Este artículo fue adaptado de la edición impresa de AQ sobre transparencia y las elecciones de 2018.
Read in English | Ler em português
El llamado Robo del Siglo en Paraguay comenzó pasada la media noche en abril, cuando aproximadamente 60 bandidos armados salieron de la parte trasera de un camión de carga en la oficina principal de Prosegur, una compañía de autos blindados en Ciudad del Este.
Los ladrones se dividieron en equipos de 12 hombres, con 10 “soldados” y dos francotiradores por escuadrón. Estas unidades aseguraron el perímetro del edificio, logrando bloquear la entrada de la policía a toda la cuadra. Otro equipo de asaltantes instaló cañones anti-aéreos para derribar cualquier helicóptero que llegara al lugar. Luego, llegaron los bombarderos. Cada bombardero cargaba una carga explosiva que incluía tres kilos del explosivo “plástico” C4. Las bombas fueron ubicadas por fuera de la bóveda central de Prosegur, la cual supuestamente contenía 100 millones de dólares en efectivo. Cinco bombas fueron detonadas y demolieron la fachada del edificio de Prosegur, además de dañar la bóveda. Los habitantes de la zona inicialmente pensaron que estaban pasando por un terremoto.
Mientras que los guardias se arrastraban por el piso, desesperadamente intentando escapar, los atacantes se llevaron bolsas de billetes y se subieron a tres vehículos blindados que navegaron un camino que los sacó de la ciudad gracias al apoyo logístico de los equipos de francotiradores. Los testigos reportaron que una caravana de hombres enmascarados que hablaban en portugués fueron vistos por última vez en lanchas a motor en el río Paraná, con rumbo a Brasil.
Su botín: 11,7 millones de dólares.
El ataque a la Hollywood fue tan solo la más reciente manifestación de uno de los retos de política pública más complejos de América Latina. En los últimos 25 años, el Primer Comando de la Capital, o PCC, pasó de ser un grupo de presos que buscaban tener un mejor trato en las prisiones brasileñas, a una mafia multinacional con alcance global. Su imperio criminal incluye el tráfico de cocaína, el secuestro por rescates, robos a cajeros automáticos y asaltos a gran escala a negocios y bancos, incluyendo el ataque en Ciudad del Este. Durante todo esto, el PCC ha alternado entre momentos de violencia extrema y años de dominio tranquilo en los que el grupo ha extendido su control sobre las cárceles brasileñas y ha comenzado a adentrarse en las cárceles paraguayas y bolivianas.
Oficiales revisan los daños después de la violenta incursión de PROSEGUR por el PCC.
Para los gobiernos suramericanos que ya están lidiando con crisis fiscales severas, unas fuerzas de seguridad abrumadas y tasas de aprobación deplorables, el ascenso desenfrenado del PCC plantea una desconcertante serie de preguntas. ¿Deberían dedicarle más recursos a enfrentar el PCC, o eso empeoraría la violencia? ¿Llenar las cárceles de criminales ayuda, o alimenta el problema principal? ¿Sería mejor buscar reformas de fondo de la política antinarcóticos, o el PCC simplemente pasaría a realizar otras actividades criminales, como el secuestro? Si no hacen nada, ¿eso contribuiría al ascenso continuo de demagogos antidemocráticos de línea dura en la región?
“El PCC es una organización tan grande que, si intentas eliminarla, vas a crear una cantidad enorme de violencia”, similar a lo que se ha visto en México desde 2007, dice Graham Denyer Willis, un experto en crimen organizado y en el PCC que trabaja en la Universidad de Cambridge. “Miles de personas serían asesinadas”.
Pero el status quo es, sin duda, una pesadilla también. Tan solo en 2017, el PCC estuvo involucrado en las fatales revueltas en las cárceles de Brasil que terminaron con 150 muertos, en envíos masivos de cocaína de Paraguay a Brasil y en una epidemia de robos de cargamentos que les han costado a las compañías brasileñas más de 2000 millones de dólares desde el comienzo de esta década. En Argentina, un cadáver que fue recuperado en el río Paraná, donde el grupo cuenta con sofisticadas rutas de contrabando, fue encontrado envuelto con una manta y una soga. Los reclutadores del PCC ahora están buscando convertir a exguerrilleros de las Farc en discípulos del grupo. El PCC ha cultivado una red de políticos aliados dentro de Brasil y se ha reportado que ha usado bancos en China y en los Estados Unidos para proteger sus ganancias.
“En nuestro país, PCC es sinónimo de violencia y sangre”, dice Francisco González, un guardia carcelario en Paraguay que trabaja con la unidad de inteligencia. “Son extremadamente violentos. Antes tenían muchos enemigos … Pero el PCC siguió matando y matando, diezmando esos grupos y sumando (a los sobrevivientes) a sus filas”.
Como respuesta, los gobiernos suramericanos están compartiendo alguna información y personal, pero no lo suficiente, según dicen los críticos. “¿Por qué (los miembros) del PCC van a Paraguay y a Bolivia? Están seguros de que no hay intercambio de información”, dice Sérgio “Major” Olímpio, un congresista brasileño y exoficial de la policía determinado a acabar el PCC. “La colaboración con nuestros vecinos es prácticamente nula. Es absurdo”.
Nace un imperio
Viajé a São Paulo para entender mejor cómo un grupo de prisioneros de élite, muchos de ellos en cárceles de máxima seguridad, pudieron organizar un imperio tan grande. Comencé por visitar la cárcel estatal de Carandiru, donde, en 1993, 11 prisioneros fueron masacrados por guardias carcelarios y miles más fueron torturados. Fue aquí que el PCC se formó, una revuelta justa contra el abuso.
El PCC (que también fue conocido como el Partido del Crimen en sus primeros años) prometió crear un frente unido contra el sistema penitenciario y comenzar una guerra contra el estado brasileño. El grupo escogió como su logo al yin-yang chino, que usó para representar al balance entre la paz y la violencia necesarias para sobrevivir. La estructura y el modus operandi sofisticados del PCC eran profundamente representativos de su ciudad natal, la capital financiera de Suramérica.
“Este es un grupo atrevido, con una administración de estilo MBA y el tipo de determinación que tan solo poseen aquellos que están metidos de lleno en odiar al sistema”, dice Rafael Saliés, director de las operaciones en Brasil de Southern Pulse, una agencia de asesoría en seguridad. Saliés describe al PCC como una organización descentralizada con códigos estrictos de disciplina que funciona más como una franquicia que como una jerarquía vertical. “Son lo más cercano a un gobierno que tienen estas personas”, dice.
Con el paso de los años, el PCC se ha beneficiado del rápido crecimiento de la población de las cárceles brasileñas, que se expandió notablemente tras la implementación de las leyes antidrogas prohibicionistas aprobadas en 2006. Entre 2008 y 2014, la población de las cárceles de Brasil aumentó en un tercio. El sistema penitenciario nacional ahora cuenta con aproximadamente 700.000 prisioneros, lo que deja a Brasil con la cuarta población de prisioneros más grande del mundo. El sistema cuenta con el doble de su capacidad prevista y muchas veces hay hasta 50 reclusos por celda. Casi un tercio de los prisioneros están allí acusados de crímenes relacionados con las drogas.
Actualmente, el PCC les impone una disciplina férrea a todos los prisioneros, quienes deben pagar “cuotas sindicales” mensuales que van desde 100 hasta 600 reais (30 a 200 dólares). Si el prisionero no puede pagar, adquiere una deuda que debe pagar una vez vuelva a salir a la calle, lo que usualmente logra cometiendo crímenes. Se espera que los miembros le donen a la organización central una porción de los botines de los asaltos bancarios y los rescates pagados por secuestros.
A cambio, los miembros del “sindicato” reciben una serie de protecciones y garantías más o menos sofisticadas. Por una parte, son menos propensos a ser abusados por los guardias. Las agresiones sexuales (que eran generalizadas) prácticamente han sido eliminadas en el sistema penitenciario de São Paulo. A los prisioneros se les prohíbe fumar crack, pero se les permite ser abiertamente homosexuales.
Los beneficios sindicales también incluyen fondos para abogados, transporte para familiares (o amantes) que quieran visitar y regalos de navidad para niños. Los miembros del PCC gozan de educación continuada con un currículo único: clases sobre asaltos de automóviles blindados e instrucciones sobre la mejor manera de hacer explotar cajeros automáticos. (Un consejo: usar demasiados explosivos hace que los billetes se conviertan en confetti). Los miembros que mueren en actos violentos también tienen la garantía de que sus gastos fúnebres serán cubiertos.
Los años recientes han sido testigos de una grave crisis de confianza en las instituciones tradicionales brasileñas, tras el colapso de la economía, el estallido del escándalo del “Lava Jato”, el juicio político de Dilma Rousseff y la profunda impopularidad de su sucesor, el presidente Michel Temer. Parcialmente como resultado, el sistema de reglas y justicia del PCC, que incluye un sistema judicial alternativo, es visto como “profundamente legítimo” por sus miembros y muchas comunidades, según dice Willis. “Confían en que este de hecho tenga sentido, mucho más de lo que confían en la ley que usa el estado”.
Karina Biondi, una antropóloga social que ha pasado varios años estudiando la influencia del PCC en el área de São Paulo, está de acuerdo. “No estás siendo castigado por un estado todopoderoso, estás enfrentando las consecuencias de tus actos. Eso resuena con la gente”. El PCC tiene tres tipos de castigos: “una advertencia, una paliza y una ruptura”, usualmente de las piernas, dice un periodista que investiga crímenes en São Paulo y que pidió permanecer anónimo por temor a represalias. “Los crímenes sexuales siempre reciben una sentencia de muerte”, dice, haciendo referencia a la reciente ejecución llevada a cabo por el PCC de un sacerdote que presuntamente había abusado de menores. “Su lema es ‘Paz, justicia y libertad’. Pero, en la práctica, lo que garantiza la paz es la violencia”.
Expansión internacional
El PCC se ha convertido en el actor más poderoso del mercado multimillonario de la cocaína en Brasil, que ahora es el segundo más grande del mundo, solo detrás de los Estados Unidos. Pero las ambiciones del grupo son evidentemente más grandes que solo Brasil.
Aunque una vez fue conocido como un grupo que revendía drogas en boca de fumo (fumaderos), en los últimos dos años el PCC ha consolidado su control sobre áreas claves, incluyendo la frontera entre Brasil y Paraguay cerca de Ciudad del Este. Originalmente, el PCC compraba cocaína al por mayor y la distribuía dentro de Brasil, pero ahora ha comenzado a hacer tratos directamente con productores de cocaína en Bolivia y Perú y se ha convertido en parte de la cadena de suministro.
Para eliminar a la competencia en la frontera con Paraguay, el grupo usó una ametralladora calibre .50 dentro de una camioneta para emboscar a un rival con una potencia balística que usualmente solo se ve en zonas de guerra. Con el control sobre la frontera con Paraguay ya establecido, el PCC ahora está progresando en la toma del poder dentro del sistema penitenciario paraguayo.
“El PCC maneja mucho dinero aquí en la cárcel”, dice un recluso de 28 años dentro de la cárcel de Tacumbú en Asunción, Paraguay. AQ no revelará su identidad para así proteger su integridad. “Querían tomar el control de la cárcel y matar a quien quisieran”, dice. “Mataron a muchos. Yo casi muero y mi amigo fue asesinado. Nada les pasó (a los miembros del PCC), porque son quienes manejan a los guardias y quienes administran la cárcel”.
En la prisión de Tacumbú, la más grande de Paraguay, 80 por ciento de prisioneros no han sido condenados.
Paraguay, con sus porosas fronteras e increíblemente corruptas instituciones, se ha convertido en la base de las operaciones y en un refugio seguro para la pandilla. “Los miembros del PCC están migrando a nuestro país. La mayoría de ellos son criminales que escaparon de cárceles brasileñas. Pasaron la frontera ya que es muy permeable”, dice Alejo Vera, un fiscal paraguayo que trabaja en casos de terrorismo y de secuestro. Su unidad ha arrestado a 30 miembros del PCC en los últimos dos años, dice. A pesar de regularmente deportar a miembros del PCC y de realizar operaciones conjuntas con la policía brasileña, Vera dice que las autoridades paraguayas sienten que han sido “abrumadas por los (criminales) extranjeros”.
Las autoridades bolivianas también están preocupadas y estiman que, en la frontera con Brasil, la presencia del PCC es de unos 1500 miembros. Eduardo Gamarra, un profesor de ciencia política y experto en cárceles de la Universidad Internacional de Florida, cree que el verdadero número es más alto pues probablemente se deben considerar a quienes son descritos como “tomadores de decisiones de nivel medio y alto”.
Desde julio de 2017, la policía nacional brasileña comenzó a ubicar a oficiales de alto rango en ciudades bolivianas claves para monitorear la expansión del PCC y coordinar las operaciones de seguridad con sus contrapartes bolivianas. Un tiroteo y asalto en julio de 2017 liderado por criminales brasileños dejó cinco muertos en la ciudad de Santa Cruz y llevó al gobierno brasileño a responder a las ya antiguas preocupaciones de los comandantes de policía bolivianos que venían monitoreando el influjo de pandilleros. “Estamos en contacto permanente con las autoridades brasileñas”, dice Abel de la Barra, el comandante nacional de la policía boliviana.
Debido a la ausencia de grandes carteles o pandillas que dominen el mundo del crimen organizado en Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, algunos analistas ven una oportunidad de expansión para el PCC. “El estado no tiene la capacidad de hacer cumplir nada en las cárceles”, dice Gamarra. “Lo más fácil, de hecho, es dejar que los prisioneros dirijan la cárcel. Por eso es que se puede conseguir cualquier cosa dentro de la cárcel, se convierte en una economía paralela, un todo paralelo. ¿Quieres drogas? Tienes drogas. ¿Quieres un nuevo televisor? He estado en algunas cárceles en América Latina en las que los prisioneros tienen de todo, desde prostitutas hasta televisión por cable”.
Márcio Christino, un fiscal en São Paulo que ha escrito dos libros sobre el PCC, está de acuerdo. “El PCC está en Brasil, Bolivia, Paraguay y está entrando a Uruguay y a Argentina. Van en esa dirección. Hay un vacío y se van a expandir y a expandir. Y van a dominar”.
No hay una solución mágica
Algunos políticos brasileños dicen que la mejor manera de frenar el crecimiento del PCC es aceptar su presencia y llegar a un acuerdo o a una suerte de armisticio. Es una decisión que no es fácil de tomar, pero que se basa en los intentos recientes de desmantelar al PCC.
Las confrontaciones previas con el PCC han producido un derrame de sangre extremo. Un levantamiento del grupo en mayo de 2006 llevó a que São Paulo virtualmente parara por dos días mientras que pistoleros de la pandilla cometían crímenes por toda la ciudad y asesinaban a unos 50 policías y guardias carcelarios. El gobierno de São Paulo se vio obligado a comenzar negociaciones directamente con el líder del PCC, un legendario asaltante de bancos llamado Marcola, para que terminara el cerco. Muchos analistas políticos en Brasil sugieren que Marcola y Geraldo Alckmin, el gobernador de São Paulo, negociaron un acuerdo que dejó a São Paulo en paz y al PCC en el poder.
Algunos sugieren que el mismo gobierno de São Paulo ahora depende del PCC para dictar sentencias y dar órdenes que eran típicamente responsabilidades claves del estado. “El estado de São Paulo tiene poco dinero y aún menos tiene voluntad. Y el PCC le confiere cierto orden al sistema penitenciario que evita que haya revueltas en las cárceles, por lo menos la mayoría del tiempo, cuando no son ellos mismos quienes los causan”, dice Saliés. “Creo que prefieren contar (con el PCC) que no contar con ellos”.
Pero este enfoque tiene su precio. El PCC ha continuado con su ofensiva guerrillera de bajo nivel contra el estado brasileño y ha asesinado a policías y emboscado a empleados de las cárceles (más recientemente cuando un pistolero del PCC le disparó y asesinó a una psicóloga de una cárcel mientras que ella sostenía a su bebé de 10 meses). “El PCC desde el principio izó la bandera de la paz, la justicia y la libertad. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que más han hecho? Matar a otros prisioneros”, dice Christino, el fiscal de São Paulo que ha pasado más de 20 años investigando a la pandilla. Christino ha escuchado todos los argumentos que defienden la idea de que el PCC es una fuerza estabilizadora y un firme defensor de los derechos de los prisioneros. No cree ni una palabra. “Hablan de la paz, pero ¿quién asesina a los prisioneros? El 90 por ciento de los homicidios de prisioneros son cometidos por el PCC”, dijo Christino, quien escribió Ríos de sangre (noviembre, 2017), una historia del PCC.
Las autoridades brasileñas, necesitadas de dinero en medio de una de las peores recesiones del país, repetidamente han congelado o redirigido fondos destinados a la seguridad. El gobierno federal gastó apenas el 40 por ciento de los 470 millones de reais que había presupuestado para su Fondo de Seguridad Pública en 2016, el último año completo para el que hay datos disponibles, según O Globo.
Ya que el estado no puede o no quiere enfrentarse al PCC, los ciudadanos están creando milicias vigilantes y grupos de WhatsApp, que claman por una brutal mano dura contra los criminales. Hay peticiones públicas de “exterminar” y “limpiar” a los elementos criminales que regularmente se publican en páginas de Facebook que celebran la muerte de los prisioneros. El secretario nacional de la juventud, Bruno Julio, dijo que “debería haber más matanzas. Debería haber una masacre cada semana” para eliminar a los sospechosos de ser criminales. Aunque fue obligado a renunciar en enero de 2017, Julio fue aclamado en Facebook como un hombre del pueblo.
Aunque las soluciones políticas tradicionales se enfocan en “acomodar” o en “eliminar”, los científicos sociales tienden a estar de acuerdo en que el único camino para hacerle frente al PCC es un ataque a gran escala contra el tipo de exclusión social que hace que millones de brasileños y suramericanos de otros países vivan precariamente, con acceso limitado a agua potable, a la educación básica y al empleo. “El PCC nació porque el sistema político ha dejado a muchas personas en un estado de abandono, así que tuvieron que buscar otro tipo de soluciones”, dice Willis. “No es una cuestión de capacidad o de recursos. Es una cuestión de voluntad política”.
Pero con una tasa de homicidios y asaltos por los cielos, muchos brasileños están frustrados por lo que perciben como la impunidad del PCC y de otros grupos criminales. Después de dejar la cárcel de Carandiru, que ahora es un museo, me subí a un taxi y mencioné lo impactante que había sido leer acerca de la masacre de más de 100 prisioneros a manos de los guardias que había ocurrido hace varios años. El taxista me miró y me dijo: “masacre para algunos, limpieza para otros”.
Era una petición pública de exterminar a los criminales organizados que ahora gobiernan São Paulo, una petición que escuché varias veces durante mi estadía en la ciudad. Pocas de las personas con las que hablé y que proponen esto pensaban que sería efectivo para reducir al PCC, pero la idea de que fueran sacrificados como en un matadero parecía que calmaría una sed de justicia en la que no importa el precio.
“Desde las primeras manifestaciones del PCC, las autoridades han estado intentando destruirlo”, dice Biondi. “Los remedios que se usan contra el PCC son exactamente los que lo hacen crecer: más encarcelamiento, sentencias más largas, un recrudecimiento del trato de los prisioneros, mayores restricciones, transferencias y aislamiento de los supuestos líderes”.
“No hay una varita mágica que solucione esto, porque los problemas son tan profundamente estructurales”, dice Gamarra, un profesor de ciencia política. En cambio, dice que “el problema es si realmente tienes los recursos para cambiar las estructuras de estas favelas. Porque, si no es así, siempre vas a tener el problema de este mecanismo de reclutamiento. Tienes que poder reclutar a la gente en otras áreas. Realmente es una competencia por la fuerza de trabajo. Si no les ofreces a estos tipos una alternativa, van a terminar ahí. Creo que yo también sería un miembro del PCC si solo hubiera tenido esas oportunidades”.
Photo credits: Agencia Estado/AP; Santi Carneri
—
Franklin es periodista de The Guardian hace 18 años, reportando desde Chile, Brasil, Cuba y los Estados Unidos. Franklin vive en Santiago, Chile, con su esposa y siete hijas, lo que es su trabajo de tiempo completo. Se especializa en periodismo de investigación en la región y ha trabajado con CNN, Univisión y el Washington Post.
