Si hay algo que hemos aprendido desde el supuesto “atentado” con drones en contra de Nicolás Maduro es que la persecución en Venezuela va a incrementar.
Es política de estado violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos, más aún si se tiene una excusa como la del supuesto ataque del 4 de agosto. Ni los venezolanos ni la mayor parte de la comunidad internacional creen que Maduro haya sido víctima de un atentado. La historia indica que estas acusaciones podrían ser parte de una estrategia perversa inspirada por La Habana para encarcelar a quienes pensamos distinto.
Aunque Venezuela es un país en el que es imposible conseguir justicia debido a la rampante impunidad, tan solo una hora después del supuesto ataque, el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, ya tenía las “pruebas” que, según él, revelaban los autores intelectuales y materiales del supuesto atentado contra el dictador: la oposición.
A las 72 horas, Juan Requesens, un importante líder emergente y diputado a la Asamblea Nacional, fue secuestrado con su hermana por el servicio de inteligencia, SEBIN, acusado de intento fallido de homicidio. Para el momento en el que escribo estas líneas se desconoce su paradero. Esta nueva detención engrosa la lista de más de 300 presos políticos que existe en Venezuela, y va a agravar el descontento de un pueblo que no vive, sino sobrevive todos los días a la falta de comida y medicinas, el colapso de los servicios básicos, la inseguridad y la hiperinflación.
Maduro no goza de popularidad, pero a estas alturas, después de 20 años de “revolución,” a él no le importa porque se mantiene en el poder por las armas. El régimen ha avanzado significativamente del autoritarismo al totalitarismo, lo que ha llevado a que Venezuela sea considerado un estado fallido. Yo voy más allá: El régimen es una amenaza para la región y ha causado la crisis más severa del hemisferio occidental.
A nadie en el continente le conviene una dictadura de estas características. Un régimen que ha forzado a unos 3 millones de venezolanos al exilio, causando serios problemas a las naciones receptoras. No porque el venezolano que emigra sea mala persona, no, sino por las condiciones en las que llega a otro país. Este flujo masivo de emigrantes incluye a cientos de miles de personas en condición de pobreza que han escapado sin nada para terminar durmiendo en las calles o, si tienen suerte, en albergues.
Muchos de los que huyen padecen enfermedades que habían desaparecido en los países receptores, como malaria y difteria, y se corre el riesgo de que haya un contagio masivo. Ya hay casos en Brasil de personas padeciendo enfermedades, como el sarampión, que estaban erradicadas. Además, los costos de inversión en infraestructura, educación, alimentación y salud son muy altos y pueden alterar el presupuesto de algunos países receptores. También están los refugiados políticos, como yo, que fui forzado a emigrar a EEUU en agosto del 2017, después de que el régimen de Maduro me removiera de mi puesto de alcalde de El Hatillo, municipio de Caracas, y ordenara mi arresto.
Pero la mayor amenaza a la región viene de la promoción y protección de actividades ilícitas – incluyendo el narcotráfico, y el tráfico de minerales, de gasolina y hasta de personas – por parte del gobierno venezolano. El régimen de Maduro no solo maneja el negocio lícito más grande del mundo, como es el petróleo, sino también se financia del negocio ilícito más grande del planeta: la cocaína. Diariamente transitan por el espacio aéreo venezolano aviones con destino a Centroamérica y el Caribe con cocaína colombiana. Los sobrinos de la pareja presidencial están presos en Estados Unidos después de haber sido detenidos en Haití con un cargamento de droga. El exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, y el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por, básicamente, ser los protagonistas de la serie “Narcos,” pero en la vida real.
Por último, pero no menos relevante, está el factor geopolítico. La dictadura venezolana está desestabilizando a América Latina. Maduro es un títere de Raúl Castro y tiene a Venezuela como una zona de influencia para la Rusia de Vladimir Putin. Moscú ha conseguido en Caracas un aliado ideal para incomodar a Washington. Además, ha estrechado relaciones con el gobierno autoritario de Erdogan en Turquía y coopera con los grupos paramilitares en Nicaragua para sostener a Daniel Ortega en el poder. Colombia no podrá conquistar la paz mientras la guerrilla y la droga sigan teniendo refugio tan cerca. China, mientras tanto, estará sólo atenta a que le paguen la deuda sin condenar las atrocidades que la dictadura comete cotidianamente.
Siria, Irán y Corea del Norte aparecen a diario en las noticias, pero ningún régimen está tan bien ubicado geográficamente para seguir amenazando y desestabilizando a América Latina como la dictadura venezolana.
Ante esta amenaza, la comunidad internacional, especialmente América Latina, debe ampliar las sanciones a los funcionarios del régimen implicados en tráfico ilegal, corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos. Además, se debe restringir el libre tránsito por la región de estos “defensores de la revolución” que han empobrecido a Venezuela, y contaminado su sistema financiero para esconder rastros de sus desfalcos. También es importante homogenizar la regularización migratoria de los refugiados venezolanos, promover campañas en contra de la xenofobia hacia los emigrantes y crear en un fondo de cooperación multilateral que garantice protección y atención a los desplazados con educación, techo, alimentación, salud y capacitación.
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Smolansky es el ex-alcalde exiliado de El Hatillo, Venezuela
