Durante las últimas décadas, diversas investigaciones han demostrado el enorme impacto nocivo de la corrupción en el desarrollo económico, político y social de los países. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia existente –cuyos sólidos argumentos revelan que la corrupción incrementa la desigualdad y la pobreza-, esta sigue diseminándose en nuestros países en forma alarmante, siendo el soborno la práctica más común.
Según los resultados del estudio de LAPOP Barómetro de las Américas 2014 –que mide comportamientos y condiciones socio-económicas en nuestra región-, 1 de cada 5 ciudadanos reportaron haber pagado un soborno en el último año, y 7 de cada 10 personas señalaron que la corrupción es algo muy común entre los funcionarios de los gobiernos. Los resultados del estudio son consistentes con los de años anteriores y nos recuerdan que los ciudadanos –además de experimentar la corrupción en nuestra vida cotidiana- percibimos que está muy difundida en las élites, tanto en el sector gubernamental como en el empresarial.
En el informe “¿Cómo afecta la corrupción el crecimiento económico?”, publicado en mayo pasado, los investigadores Jan Hanousek y Anna Kochanova analizaron las conclusiones de diversos estudios sobre corrupción respecto de sus efectos en la economía. A partir de una serie de entrevistas, Hanousek y Kochanova determinaron que –no obstante que para muchos empresarios el soborno facilita los resultados de la empresa porque les permite crecer más rápido- este constituye un arma de doble filo porque eleva los costos de operación y genera incertidumbre a la hora de estimar el monto de la próxima coima, mordida o como se le llame en nuestros países, lo que termina comprometiendo la competitividad de la empresa a largo plazo.
Después de una década, en la que decenas de millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, actualmente –debido al menor crecimiento de China y a la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación, entre otras razones- enfrentamos un momento de desaceleración y decrecimiento. Y es precisamente ahora, en épocas de “vacas flacas” como la actual, que salen a relucir un conjunto de problemas estructurales que subyacen a la actividad productiva y que tienen que ver más con la debilidad de nuestras instituciones, como la falta de transparencia, la poca rendición de cuentas y el irrespeto a la ley. En este contexto, la corrupción –ciertamente una moneda de dos caras: corrupto y corruptor- se ha convertido en uno de los principales desafíos que tenemos hoy, y que –en épocas de bonanza- no hemos encontrado la forma cómo enfrentar, o lo que es peor, no hemos querido hacerlo.
Cualquiera sea el caso, el fondo de la cuestión es que si no combatimos la corrupción, ésta puede socavar gravemente la democracia de nuestros países y afectar su gobernabilidad. Dos ejemplos recientes ilustran con claridad este riesgo. El primero se refiere a una red criminal en Guatemala, que generó una millonaria defraudación fiscal por sobornos cobrados a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros, y que involucra al expresidente renunciante Otto Pérez Molina y otras altas autoridades, actualmente en prisión, además de explicar la victoria de un comediante como el nuevo presidente del país. El segundo ejemplo viene de Brasil: el grave caso de corrupción conocido como “Lava Jato”, en el que se acusa al gobierno de estar involucrado en una red de sobornos millonarios vinculados con empresas privadas, principalmente constructoras, a través de la estatal Petrobras. Pero no necesariamente serían estos dos los casos más corruptos, pues habría que ver lo que ocurre en Venezuela, Argentina y Panamá, entre otros países. Lo concreto es que en nuestra región estamos viendo a cientos de miles de personas movilizándose para manifestar su indignación por la conducta deshonesta de gobernantes y empresarios, evidenciando cómo la corrupción incrementa la desafección de la población con las instituciones, autoridades y clases dirigentes.
Ante un escenario así, la pregunta que surge es: ¿Qué rol debemos jugar los empresarios para ayudar a solucionar este problema? En primer lugar, debemos empezar por entender a cabalidad qué es lo que tenemos al frente. La corrupción es un fenómeno muy complejo que funciona a través de redes y complicidades insertadas en casi todo ámbito de la sociedad. Desde las denuncias de corrupción en la FIFA, hasta la falta de transparencia en El Vaticano que tanto preocupa al Papa Francisco; desde la pequeña coima al policía o al funcionario de tercer nivel del municipio, hasta los grandes escándalos relacionados con licitaciones y contratos millonarios; desde la corrupción en sectores como salud, deporte y educación, hasta la corrupción política que envuelve a gobernantes y congresistas.
En segundo lugar, debemos reconocer que la corrupción no solo se manifiesta en la forma de coimas o sobornos, sino también en acciones delictivas de diversa índole –muchas veces conocidas como “delitos de cuello y corbata”- como por ejemplo concertación de precios mediante cárteles, uso indebido de información privilegiada, conflictos de interés, fraude contable, evasión fiscal, espionaje industrial, entre otras modalidades que se observan en la actividad empresarial.
En tercer lugar –y una vez que hemos comprendido la complejidad del fenómeno de la corrupción- el siguiente paso es asumir la responsabilidad que nos toca; es decir, reconocer la evidente necesidad de involucrarnos activamente en la solución del problema. Esto es vital dado el alto grado de economía ilegal en la mayoría de nuestros países, en donde reinan el incumplimiento de la ley y la impunidad. Ello requerirá de un liderazgo empresarial adaptativo e innovador y del ejercicio de una buena dosis de coraje. Los empresarios no operamos en una isla, somos parte de la sociedad. Invertimos nuestro capital y creamos empleo, pagamos impuestos y ayudamos a generar bienestar. Pero nuestra actividad empresarial jamás estará completa –y correrá serios riesgos- si nos ponemos de costado esperando que sea otro quien arregle el problema de la corrupción.
La iniciativa global Inclusive Capitalism (www.inc-cap.com), que empezó a gestarse en 2012 y que hace unos meses celebró su segunda conferencia anual en Londres- nos plantea cosas muy interesantes. Primero, que es fundamental desarrollar un sentido de urgencia para reconocer y aceptar la necesidad de innovar la forma de hacer negocios, de manera que sus beneficios lleguen a más personas. Segundo, que las estrategias que consideran las necesidades de la sociedad en el largo plazo, son las que hacen sostenible a la empresa como generadora de bienestar. Tercero, que el liderazgo bien ejercido permite alcanzar la cooperación entre Empresa, Sociedad y Estado. Cuarto, que al contar con nuevas tecnologías de información y comunicación, y herramientas de innovación y desarrollo, la empresa tiene la posibilidad de beneficiar más y mejor a la sociedad, asegurando así la sostenibilidad del capitalismo. Es decir, entre otras iniciativas, combatir la corrupción es una forma de proteger al capitalismo.
Una medida concreta que los empresarios podríamos llevar a cabo, a fin de reducir las oportunidades e incentivos a los corruptos, es apoyar el periodismo de investigación, que ha probado ser en varios de nuestros países un bastión importante para desenmascarar casos emblemáticos de corrupción. Otra medida concreta es divulgar el financiamiento político que hacemos y exigir a los candidatos y partidos que apoyamos que cumplan con las normas de transparencia y rendición de cuentas. Otra forma moderna, que da muy buenos resultados, es la sanción moral, llamada también sanción social, mediante la cual se logra que los corruptos sientan vergüenza de serlo. Esto consiste en un sistema de auto-regulación empresarial, basado en premios y castigos, conducente a aislar socialmente al corrupto. Pero la medida más directa y efectiva es desarrollar –al interior de nuestras organizaciones- programas ad-hoc anticorrupción, que sean ejecutados y supervisados permanentemente, y que, además, sean auditados en forma independiente y sus resultados divulgados a nuestros Stakeholders. En otras palabras, plena transparencia y compromiso que envíe un claro mensaje de “Cero tolerancia a la corrupción”.
Porque cuando uno reflexiona a cabalidad sobre los efectos perversos de la corrupción, llega a la conclusión de que ésta viola los derechos más fundamentales del ser humano, pues no solo se trata de los miles de millones malgastados o robados, sino principalmente lo que se deja de hacer en obras de agua potable y alcantarillado, postas y hospitales, escuelas y universidades, puertos, caminos y puentes, entre otras obras necesarias que cambiarían la suerte de millones de familias.
En un mundo, cuya clara tendencia es el empoderamiento de los individuos, nuestra única opción como empresarios es aprovechar la extraordinaria oportunidad que tenemos de ayudar a diseñar estrategias para combatir el flagelo de la corrupción desde una perspectiva holística, es decir, trabajando coordinadamente con el Estado, la Academia, los medios de comunicación y los demás partícipes de la Sociedad Civil. Después de todo, eliminar la corrupción es, también, beneficioso para la sostenibilidad empresarial, pues a menor corrupción mayor oportunidad para que millones de personas alcancen prosperidad y desarrollo, lo que –a su vez- genera más consumidores.
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Jorge Medina Méndez es empresario, inversionista y consultor, y el presidente de PROÉTICA, el capítulo peruano de Transparency International
