Es complicado vivir entre dos países. Creo que la película Selena explica bien la situación cuando el padre de la protagonista le dice a su hija:
-Tenemos que ser más mexicano que los mexicanos y más gringo que los gringos. ¡Ambos al mismo tiempo! ¡Es agotador!
Para los que crecimos como miembros de la diáspora puertorriqueña, el desafío puede ser agotador. Por una parte, sentíamos que debíamos ser lo más puertorriqueño posible (para estar preparados en caso de que nuestras familias regresaran a la isla en un futuro no tan distante, o eso creíamos), y por otra, ser lo más americano posible en nuestra vida diaria (para sobrevivir hasta que llegara ese día). Como resultado, muchos nos ven como si no fuéramos ni de aquí ni de allá. Y mientras nuestros corazones se quebrantan por un lugar que nunca hemos llamado ‘hogar’ oficialmente, para muchos puertorriqueños de la isla no tenemos el derecho de hablar acerca de su política. Solo pregúntele a algún boricua nacido acá si se ha arriesgado a opinar sobre el estatus político de la isla y le contará sobre cómo le voltean los ojos y contestan “Y tú, ¿qué sabes?”.
El problema con esto es que el congreso estadounidense juega un papel muy grande en lo que respecta a los problemas de Puerto Rico. Excluir a la diáspora de temas que tienen que ver con la política puertorriqueña asegura que quienes de alguna manera están en la mejor posición para iniciar los cambios, no participen en dicho proceso.
Por ejemplo, consideren la crisis económica de la isla en este momento. Es cierto que administraciones puertorriqueñas han hecho que las cosas empeoren como resultado de su mala administración y préstamos excesivos. Pero muchos de los factores que contribuyeron a la crisis comenzaron con, y podrían ser resueltos por, el congreso estadounidense. Hasta 1984, cuando el congreso redactó una ley de quiebras, las municipalidades y las corporaciones públicas de Puerto Rico podían presentar una solicitud de quiebra bajo el capítulo 9 como cualquier otro estado de la Unión. Actualmente el congreso mantiene el poder de reestablecer dicho privilegio, a través de iniciativas de ley presentadas en el Senado y en la Cámara de Representantes, sin embargo han elegido que las mismas permanezcan iniciativas. Incluso si hicieran algo inmediatamente sin colocar condiciones de ninguna índole (algo muy poco probable), la reestructuración de la deuda de Puerto Rico no sería suficiente para remediar los problemas estructurales de la isla anteriores a la crisis.
Muchas de estas ineficiencias son el resultado de las leyes locales y la política. Pero existe una ley federal que ha empeorado la situación financiera. Puerto Rico está sujeto a la Ley Jones, una ley marítima que requiere que todos los bienes que lleguen a la isla, lo hagan en barcos que pertenecen a ciudadanos estadounidenses, que hayan sido construidos y registrados en los Estados Unidos, y que todos los oficiales con licencia sean ciudadanos estadounidenses, además de que por lo menos el 75% de la tripulación sin licencia ostente la ciudadanía americana. El congreso podría y debería eximir a Puerto Rico de esta ley, como lo han hecho con las Islas Vírgenes. Eso no solo reduciría los precios artificialmente altos de los bienes importados por la isla — el costo de importación es el doble de lo que pagan sus vecinos caribeños — sino que también ayudaría a la PREPA, símbolo de la crisis de la deuda, a cambiar el uso del petróleo extranjero por una clase de energía más económica, como lo es el gas natural estadounidense.
En el 2015 se efectuaron cinco audiencias en el Congreso para discutir el tema de Puerto Rico, pero ninguna de ellas condujo a alguna acción concreta. A pesar de una década de recesión, del primer incumplimiento en agosto y de llamadas al Departamento del Tesoro, la primera medida federal que podríamos ver de manera más próxima con respecto a la crisis, tendra lugar a finales de mes.
Cinco millones de los puertorriqueños que viven en la diáspora residen en los Estados Unidos. Somos el segundo grupo latino más grande en este país. Miles de nosotros se están mudando a Florida, cambiando el panorama demográfico y renovando el cálculo tradicional de cómo se gana el voto latino en ese estado. Pero a pesar de décadas de reubicación, algo que ha aumentado a causa de la crisis económica de la isla, parece que nosotros todavía no hemos encontrado nuestra voz ni tampoco demostrado nuestra fuerza política.
Puerto Rico debe ser más que una parada de la campaña presidencial durante las primarias, un lugar que se olvida pronto cuando el tema deja de ser relevante. Ya es hora de que el Congreso haga algo por Puerto Rico. Y si el Congreso no desea escuchar al gobernador de Puerto Rico, al comisionado residente de Puerto Rico, ni a los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla, entonces que escuchen a los 5 millones que vivimos acá. Debemos asegurarnos que nuestros congresistas y candidatos presidenciales reconozcan la crisis que existe en Puerto Rico y tomen medidas en 2016.
Quizás no estemos de acuerdo en cuanto a si apoyamos la independencia o la estadidad, ni tampoco sobre quien debería ser el próximo presidente, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que lo que está sucediendo en Puerto Rico no es aceptable en forma alguna. Es hora de usar nuestra voz y votar en nombre de la isla que tanto amamos.
