierno se preocupan por el ritmo letárgico que ha llevado el proceso en general. En vez de un Plan Marshall colombiano que ofrezca ayuda inmediata, los proyectos de obras públicas siguen estando, principalmente, en el tablero de planificación. En algunas áreas abandonadas por las FARC, las fuerzas armadas colombianas se han demorado en hacer presencia, lo que les ha permitido a las bandas narcotraficantes instalarse allí. Estos grupos están obligando a los campesinos a cultivar coca, la materia prima de la cocaína. Debido al creciente cultivo de coca, las Naciones Unidas estiman que Colombia produjo 866 toneladas métricas de cocaína el año pasado, la producción más alta registrada en la historia del país, 147 por ciento más que en 2010. Las preocupaciones por las drogas y la seguridad han hecho que la mayoría de compañías privadas no se animen a invertir en territorios que estaban en manos de los guerrilleros. El presidente Santos terminará su período en agosto y su sucesor podría finalmente cambiar el enfoque del gobierno hacia algo que no sea la reconstrucción del posconflicto.
“Estas son de las cosas no me dejan dormir por las noches”, dijo un alto funcionario del gobierno que hace parte de la reconstrucción del posconflicto y que pidió permanecer anónimo.
“No veo que el gobierno esté haciendo algo”, se quejó Adam Isacson de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (conocida como WOLA, por sus siglas en inglés), quien hace poco visitó varias zonas afectadas por el conflicto. “Se perdió la oportunidad”.
Un aliento de paz
Como los primeros 100 días de una presidencia, los primeros días después de que se silencien las armas pueden sentar la pauta y darles impulso a la reconciliación y a la reconstrucción nacional. Pero puede que el gobierno haya cavado su propio hoyo al haber creado una expectativa excesiva sobre un renacimiento rural. Como resultado, según dijeron los expertos, el gobierno necesita anotarse pronto algunas victorias (como un nuevo puente, o una carretera que conecte cultivos con mercados) para crear progreso y convencer a los escépticos.
Rafael Pardo, el Alto Consejero para el Posconflicto, predicó la necesidad de tener paciencia. El ex ministro de defensa de rostro impávido fue parte de una labor exitosa a finales de la década de 1980 que terminó con el desarme de otro grupo guerrillero colombiano, el M-19. Ese proceso de paz tomó años para cuajar y así mismo ocurrirá con este, según dijo Pardo.
“No podemos hacerlo todo, en todas partes, todo al mismo tiempo”, Pardo le dijo a AQ desde su oficina en el palacio presidencial. “Este es un plan de 15 años, no un plan de 15 días”.
Pardo fue uno de los varios funcionarios del gobierno que asistieron a la feria de café de Algeciras. Muchos nunca se habían aventurado a ir a este pueblo ubicado en el departamento del Huila, en el suroeste del país, a 1528 metros de altura.
Hasta hace poco, Algeciras era una zona vetada. Las montañas eran escondites perfectos para los guerrilleros de las FARC, quienes presionaban a los campesinos para que les dieran comida y procuraban dinero extorsionando a pequeños empresarios. Las autoridades del pueblo que se rehusaran a obedecer a las FARC eran obligados a renunciar. Un toque de queda impuesto por los guerrilleros implicaba que quien fuera visto por las calles de noche sería ejecutado.
El alcalde Javier Rivera, de 47 años, creció en Algeciras y recordó: “me iba a la cama sabiendo que alrededor de la medianoche habría disparos y ráfagas de ametralladora. Entonces, me preguntaba: ‘¿qué amigo o vecino acaba de ser asesinado?'”.
En el año 2000, la estación de policía, la alcaldía y el único banco del pueblo fueron reducidos a escombros cuando las FARC atacaron Algeciras con explosivos creados con pipetas de gas. El caficultor Famith Buitrago señaló su oído derecho, parcialmente sordo, el daño colateral de una granada que explotó durante un ataque guerrillero en 2005.
“Éramos como bolas de billar que estaban siendo golpeadas por todos los lados”, dijo. “Todo el mundo en Algeciras tiene una historia parecida”.
La narrativa ha comenzado a cambiar.
Una ofensiva militar de una década apoyada por Estados Unidos debilitó a las FARC y llevó a sus líderes a la mesa de negociación. Una vez que se inauguró la negociación de paz en La Habana, Cuba, en 2012, la seguridad de Algeciras comenzó a mejorar. En enero, las unidades locales de las FARC se retiraron a una zona cercana de desmovilización, donde entregaron sus AK-47 y sus pistolas y se inscribieron a entrenamientos profesionales y a cursos de equivalencia de bachillerato.
Un espacio recién construido para secar granos de café en Algeciras
Ahora, los precios de la tierra han aumentado ligeramente. Varios bancos han abierto sucursales en Algeciras y están prestando más dinero. Quienes abandonaron sus tierras están volviendo, mientras que quienes se quedaron están cultivando más café y comenzando a probar con nuevas cosechas, como aguacates. Entre ellos está Buitrago, quien construyó dos nuevas plataformas de madera para secar su café al sol y reemplazó un viejo caballo con un sistema de cableado aéreo que recoge costales de café para transportarlos a Algeciras. “Ya que la violencia va desapareciendo, tengo más incentivos para invertir en mi tierra y producir más”, dijo. “Esto es progreso”.
Las mejores intenciones
Néider Suazo es un campesino con una apuesta grande por el futuro. Después de que su padre fuera asesinado por las FARC en 1998, Suazo heredó su cultivo de café de ocho hectáreas, pero le pareció que tenía poco sentido aumentar la producción, puesto que las FARC le exigirían pagar una extorsión más grande. Pero desde que se firmó el acuerdo de paz, Suazo, con la ayuda de sus familiares, ha invertido unos 20.000 dólares para construir seis estanques para peces en su tierra en la que, además de cultivar café, ahora también cría tilapias.
Después de tirarle comida a los peces, y de que las tilapias rosadas hubieran atacado en bandada los granos, Suazo dijo: “estamos invirtiendo porque ahora podemos trabajar en paz. Ya no vienen los guerrilleros a preguntarnos en qué andamos”.
Suazo cuida a su tilapia
Estos esfuerzos individuales sobresalen como la principal evidencia del progreso del posconflicto en Colombia. Pero el gobierno de Santos está prometiendo un desarrollo relámpago de obras públicas. Algeciras, por ejemplo, fue incluido en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del gobierno. Un programa con un nombre un poco engorroso, pero que apunta alto.
El PDET está diseñado para ayudar a las 7 millones de personas que viven en los 170 pueblos en los que la presencia del gobierno en la última mitad de siglo ha sido entre escasa a inexistente. Durante los próximos 15 años, el gobierno planea gastar unos 38.000 millones de dólares (un monto enorme para Colombia) en carreteras, escuelas, hospitales, acueductos, conexiones de internet y cableado eléctrico. Además, los campesinos podrán entrar al sistema de seguridad social colombiano y podrán legalizar sus propiedades. Muchos campesinos han vivido en sus tierras por varios años pero no cuentan con títulos que pueden usarse como garantías para préstamos de bancos que les puedan ayudar a mejorar la infraestructura de sus tierras.
“Va a ser una labor exhaustiva”, dijo Mariana Escobar, la directora de una nueva entidad gubernamental que se encarga de supervisar el PDET.
Otro programa se enfocará en los productores de coca. Las FARC estaban metidas de lleno en el tráfico de drogas y muchos cultivos de coca están ubicados en territorio que era dominado por los guerrilleros. Ahora, estos campesinos recibirán un sueldo mensual de 350 dólares durante el próximo año para que erradiquen su coca y la reemplacen con cultivos de alimentos como piñas o palmitos. Para ayudarles a llevar estos productos hasta los pueblos que cuentan con mercados, el gobierno, con la ayuda de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), está diseñando vías de acceso.
El embajador estadounidense saliente, Kevin Whitaker, un defensor de alto perfil del proceso de paz, le dijo a AQ: “construir aunque sea una carretera básica en algunas de estas áreas puede ser una gran transformación al darles a partes del campo la oportunidad de realizar actividades económicas legales”.
Pero, en parte debido a obstáculos legales y problemas burocráticos, hay pocos signos de esta metamorfosis rural.
Según el acuerdo, las labores de reconstrucción en antiguas zonas de conflicto no podían comenzar hasta que los guerrilleros de las FARCestuvieran completamente desarmados, lo que no ocurrió hasta agosto. Pero un factor más grande ha sido la lentitud innata del gobierno. Incluso en grandes ciudades como Bogotá y Medellín, las obras públicas pueden descarrilarse por disputas entre entidades, recortes presupuestales y corrupción. Estos problemas se multiplican cuando el gobierno intenta desarrollar las regiones remotas que han sido ignoradas por generaciones, dijo Alex Fattal, un profesor de la Universidad Estatal de Pennsylvania y autor de un libro a lanzarse próximamente sobre las FARC.
“Hay cajones llenos de planes y proyectos. Pero la burocracia es abrumadora”, dijo Fattal. “Este es el nudo en el centro de varios nudos: la incapacidad del gobierno de operar con cualquier atisbo de agilidad”.
El riesgo de una recaída
Las buenas intenciones también se están volviendo un obstáculo.
A lo largo de Colombia, los habitantes de municipios, pueblos y comunidades indígenas se están reuniendo para determinar qué proyectos de infraestructura necesitarán bajo el PDET. Es un cambio loable que se aleja de un desarrollo desde arriba, pero la toma de decisiones comunitaria también puede ser lenta. A fin de cuentas, habrá unas 11.000 reuniones en los próximos meses. Eso quiere decir que puede que las zonas que fueron golpeadas por el conflicto no verán obreros vertiendo concreto, despejando el camino de nuevas carreteras, o colgando cables de electricidad y de internet hasta bien entrado 2018, o quizás después.
“Necesitamos hacer inversiones importantes este año”, dijo el funcionario del gobierno encargado de desarrollo que pasó varias noches en vela a causa del lento ritmo de la construcción. “Eso enviaría el mensaje de que este proceso de paz realmente está ocurriendo”.
La persistente maldición de la coca también ha frenado el progreso. Algunos productores de coca están bajo la presión de narcotraficantes para seguir cultivando la planta, mientras que otros temen que el gobierno no cumplirá sus promesas de entregar ayudas para reemplazar la coca con cultivos de alimentos. A pesar de las proyecciones de que los productores de coca erradicarían 50.000 hectáreas este año, hasta ahora sólo han desterrado 6.000.
Como resultado, las bandas narcotraficantes siguen floreciendo. Además, las fuerzas de seguridad deben lidiar con un grupo guerrillero más pequeño, el ELN, y con miembros disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz y han vuelto al monte.
Los residentes de pequeños pueblos como Algeciras se preguntan cuándo terminará la violencia
Cerca de 300 guerrilleros de las FARC se rearmaron y ahora están operando en el departamento del Guaviare, al sur del país. Tal como en Algeciras, San José del Guaviare, la capital departamental, ha tenido un progreso prometedor. Ubicado a 290 kilómetros al sur de Bogotá, donde las grandes planicies de Colombia se encuentran con la selva del Amazonas, el pueblo tiene una incipiente industria turística gracias a las espectaculares formaciones de rocas, las pinturas sobre piedra indígenas, la pesca deportiva y las excursiones para ver delfines de agua dulce en los ríos de la selva. Incluso hay una carrera anual de bicicletas de montaña que pasa por antiguos territorios de las FARC.
Pero todo esto está siendo amenazado por los disidentes de las FARC. En mayo, el grupo renegado secuestró a un funcionario antidrogas de las Naciones Unidas y lo retuvo por seis semanas. El grupo también les ha prohibido a los funcionarios del Estado llevar a cabo proyectos de reconstrucción del posconflicto en al menos tres pueblos.
Javier Montoya, el gerente de la principal distribuidora de cerveza de San José del Guaviare, dijo que todas las semanas recibe llamadas de los disidentes exigiéndole que pague extorsiones. Montoya se ha rehusado a abrir su billetera y ha sufrido las consecuencias. En abril, una bomba destruyó parcialmente su bodega.
“Nunca pensé que esto pasaría durante un proceso de paz”, dijo Montoya.
No ha sido sorpresivo que los problemas de seguridad hayan disminuido el interés del sector privado a pesar de una nueva ley que les otorgaría a las empresas recortes de impuestos considerables por invertir en estos lugares problemáticos. Aunque los bajos precios globales del petróleo son un factor, las compañías de energía que están acostumbradas a operar en zonas de conflicto todavía no han mostrado interés en poner en marcha exploraciones en estas áreas, según dijo Francisco Lloreda, el director de la Asociación Colombiana del Petróleo.
El plan
Las grandes empresas que han llegado se pueden contar con una mano. Están, por ejemplo, Starbucks, quienes están aconsejando a los caficultores sobre cómo mejorar la calidad de su café, y la compañía de lácteos colombiana Alquería, quienes están ayudando a los campesinos a incrementar la producción de leche. En 2015, la corporación Hero Motor de India, la manufacturera de motocicletas más grande del mundo, abrió una fábrica en Villa Rica, un pueblo que fue atacado por guerrilleros de las FARC tan solo tres años antes, cuando destruyeron la estación de policía y mataron a cinco civiles.
“Definitivamente hay oportunidades inmediatas de negocios”, dijo Whitaker, el embajador estadounidense.
Para animar a quienes buscan tomar un riesgo, varios fondos de capital de riesgo se están enfocando en áreas de Colombia que fueron golpeadas por el conflicto. Están, por ejemplo, Acumen, una organización sin ánimo de lucro basada en Nueva York que está respaldando a varias empresas pequeñas que compran café y cacao.
“Si no generamos prosperidad en estos territorios, si no generamos trabajos y fuentes de ingreso legales, entonces va a ser mucho más difícil que llegue la paz”, dijo Virgilio Barco, quien dirige la operación de Acumen en América Latina. “Pero creo que la situación está mucho mejor que antes”.
Este es un argumento recurrente entre los funcionarios del gobierno que insisten que la ayuda llegará… eventualmente.
“Apenas estamos comenzando”, dijo Pardo. “Toma un poco más que unas semanas pasar del infierno al cielo”.
Tomó cuatro años de intensas negociaciones en La Habana para que el gobierno colombiano pudiera concretar el acuerdo de paz con las FARC. Durante todo ese tiempo, los expertos predijeron que llevar lo acordado a la realidad sería mucho más complicado. Un año después de firmado el histórico acuerdo de paz de Colombia, parece que tienen razón.
