Al tiempo que el presidente Nicolás Maduro se reunía con sus pares en Uruguay, Argentina y Brasil, la oposición venezolana preparó una gira paralela, en cuya parada en Buenos Aires sus miembros fueron recibidos por legisladores opositores al gobierno de Cristina Kirchner.  

“No hay manera de ocultarle al mundo que somos mayoría, durante años el chavismo dijo que Venezuela era una lucha entre ricos y pobres, y hoy la mitad votó por nosotros y claramente la mitad de los venezolanos no son ricos. No vamos a retroceder”, resumió el líder opositor y ex alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, para definir la cruzada que emprendió la oposición con el ánimo de contar la realidad de esa otra Venezuela que impugnó las elecciones.

Confiados en que sí hay un acompañamiento internacional a sus denuncias, estas prosperarán y se podrán repetir las elecciones, López y los asambleístas venezolanos Nora Bracho y Freddy Guevara estuvieron esta semana en la Cámara de Diputados en Buenos Aires.

"La mejor manera de definir las elecciones que pasaron [el 14 de abril] es una pelea de David contra Goliat", disparó López en momentos en que Maduro, a quien llaman "El ilegítimo" se encontraba a pocas cuadras en la Casa Rosada con su homóloga Cristina Kirchner.

 Ese Goliat representado por la estatal petrolera PDVSA, ministerios, gobernaciones, alcaldías y la Fuerza Armada nacional fue el aparato que, según López, dedicó todo su poder a “contaminar el proceso electoral entero”, razón por la cual la impugnación que interpuso Henrique Capriles esta semana no se debe sólo a los resultados.

 “Nuestra queja comienza sobre la mancha anticonstitucional y manipuladora que ocurrió el 9 de enero cuando permitieron la continuidad del gobierno de Chávez [en su ausencia], sólo para que quien iba a ser candidato del chavismo, pudiera ser presidente mientras era candidato”, expresó López.

Con cifras en la mano, López relató todas sus quejas: en 10 días de campaña, el oficialismo tuvo 65 horas de cadena nacional, versus los 23 minutos de publicidad a los que tuvo derecho Henrique Capriles; se reportaron en total 230 violaciones a leyes electorales, y 5.623 irregularidades ocurrieron en las mesas de votación.

Los resultados electorales del pasado domingo en Venezuela no solo desafiaron todas las encuestas que apuntaban a una holgada victoria del oficialista Nicolás Maduro—heredero del fallecido Hugo Chávez—sobre el opositor Henrique Capriles, sino también atizaron la polarización en  la nación con mayores reservas mundiales de crudo. Entre demandas de reconteo de votos, marchas fallidas, cacerolazos y cohetazos, todo parece indicar que mañana viernes, Maduro se posicionará como presidente para el período 2013-2019.

La pelea electoral puso a prueba a toda la región. Entre reconocer al gobierno del "hijo de Chávez"—todos los países a excepción de Estados Unidos y Paraguay lo hicieron—y llamar a un legítimo reconteo de votos, posición que matizó la Organización de Estados Americanos después de condenar duramente la violencia post-electoral que causó siete muertos, se convocó a una reunión en Unasur con carácter de urgencia. Los otros 10 países del bloque—Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Guyana, Surinam, y Perú—ya han sentado una posición al lado de la institucionalidad de Venezuela. La crisis política desatada por la supuesta falta de transparencia electoral preocupa al continente y Maduro aseguró que dejaba todo en manos del CNE (organismo electoral en su país), es poco probable que haya lugar para el reconteo de votos, que le dieron la victoria por solo 230.000 sufragios.

A saber: cuatro de los cinco rectores electorales son chavistas, y el Tribunal Supremo de Justicia ya sentó su posición al asegurar que la constitución y las leyes locales no prevén un conteo manual. Aunque esto es cierto, la auditoria ciudadana sí está reconocida pero sólo sobre el 54 por ciento de las urnas escogidas al azar. Esta vigilancia según Maduro ya se hizo, aunque en las denuncias el candidato opositor Henrique Capriles, muchos de sus testigos electorales fueron retirados a la fuerza en al menos 285 centros de votación.

Desde que inició el proceso de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana, es innegable que el tema de encontrar una salida política al conflicto ha hecho que muchos coincidan o discrepen sobre los posibles escenarios. Como todo en política.  

En la marcha del pasado martes fue inevitable que amigos y enemigos de la paz se sentaran en diversas orillas según sus nuevas apuestas. De un lado, el presidente Juan Manuel Santos, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el movimiento Marcha Patriótica liderado por Piedad Córdoba e Iván Cepeda—quienes recientemente recibieron un reconocimiento en Copenhague—, indígenas, campesinos, afrocolombianos, policías, soldados y las mismas FARC desde la Habana, coincidieron en que es necesario que los colombianos blinden el esfuerzo de los negociadores en Cuba. Durante años, estos personajes tuvieron visiones aparentemente irreconciliables y se denunciaron unos a otros sin tapujos sobre temas de alto calibre, tales como la responsabilidad del Estado en relación a los llamados falsos positivos.  

Del otro lado se encontraron quienes han hecho un ruido permanente en el proceso: los sectores más ultraconservadores encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe y recientemente por el ex mandatario Andrés Pastrana—quien durante su gobierno no logró alcanzar los acuerdos pretendidos con la guerrilla—acompañados por el Polo Democrático Alternativo, uno de los partidos más antiuribistas de Colombia. A pesar de sus diferentes matices, a todos en este grupo les preocupa que la paz se convierta en una campaña por la reelección—un escenario absolutamente obvio para Santos en el contexto en que se juega todo su capital electoral.

En total, 31 jefes de Estado, 11 jefes de gobierno, 132 delegaciones de todo el mundo y de diferentes congregaciones religiosas, asistieron este martes al comienzo oficial del pontificado del papa Francisco, el primer latinoamericano en llegar a la cabeza de la Iglesia Católica que congrega a 1.200 millones de fieles, la mitad de ellos en la región. Todo fue histórico en este día en el Vaticano: desde la presencia del presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou  hasta la del líder de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé, pasando por el celebrado hecho de que la curia romana haya escogido a un arzobispo no europeo, jesuita, (que no figuraba en el sonajero de los papables) para reemplazar a un pontífice, Benedicto XVI, quien también por primera vez en la historia renuncia.

Y en medio de todo ese simbolismo hay algo todavía más relevante: el significado para la Argentina de tamaña decisión en momentos en que la curia y el oficialismo están más enfrentados que nunca. Este lunes cuando Francisco recibió a la mandataria de Argentina Cristina Kirchner, en ese escenario cálido en el que intercambiaron regalos y bromearon ante las cámaras, en realidad estaban sentadas en el Vaticano, frente a frente, dos visiones de país.

La presidente le pidió al Pontífice que intercediera ante Gran Bretaña por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, recordando la labor que ejerció Juan Pablo II cuando intermedió en el conflicto entre Chile y Argentina por el canal de Beagle que amenazaba con desestabilizar el Cono Sur en 1978. Pero aunque Francisco también cree que las Malvinas son argentinas, -lo que, dicho sea de paso, no lo califica como un mediador neutral- el epicentro del asunto es que Roma tiene su propio conflicto con la Iglesia Anglicana hace 500 años, que reconoce a la reina de Inglaterra como la exclusiva jefe de su iglesia.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el portal Infobae América

“Con profundo dolor, la Delegación de Paz de las FARC-EP, se une al duelo de los bolivarianos de Venezuela y del mundo ante la noticia descorazonadora, triste, del fallecimiento del Comandante Presidente, Hugo Chávez.”

Las condolencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron enviadas entre el maremágnum de pésames que el mundo entero dio a Venezuela: Sin embargo, no pasaron desapercibidas en el contexto político colombiano ante la innegable influencia que tuvo el fallecido líder bolivariano sobre el conflicto que azota al país hace medio siglo.

El presidente Juan Manuel Santos, quien recompuso las relaciones con Venezuela a su llegada al poder, también reconoció el papel de Hugo Chávez en el proceso de paz. “Si hemos avanzado en un proceso sólido de paz, con procesos claros y concretos, es también gracias a la dedicación y el compromiso sin límites del presidente Chávez”, dijo desde la Casa de Nariño.    

Fruto de una enconada pelea diplomática, Chávez despertó más odios que amores en Colombia durante los ocho años de presidencia de Álvaro Uribe. Venezuela—país que hoy se desempeña como garante de los diálogos—fue acusado de dar albergue a las FARC y patrocinar la lucha armada de la guerrilla. Estas denuncias tuvieron su punto más álgido tras el hallazgo de las computadoras del número dos de las FARC, Raúl Reyes, quien falleció tras un bombardeo del ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, en 2008.

Los mensajes encriptados de las computadoras de Reyes fueron estudiados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el cual reveló que Chávez se reunió en el año 2000 al menos dos veces con el líder guerrillero, y que habría prometido $300 millones para ayudar a la subversión colombiana en su lucha armada. Ecuador y Venezuela siempre impugnaron la veracidad de esas pruebas. Estos hechos provocaron la ruptura de las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela, mientras Chávez acusó al gobierno colombiano de haber violado la soberanía ecuatoriana. Consecuentemente, el presidente bolivariano ordenó el envío de tanques hacia la frontera con Colombia y solicitó el retiro de todo el personal de la embajada de Venezuela en Bogotá.

La guerra verbal entre los dos países se atizó de tal forma que la mediación que Chávez estaba ejerciendo en la liberación de rehenes fue suspendida por Uribe. Santos, entonces su Ministro de Defensa, había sido el mayor detractor de este protagonismo de Chávez al considerar que el mandatario venezolano había usado las liberaciones como” propaganda política,” aprovechándose “del drama humanitario de los rehenes”.

Durante los ocho años de uribismo Santos fue un acérrimo detractor de Chávez y fue el primero que denunció la existencia de campamentos de las FARC en la frontera venezolana. También fue crítico del fin de la relación de Caracas con la Drug Enforcement Administration (DEA) al señalar que “buena parte de la droga colombiana sale por Venezuela”. Como resultado, durante la campaña electoral del 2011 en la cual Santos se fungía como el heredero legítimo de Uribe, Chávez llegó a calificarlo de “mafioso” y sostuvo que su elección significaría más guerra y menos posibilidades de reactivar el comercio bilateral.

Pero fue Santos quien le apostó a mejorar las relaciones con su vecino y le dio un lugar importante en la agenda colombiana. Escándalos como las revelaciones El Nuevo Herald sobre el conocimiento de Chávez de los vínculos su ex ministro de Defensa, Henry Rangel Silva con narcos y las FARC habrían sido un detonante para la diplomacia binacional, pero no en la era Santos: el presidente prefirió guardar silencio ante el caso.

Santos, quien sin duda prefirió la diplomacia a la confrontación, también le concedió a Venezuela la extradición del narcotraficante Walid Makled, capturado en Colombia en 2011, de quien se esperaba que de ir a Estados Unidos hablaría sobre la relación de funcionarios venezolanos con negocios ilegales como lavado de dinero y narcotráfico.

Tras la muerte del mandatario venezolano, figuras como el senador Juan Fernando Cristo, aseguró que “gústele a quien le guste, independientemente de las diferencias que pudimos tener los colombianos con muchas de las actitudes, Chávez fue clave para el proceso de paz”. Piedad Córdoba, ex legisladora cercana al fallecido presidente, lloró ante las cámaras al recordar emotivamente que Chávez fue un hombre “que amó a su gente y buscó la paz para Colombia.”

Chávez fue generoso con los colombianos en Venezuela a quienes ceduló masivamente—con propósitos electorales por supuesto. También fortaleció los programas de refugio y asilo los cuales, a pesar de no ser ideales, permiten proteger a más nacionales huyendo del conflicto.

Es improbable que su muerte desvié el curso de las conversaciones de paz, pero un cambio de timón en la política venezolana podría replantear por lo menos la política de defensa fronteriza. Lo cierto es que el líder bolivariano dejó una profunda huella tanto en Colombia, como en Latinoamérica y en el mundo.

Desde hace más de un año, la población argentina asiste a una batalla jurídica y mediática que se libra en los estrados, en las calles y, cómo no, en los medios, por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en el 2009, en la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se viene jugando todo su capital político.

La llamada Ley de Medios, que derogó una antigua legislación que databa de la dictadura, ha sido destacada por sus simpatizantes dada su construcción democrática, ya que para la redacción de sus 166 artículos se realizaron 23 foros y 80 conferencias con integrantes de la sociedad civil.

“Es un proceso inédito porque el proyecto de ley se discutió horizontalmente, trabajamos por consenso y logramos que 21 puntos que debatimos en el seno de nuestra organización fueran incluidos en la ley”, asegura a Noticias Aliadas, Néstor Piccone, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a 300 entidades desde sindicatos hasta organizaciones de la sociedad civil, pasando por radios comunitarias, pequeñas y medianas empresas, pueblos originarios, cooperativas de servicios, universidades, y grupos de género y de personas con discapacidad, a lo largo y ancho del país.

Los detractores de la ley están principalmente en aquellos grupos mediáticos afectados por las medidas de desmonopolización, que en síntesis buscan que nadie concentre el uso de licencias, es decir, que un mismo concesionario pueda ser dueño como máximo de una señal satelital, hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.

No es poca cosa que Colombia haya perdido los derechos económicos sobre 80.000 km2 de mar territorial en el diferendo con Nicaragua que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de este último país el 19 de noviembre. Lo llamativo es el impacto de la decisión del tribunal internacional en la política interna y exterior colombiana y la cadena de consecuencias que produjo, algunas previsibles, otras evitables, y unas más insospechadas.

El próximo 12 de diciembre, cinco expresidentes, Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe tendrán que rendir cuentas ante la plenaria de la Cámara sobre la estrategia de defensa de la Nación en un litigio que terminó interpretando a favor de Nicaragua los límites que se habían trazado en el histórico tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Una jugada que pretende repartir responsabilidades frente a la decisión que exacerbó como nunca el nacionalismo colombiano, apuntando no solo al actual mandatario Juan Manuel Santos, sino a una cadena de errores en la estrategia de defensa que comenzó hace nueve años con el fin que ya todos conocemos.

A nivel interno el fallo despertó, según encuestas, el pesimismo de los colombianos, bajó la popularidad del presidente Santos, puso a la Canciller María Angela Holguín contra las cuerdas, y al Congreso en rebeldía pues desde allí saltaron voces llamando al desacato y a la negativa de modificar los nuevos límites que deben quedar consignados en la Constitución después de un trámite en el legislativo.

El anuncio unilateral de las FARC, justo en el día en que se iniciaba la segunda fase de las conversaciones de paz con el gobierno en La Habana, tomó por sorpresa al país: habrá una tregua navideña entre el 20 de noviembre y el 20 de enero, tiempo durante el que el grupo guerrillero promete no realizar ninguna clase de “operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas” o “actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada”. Este anuncio significa en la práctica que las FARC pararán la escalada de ataques que venían realizando en Chocó, Valle y Cauca—paro armado, cilindros bomba y explosión en fiesta de Halloween incluidos, con un saldo de 47 muertos y 83 heridos—poblaciones donde es un eufemismo seguir llamando daños colaterales a las múltiples víctimas civiles que dejan los enfrentamientos entre ilegales y fuerzas armadas en contextos donde nadie respeta el Derecho Internacional Humanitario. También significa que disminuirán el asedio a poblaciones como Arauca y Norte de Santander donde los trabajadores de los oleoductos tienen cada vez menos libertades de movimiento por temor a ser secuestrados.

Probará además si la cadena de mando que hoy tiene a los máximos representantes de las FARC en la Habana—Iván Márquez a la cabeza—es capaz de controlar a sus cerca de 8 mil hombres distribuidos en cinco bloques y dos comandos conjuntos en todo el país, y si cuentan con suficientes métodos de verificación para probar el éxito de la tregua que como anuncio le sienta muy bien el país, y deja a las FARC con una ventaja política importante en las negociaciones. Aunque sorpresivo, el comunicado de Iván Márquez también recuerda que entre los negociadores guerrilleros hay una fuerte presencia de “estrategas” políticos, al punto de que varios de ellos hacían trabajo militante de base, no tenían un bloque al mando, o incluso no estaban en el país combatiendo como es el caso de Marcos León Calarcá que encabeza la Comisión Internacional de las FARC desde la década de los 80.

Es todo un reto relatar a la Argentina sin parecer que uno se alineó con una tendencia política militante u opositora, ambas campeantes en un mundo blanco y negro que se apoderó de este país hace cerca de dos años. En 2010 también yo trasegaba por estas calles y lo que vi, con variados matices, fue un país conmovido hasta la médula por la muerte de Néstor Kirchner (expresidente y exsecretario general de la Unasur), celebrante de los renovados juicios a los dictadores de los 1970s, crítico ya de ciertas políticas económicas que el gobierno kirchnerista consideraba dignas (cancelación de la deuda ante el FMI , la renegociación con el Club de París) y algunos analistas peligrosas; preocupado también por la concentración de poder de la pareja presidencial que hasta este deceso, supuestamente planeaba alternarse la Casa Rosada por décadas.

Pero aún con todos esos puntos de vista, legítimos en una democracia, el debate era respetuoso y las voces en los medios eran más plurales. La polarización se exacerbó en estos dos años en modo y forma complejos, a tal punto que los interlocutores se han convertido en enemigos y los discursos están llenos de odio.

Cómo reconocerle a ambos lados sus razones sin parecer tibio, cómo hacer críticas sin ser satanizado, sin perder amigos o entrar en discusiones sin fin. Cómo analizar el papel de los medios que dejaron de estar del lado del gobierno y se fueron a la otra orilla a pelear una batalla económica y política, en la que los grandes perdedores son los lectores y por supuesto los periodistas que no tienen idea qué va a pasar con sus puestos de trabajo luego del mentado 7D (7 de diciembre, plazo para que el grupo Clarín haga efectivo el artículo 161 de la Ley de Medios que lo obliga a desprenderse de las licencias que exceden los límites fijado por la ley.

Lejos de la selva, y de la imagen de la silla vacía que el expresidente Andrés Pastrana miraba de reojo aquel día en que el fallecido comandante de las FARC Manuel Marulanda—alias Tirofijo—no se apareció a instalar los diálogos de paz, gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vuelven a sentarse en una mesa.

Esta vez a las afueras de Oslo, Noruega, en un ambiente con aire diplomático, encorbatados, llegando a un epílogo de una serie de conversaciones y encuentros que se hicieron con la discresión de la que se careció años atrás. Con un acuerdo ya firmado sobre los temas a tratar en la negociación, con el rol definido y clave de los garantes (Cuba y Noruega) y de los acompañantes (Venezuela y Chile), y con voceros únicos.

Y a pesar de toda la filigrana, válida y necesaria, lo que pasó este jueves en Oslo demostró lo que la sociedad tiene que entender a la hora de opinar sobre el proceso. En la mesa están sentadas dos visiones de país, dos enemigos, que literalmente se han dado bala por siglos, uno de los cuales se alzó en armas frente al otro con una idea de rebelión marxista que culminó en 50 años de lucha, alimentada por el terror, el secuestro y el narcotráfico, mientras el otro le respondía desde la legalidad con su aparato armado, y también con sumas de ejércitos ilegales que exterminaron a la Unión Patriótica cuando las FARC quisieron hacer política.

Y es por esa diferencia y esa enemistad, que lo importante para una parte puede no serlo para la otra, y que el éxito en la negociación está en manejar las declaraciones y las respuestas con cautela sobre todo ante los medios de comunicación.

La negociación tendrá tres fases: la exploratoria que ya surtió efectos con la firma de un primer acuerdo; la segunda que comenzó ayer para avanzar en los temas contenidos en ese primer acuerdo; y la tercera de implementación de lo negociado.

Lo impensable hace un mes, se estaba cocinando en secreto hace por lo menos un año: unas conversaciones exploratorias entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la consecución de la paz en Colombia. La alocución este martes del presidente Juan Manuel Santos confirmó en modo, tiempo y lugar las noticias sueltas sobre unos acercamientos entre las partes que resultaron sorpresivos por haber manejado con éxito algo de lo que se ha carecido en anteriores procesos de paz: la discreción.

Y es quizá este factor el que hace revestir de optimismo este cuarto intento de paz en las últimas dos décadas, luego de frustrados diálogos durante los gobiernos de Belisario Betancur (1983) César Gaviria (1991-1992) y Andrés Pastrana (1999). El último es el más tristemente célebre por haber permitido que la guerrilla se fortaleciera militarmente y se metiera sin aspavientos (aún más) en el camino del narcotráfico. Su desmadre catapultó el escenario para que Álvaro Uribe fuera elegido como el presidente de la mano dura, propiciando ocho años más de conflicto en el que la palabra guerra fue el sustantivo preferido del Estado.

Hoy dos años después de que Uribe—el popular presidente y ruidoso expresidente—cediera su lugar a Santos, quien fuera su ministro de defensa y parece desmarcarse paulatinamente de la derecha, las FARC y el Gobierno han confirmado públicamente que hubo cerca de 10 rondas exploratorias en La Habana, que confían en la seriedad del otro y que se la están jugando a fondo por la paz. Este martes las FARC también hicieron dos alocuciones televisadas. Una de ellas, la más diciente, la del comandante ‘Timochenko” quien aseguró que llegan a la mesa de negociaciones “sin rencores, ni arrogancia” y otra que pasó casi desapercibida:  un rap desafiante en el que un grupo de guerrilleros cuenta las bajas y éxitos que ha tenido la guerrilla, se muestran felices por irse para La Habana y porque a pesar de que los han llamado narcoterroristas durante décadas, el gobierno se sienta a conversar con ellos.

Aunque los resultados no pueden ser predecibles ahora, es rescatable que en estos últimos meses las conversaciones no se fueron al traste pese a que en el país sucedían hechos como la muerte del líder de la guerrilla Alfonso Cano, y acciones armadas de las FARC, con víctimas civiles, en todo el territorio nacional. También es innegable que la guerrilla que se sienta a negociar no es la de hace ocho años que tenía 14.000 hombres alzados en armas—hoy tiene 8.000—o cientos de secuestrados canjeables en su poder.

Es lógico. El único interlocutor válido para resolver el conflicto desatado por la presencia de grupos armados y fuerza pública en territorio Indígena de los Nasa-Páez en el norte del Cauca, es el presidente Juan Manuel Santos. Mesas temáticas, delegados ministeriales, despliegue de fuerza pública, son medidas además de controversiales, inútiles. La presencia de ONGs internacionales y los informes de los relatores de derechos humanos sobre la situación de los pueblos Indígenas, respaldan el proceso y lo blindan pero terminan siendo insuficientes porque el estado colombiano no se anima a reconocer lo que la Constitución del 1991 le dio a estas comunidades: Autonomía.

Ni el estado ni los grupos armados, valga decir. Porque allí donde hay tierra, rica y próspera, desplazar y acabar con las comunidades a quienes les pertenece, es el mejor método para dar paso a los monocultivos o el narcotráfico. Da igual. Aunque en apariencia lo primero es legal y lo segundo no, para las comunidades Indígenas la defensa del territorio pasa por la defensa de la siembra, de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, de esa riqueza autosostenible que no se puede reducir a los biocombustibles o a la coca. Y eso que esa última también es sagrada para ellos aquí como en Bolivia, aunque su producción no está regulada ni mucho menos permitida por el Estado colombiano como en Bolivia. Para los Nasa-Páez, la segunda comunidad Indígena más numerosa del país, unos 130.000 miembros, hay mucho más que defender y aunque no se reduce a una palabra es la que más carga política e histórica tiene: Autonomía.  

Esa defensa del territorio ha sido pagada con un precio altísimo. Con ocasión del ”Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas por la defensa de la Madre Tierra” que se lleva a cabo en Popayán desde el pasado 10 de agosto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reveló unas cifras que parecen números fríos pero que dan cuenta de una realidad que sale a la palestra pública cada vez que en masa los Indígenas protestan, bloquean vías, o como sucedió en julio pasado—origen del conflicto actual—expulsan a los armados (legales o ilegales) de sus tierras.

Ya ha hecho eco en distintas oportunidades el poder que tiene la sociedad civil en la transformación de las decisiones políticas. Indignados en Egipto, España, Estados Unidos y México han sido el ejemplo claro de ciudadanos inconformes que de manera masiva toman las calles y protestan por aquellas desventuras que sus gobiernos emprenden. El resultado a largo plazo de sus consignas puede ser objeto de discusión, pero es innegable reconocer que en una era donde los nuevos medios congregan inconformismos, las sociedades son cada vez menos pasivas. Lo que acaba de suceder en Colombia con el hundimiento de la reforma a la justicia, que no en vano fue tildada por varios sectores como un “esperpento jurídico”, es un reflejo de ello.

En una semana en la que se habló de referendos, asambleas constituyentes y hasta revocatoria del Congreso, el ente legislativo decidió hundir la reforma que pese a que en el papel pretendía hacer un cambio en el sistema judicial, en realidad era una contrarreforma política.

Periodistas, congresistas opositores (los del Polo Democrático en su conjunto), observadores ciudadanos, estudiantes, abogados, cibernautas, tuiteros, se unieron masivamente bajo la consigna “Justicia sí, reforma no”, reclamo que luego se materializó en las calles a través del entusiasta Comité Promotor del Referendo por el NO A LA REFORMA A LA JUSTICIA.

Entre jueves y viernes este Comité promovió plantones en varias ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali las más masivas) para recoger firmas que revocaran el acto legislativo. Aunque a la iniciativa le faltaba aún el control de constitucionalidad de la Corte, paralelamente el Congreso colombiano convocó sesiones extras en las que los parlamentarios no tuvieron otro camino que hacer lo que les demandó el pueblo: archivarla. 73 Senadores y 117 Representantes votaron por hundirla aún cuando solo una semana atrás en las conciliaciones aprobaban, lo que según ellos, el gobierno de Juan Manuel Santos les había pedido.

Tal y como habían anunciado el domingo, las FARC liberaron al periodista francés Roméo Langlois quien terminó en su poder en medio de un combate de guerrilleros y unidades del Ejército que adelantaban operaciones antinarcóticos, el pasado 28 de abril. Lo que por supuesto no se había anunciado es que el operativo de la liberación iba a ser como ningún otro antes en el país: al menos una decena de guerrilleros de las FARC escoltaron al periodista en medio de las calles de la vereda de San Isidro, en el municipio de Montañita, Caquetá, al sur del país.

A su lado pobladores de todas las edades le daban con júbilo la bienvenida al periodista, mientras subversivos armados se confundían entre la población civil como en las épocas de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán (2001-2002) cuando varios municipios fueron despejados de fuerza pública. Niños y ancianos se acercaban a tocar las armas de los guerrilleros, mientras algunos comandantes lucían uniformes diferentes al tradicional camuflado y más parecidos al del ejército israelí. Momentos previos a la liberación que comenzó a las 4:30 a.m. y se realizó por tierra y río sin el apoyo helicoportado que Brasil prestó en otras ocasiones, los guerrilleros hicieron requisas y retenes para acordonar el área donde Langlois sería liberado. Los civiles eran obligados a bajarse de sus carros antes de pasar hacia el casco urbano del municipio.

Aunque mediadores como delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Colombianos y Colombianos por la Paz a través de Piedad Córdoba fueron claves garantes de la liberación, no tuvieron el protagonismo que en otras ocasiones a excepción de Piedad a quien se le vio en gestos de camaradería con algunos guerrilleros, gestos que seguramente la pondrán como es usual en la picota pública del país. 

Es cierto que en toda liberación se exige el cese de operaciones militares para garantizar la integridad de los rehenes, pero lo sorprendente es que incluso en el fin del secuestro de connotados políticos, y de militares y soldados que estuvieron más en el recuerdo de las familias que en el del Estado, las FARC llegaban hasta cierto punto de la selva, entregaban a los liberados a la comisión humanitaria, conversaban con los mediadores y se internaban en la selva.

Please find the original text below, submitted in Spanish.

A former minister hospitalized. Two of his bodyguards dead. Fifty wounded. Dozens of businesses destroyed. The vivid scenes in Bogotá on Tuesday reminded Colombians of the worst periods of narco-violence in the country. And whenever events occur in the capital, angry responses came from all sectors.

Colombia has recently been on a reverse trajectory when it comes to pain and violence. Still, a wounded ex-minister is more important than, say 10 civilians killed, and Bogotá, of course, is more relevant than Catatumbo or Choco—places that today show the raw and living reality of war.

The terrorists know this. It is common sense. Further, such an act has the potential to radicalize the most extreme forces.  The reprehensible attack on Tuesday had all the ingredients for a real blow to the country.

1. The place: It occurred in the north of Bogotá, where, in addition to many pedestrians, students and workers, there are also two universities—Universidad Pedagógica and Universidad Sergio Arboleda—that represent the Left and the Right of the country. Although it was a coincidence that former Minister Fernando Londoño was walking by, it is not a minor detail that the attack was near a Transmilenio station on Avenida Caracas—one of the more  popular streets for passenger traffic.

That resulted in widespread panic among the population. The force of the blow was compounded by the fact that it was not a remote area south of the city where citizens are accustomed to living with urban guerrillas and paramilitary militias. It was a centrally located area guarded by the national police where the impact was meant to be lethal.

El secuestro de un periodista y sus últimos ataques contradicen la idea del término de la guerrilla generada por la liberación de rehenes.

Después de 47 años de lucha guerrillera en Colombia y el secuestro de 2,000 civiles y 250 militares, de acuerdo con el gobierno, las FARC anunciaron en marzo el fin del secuestro y la entrega de los últimos 10 rehenes uniformados. El gobierno interpretó el mensaje como el inicio del fin de la guerrilla, pero sus últimos ataques y el reciente secuestro de Roméo Langlois, periodista francés, demuestran su actividad.

La carta de las FARC con el anuncio del fin del secuestro supuso para algunos la puerta abierta a las negociaciones. “Es un paso impresionante que hay que aplaudir, pero hay una serie de obstáculos sociales, como las mismas fuerzas militares o los ganaderos que no quieren negociar. La comunidad internacional se va a meter y el mensaje con las liberaciones es que se está creando un ambiente de paz. A punta de conflicto, es muy difícil, y los últimos 10 años lo han demostrado”, señaló Ariel Ávila, analista de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Mientras la incertidumbre rodea la situación del periodista francés, las FARC prosiguieron esta semana su ofensiva armada con un ataque el jueves a un campamento de carabineros en la frontera entre Colombia y Venezuela, que causó siete uniformados muertos y 12 heridos.

El 20 de febrero, se conmemoró una década de la ruptura del fallido proceso de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Esa fecha marcó el inicio del secuestro de políticos, comenzando por el de la excandidata Ingrid Betancourt, rescatada en 2008.

Sería realmente alentador, además de novedoso, que llegara una celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa sin malas noticias para el gremio. Pues este 3 de mayo no logró ser la excepción, ya que además de repasar las cifras que no ceden en lo que a violaciones a la libertad de expresión se refiere (Reporteros sin Fronteras (RSF) dijo que ya van 21 comunicadores asesinados en 2012 y que las FARC y las Águilas Negras siguen siendo predadores de la libertad de prensa en Colombia), desde hace seis días es incierta la suerte del reportero francés Romeo Langlois, freelance para la cadena France 24 y el diario Le Figaro en el país.

La historia es así: Langlois se fue con el Ejército colombiano a cubrir una operación antinarcóticos en Unión Peneya, un sector del municipio Montañitas de Caquetá, al sur del país. Un municipio, dicho sea de paso, que hizo parte de la zona de distensión que en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se despejó para que las FARC tuvieran diálogos con el gobierno y que en últimas terminó siendo un fortín para que la guerrilla se vigorizara y la anhelada paz se diluyera así como la confianza en la salida negociada al conflicto que, lamentablemente, ha sido difícil de recuperar pese a los connotados esfuerzos de la sociedad civil. Hoy día Unión Peneya es uno de esos rincones del país donde la presencia del Estado parece un chiste bogotano, lo que facilita que la guerrilla maneje todo el ciclo de producción de la cocaína a través de milicias armadas.

El grupo de soldados con el que iba Langlois cayó en una emboscada de la guerrilla de las FARC que al final dejó cuatro muertos, pese a que los reportes irresponsables iniciales, compartidos por un general del Ejército a través de Twitter, hablaban de 15, mientras algunos medios, quien sabe basados en qué fuente hablaban de hasta 20 fallecidos. (Entre otras cosas, flaco favor le hace a la libertad de prensa dar partes oficiales apresurados en zona de guerra.) Los heridos confirmados fueron siete, mientras la suerte del reportero todavía sigue siendo materia de confusión: el gobierno colombiano dice que cesará acciones militares en la zona en cuestión y emprenderá un rescate si el gobierno francés lo autoriza; el secretariado de la guerrilla no confirma ni niega la versión de una supuesta vocera del frente XV de las FARC que se atribuyó el plagio; el gobierno francés está seguro de que es un secuestro; el gobierno brasileño ofrece mediación; la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, y la Unión Europea condenan el hecho e instan a las FARC a liberarlo.

Mientras todos sus colegas nos unimos al clamor por su libertad, el caso fue el punto de partida para reflexionar sobre el ejercicio que realizamos los reporteros en zona de guerra. Sobre todo en un país como Colombia donde el conflicto hace rato que se cubre desde los escritorios y solo algunos valientes van al lugar de los hechos, generalmente viajando como es el caso de Langlois, con alguna unidad militar. Es el término llamado embedded journalism acuñado desde que los periodistas norteamericanos se montaron en los convoys militares que llegaban a la Guerra de Iraq en 2003. Es a veces la única opción para llegar a ciertos “teatros de operaciones” a los que los medios no se le miden a enviar periodistas por su cuenta, por miedos legítimos, restricciones financieras, desinterés, o inexperiencia.

Dice el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en su último libro, el primero después de ganarse el prestigioso galardón, que asistimos a la “civilización del espectáculo.” Su argumento es que cada vez más la cultura se confunde entre lo banal y lo espectacular y que temas como el sexo y la vida privada hacen más que nunca parte de la esfera de lo público. Aunque la discusión de lo mediáticamente importante puede ser de largo aliento, lo innegable es que un espectáculo mediáticamente taquillero en la semana poscumbre de las Américas, ha sido el de los agentes del Servicio Secreto que hacían parte del cuerpo de seguridad del Presidente Barack Obama, quienes durante su visita a Cartagena pagaron servicios sexuales a prostitutas. O muchachas prepago, o damas de compañía como prefirió llamarlas el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, quien consideró “injusto” llamarlas prostitutas—y puntualizó indignado que el puerto “no es el Cabaret de Suramérica.”

Ya a estas alturas sabemos mucho de ellas: Cuántas eran (20); quién es la mujer que pidió $800 por sus servicios y le pagaron $30 (Dania), razón por la cual desató el escándalo (vimos su rostro y por supuesto su cuerpo para poder hacer la valoración pertinente sobre si su reclamo era legítimo); y los bares donde trabajaban, burdeles cuya clientela aumentará solo por la morbosa curiosidad.  Los medios corrieron por la exclusiva como si se tratara de la mismísima “garganta profunda,” y hasta hay rumores de que el New York Times le pagó para que no le hablara a ninguna otra publicación.

El periodista que destapó el escándalo en el Washington Post, Ronald Kessler, es más famoso aún, como también algunos de los 12 agentes que participaron en tamaño desliz (y de paso su familia sometida a escarnio público), cuyas fotos en Facebook coqueteando con otras mujeres ya son de dominio público, y cuyas cabezas rodarán dentro de poco, quizá junto a la de Mark Sullivan, director de la agencia que le cuida la espalda a uno de los hombres más custodiados del mundo.

No nos digamos mentiras: los únicos resultados concretos de la Cumbre de las Américas se hicieron a la medida de Estados Unidos. Unas pocas horas antes de que el presidente Barack Obama aterrizara en Cartagena, dos leyes sustanciales para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) fueron aprobadas a pupitrazo por el Congreso de Colombia.

Por su propio veto (el de Estados Unidos), temas cruciales que marcaron la agenda mediática y política las últimas semanas, no se discutieron en la Cumbre: la inclusión de Cuba en próximos encuentros continentales y la defensa argentina de la soberanía de las Islas Malvinas. Ese disenso motivó que no hubiera declaración final conjunta. Una cumbre sin declaración, es como una reunión sin acta: ni idea quién estuvo ni qué se dijo, ni en qué orden, ni quién apoyo qué. Claro, aquí se sabe más que eso, pero varias de las reuniones fueron privadas, y las públicas fueron sin duda políticamente correctas.

Por tanto más hubiera valido hacer una cumbre bilateral y no un encuentro con 31 invitados que costó al menos 25 millones de dólares (según la propia cancillería) en los que algunos se fueron molestos (Argentina y Bolivia), otros cortaron su estancia inexplicablemente (Brasil) y otros se tomaron fotos con los indígenas Wayuu y hablaron de responsabilidad social (Chile) pero a la hora de la verdad tampoco aportaron al debate grueso que prometía marcar la diferencia en esta cumbre: la discusión sobre la política antidrogas.

Pese a que el mismo José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que ya era hora de una estrategia antidrogas propia para el continente, desde pronto Barack Obama, entrevistado en medios latinoamericanos, tanto como Juan Manuel Santos en medios norteamericanos, lanzó frases políticamente correctas como que aceptaba la responsabilidad de su país en el consumo, pero siempre fue claro en que no estaba de acuerdo con la despenalización.

Que la Cumbre de las Américas, un encuentro continental donde se reúnen 33 presidentes, sea el escenario para que temas de largo alcance pretendan ser discutidos, es una obviedad. La pregunta es si de la ambición no quedará solo el cansancio y si la promesa de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, de que los alcances de la declaración final no se conviertan en saludos a la bandera, puede ser real.

Si bien es cierto que el debate sobre la política antidroga ha ocupado la mayoría de los titulares no es el único que quiere ser metido en la agenda. Sobre este hay que decir que busca abrir horizontes más allá de las directrices estadounidenses pro fumigación y entre las propuestas se han colado desde un impuesto a la legalización (hecha por el propio presidente Juan Manuel Santos), hasta el reconocimiento a la hoja de coca como sagrada tal y como sucede en Bolivia (hecha por los indígenas) pasando por el tratamiento de los consumidores como un problema de salud pública (hecha por Ong de siete países).

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció que hay la necesidad de que el hemisferio tenga su propia “estrategia” y el gobierno colombiano quiere que al menos de la Cumbre salga una comisión de expertos, sin hacer la claridad de que eso esté en el documento final. Es más desde el principio, diplomáticamente, le está haciendo el quite a que el tema aparezca en los compromisos. De las múltiples propuestas habrá que ver si hay una real voluntad política para ejecutar una nueva política antidroga y no solo declarar que la necesitamos.

Que ayer, este lunes, se vivió en Colombia un episodio que parte en dos la historia del conflicto en el país, es una verdad de a puño. Regresaron a la libertad los últimos militares y policías que las FARC tenían en su poder, 10 uniformados que por casi 14 años vivieron en la selva, mientras sus hijos, padres, o familiares morían de pena moral o de enfermedades agravadas por la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos. Mientras el país pasaba por tres mandatarios diferentes—un período de Andrés Pastrana, dos períodos de Álvaro Uribe y casi medio de Juan Manuel Santos, quienes a su modo querían ponerle fin al secuestro—mientras el mundo daba saltos tecnológicos agigantados al punto de que hoy cubrimos esas liberaciones con un iPad o un teléfono inteligente.

La espera de las 10 familias de los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y de los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero, Wilson Rojas Medina, y Carlos José Duarte, terminó. Vidas que se habían congelado en el esfuerzo por las liberaciones, o que se habían subido en la montaña rusa de las esperanzas, tuvieron un final feliz ayer, el lunes 2 de abril: el mismo día en se conmemoraban 30 años del desembarco argentino en Las Malvinas.

Colombia celebra la noticia. Las FARC cumplen por fin su palabra después de haber hecho este anuncio desde noviembre. El gobierno califica el gesto de la guerrilla, como “un paso en la dirección correcta pero insuficiente,” y Piedad Córdoba asegura que el trabajo de colombianos y colombianas por la paz cerró un ciclo en lo referente a la mediación en las liberaciones, y abrió otro en lo que para ella serán sus siguientes misiones: buscar a los desaparecidos y concretar las visitas a las cárceles para ver las condiciones de los guerrilleros presos.

Hace tiempo que en la capital de Colombia, la gente viene quejándose del caos en que se ha convertido transportarse. Aunque el sistema de transporte masivo Transmilenio resultó desde su puesta en marcha una solución en términos de rapidez, en los últimos años el sistema colapsó. Colapsó porque el número de habitantes capitalinos que supera los ocho millones y que como toda ciudad industrializada, está compuesto por una mano de obra que vive en el sur y se mueve hacia el norte para trabajar, supera en creces la capacidad que tienen los buses articulados para transportarlos.

Los reclamos son diversos. Tarifas altísimas de un dólar por trayecto, si se compara con la media latinoamericana que está por debajo de los 50 centavos de dólar, sobre todo en países donde el Estado subsidia el servicio. Falta de frecuencia en los buses, por lo cual aunque hayan servicios expresos que lo lleven a uno de un extremo al otro de la ciudad en tiempo récord, es imposible subirse en ellos sin obligar al cuerpo a acomodarse en minúsculos espacios o forzar el ingreso a los articulados a como dé lugar antes del cierre de puertas, el mejor estilo del metro de Tokio, aunque sin los conocidos “empujadores”.

Rutas que si bien atraviesan las vías más importantes de Bogotá, dejan desconectadas  vías intermedias que comunican con los barrios más pobres de la ciudad, a donde ni los buses alimentadores (llamados así porque alimentan el sistema Transmilenio) llegan.  Monopolio de los buses articulados que pertenecen a una empresa privada en la que por supuesto el Estado no tiene participación. Concesiones a dedo de licitaciones públicas para construir las vías por donde circulan las rutas del sistema, que se encuentran a medio camino, o que han generado incontables sobrecostos y trancones por otros sectores de la ciudad.

No es un dato menor que la discusión sobre medios de transporte alternativos como el tranvía o el metro, tenga un eje focal en qué vías de la ciudad atravesarán, y que la idea de que sea por la carrera 7a, contigua a los tradicionales cerros de la ciudad, choca por no mirar al occidente del país (Avenida Boyacá) donde por ahora no hay contemplado un sistema rápido de transporte masivo, y por donde también se mueven millones de pasajeros.

El país jurídico y político se sacudió esta semana con el fallo del Consejo de Estado que dejó sin piso la elección de la primera mujer en ocupar el segundo cargo más importante del país: el de fiscal general de la Nación.

Dos días después de conocerse la decisión, la propia Viviane Morales anunció su renuncia irrevocable rechazando así de tajo la posibilidad de ser ternada para un segundo periodo. Como su elección en suma se cayó por vicios de forma, era posible que volviera a ser incluida por el presidente Juan Manuel Santos, en el listado de candidatos a sucederla. Aunque jurídicamente algunos consideraban inviable su reelección, lo cierto es que Morales, después del que calificó como el más “año más duro,” de su vida, no va más en el ente acusador.

Por lo menos eso se desprende de su discurso de despedida en el que salieron varias cosas a flote como una defensa férrea a su marido, Carlos Alonso Lucio, un personaje con un prontuario importante (ex guerrillero del m19, mediador de procesos de paz y supuesto colaborador de paramilitares), que se convirtió en el talón de aquiles de su gestión. Un sector de la sociedad incluyendo connotadas columnistas, sugirieron que Lucio estaba influyendo en sus decisiones y por eso a ellos les dedicó unas palabras. Dijo que afrontó una "escalada de ataques perversos inhumanos de algunos periodistas y algunos medios de comunicación en el intento desesperado por provocar mi renuncia. Ni Colombia creyó en sus mentiras ni yo cedí a sus presiones."

Una maratón de 110 horas de mensajes radiales en favor de los secuestrados, tuvo lugar la semana pasada en Colombia en el marco de una jornada exitosa en términos de las palabras de solidaridad escuchadas, pero triste en términos de la presencia que hizo la sociedad civil en el lugar del encuentro.

Una escalada de ataques de las FARC principalmente en sus bastiones tradicionales ubicados en los departamentos de Cauca y Nariño, que ha causado numerosas bajas de civiles y uniformados, terminó con el epílogo este lunes del desplazamiento de más de 1200 lugareños en Caldono, en una muestra retaliatoria al discurso aquel de que están acabadas.

Este es el contexto en el que la guerrilla anuncia que que no serán seis sino 10 los rehenes que liberarían en las próximas semanas, superando los escollos de la mediación internacional de Brasil y poniendo a una figura tan respetada como Marleny Orjuela, miembro de Asfamipaz, a ser quien encabece la comisión de recibimiento de los secuestrados.

Bogotá, 4 de febrero, 2008. La indignación de un ingeniero civil que veía como una burla los intentos frustrados de la liberación de las secuestradas Clara Rojas y Consuelo González (que se conoció como la Operación Emmanuel), fue el origen de la creación de un grupo en Facebook llamado Un millón de voces contra las Farc. De ahí una marcha multitudinaria en las calles de 193 ciudades del mundo. Histórica, se dijo. Polarizada, se vivió.

Bogotá, 6 de diciembre, 2011. El tiro de gracia que recibieron cuatro uniformados (el mayor Elkin Hernández, el sargento José Libio Martínez, el intendente Álvaro Moreno y el coronel Edgar Yesid Duarte), después de estar secuestrados hasta por 14 años en manos de las Farc, provocó que varias organizaciones no gubernamentales, convocaran de nuevo una marcha contra esa guerrilla. Se vivirá este 6 de diciembre en Colombia. Habrá otra vez gritos de no más Farc, no más secuestros. Y como en el pasado, también habrá polarización. Ya no será contra Chávez y Uribe, pues el presidente venezolano es el nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos, pero seguramente sí habrá diatribas contra Piedad Córdoba. No solo por ser el target favorito de la derecha del país; es ella la que está poniendo en duda la versión de la responsabilidad de la guerrilla en la muerte de los cuatro uniformados. Dice Medicina Legal que recibieron impactos de bala en la espalda a solo 1,5 metros de distancia. Cuestiona Piedad si no fue fruto de una operación de rescate que el Ejército inició unilateralmente, si hubo fuego cruzado, si hubo enfrentamientos. Más aún cuando dos días atrás la guerrilla había anunciado la liberación humanitaria de seis rehenes, con la intervención de Colombianos y Colombianas por la Paz, grupo liderado por la ex senadora.

El tsunami de noticias que sacude permanentemente a Colombia es una de las cosas por las que me gusta ser periodista en este país. No se acaba de reponer uno de una tremenda cobertura sobre las elecciones regionales cuando la agenda de la guerra, de la paz y de la protesta social, sigue moviendo las fichas del rompecabezas de esta nación sudamericana. 

En principio, muchas cosas hay que decir sobre el acontecer poselectoral. En términos de ganadores cabe mencionar a la registraduría por la rápida entrega de resultados y la puesta en marcha de la huella biométrica que afina un camino exitoso contra el fraude en las elecciones de 2014, más aún si el mentado voto electrónico se materializa.

Hablar de política siempre ha sido una costumbre pasional del colombiano.  Podría uno decir que de cualquier ciudadano del mundo. El tema es que en Colombia con la complejidad de la política, esa pasión a veces es violencia, a veces es calumnia, pero también muchas veces es una verdad incómoda.

Este domingo es el día de las elecciones regionales en Colombia. El portal que dirijo Votebien.com especializado en cobertura electoral, recibió en las últimas semanas decenas de denuncias sobre candidatos cuestionados en todo el país, quienes podrían representar un peligro para la democracia. Con nuestro músculo periodístico pero también con la seriedad que implica seguir una denuncia ciudadana, completamos una base de datos llamada Vote en Alerta, con 140 aspirantes cuyas candidaturas tienen algún grado de señalamiento. La corroboramos con informes de riesgo de autoridades, entes de control y sociedad civil, y el resultado no es menos que lamentable:

Colombia irá a las urnas teniendo como aspirantes a algunos sancionados por algún delito o que incluso han estado presos. Un buen número tiene el respaldo de personajes cuestionados, es decir que están en la cárcel o investigados. Y otros tienen ellos mismos el respaldo de grupos ilegales que les están haciendo campaña o están impidiendo que otros la hagan. Lo más grave es que varios de ellos son claros ganadores.

El fantasma de la parapolítica sigue rondando la campaña a las elecciones locales en Colombia. No solo por el hecho de que muchos de los investigados por haber establecido alianzas criminales con los paramilitares, sean hoy candidatos, sino porque quienes están condenados por estos pactos, tienen tanto o más poder desde la cárcel que los políticos que están en libertad.

El preso más famoso de Colombia, el ex senador del Valle Juan Carlos Martínez Sinisterra, lleva varios lustros manejando la política local de su departamento. Al llamado Negro Martínez se le condenó a pagar siete años de cárcel por sus nexos con el Bloque Calima y el paramilitar H.H, extraditado a Estados Unidos. Aunque se comprobó que su cercanía con los ilegales le sirvió para hacer campañas políticas y entregarles presupuesto y cargos del Estado, las rejas no han sido un impedimento para que su poder se extienda por todo el territorio nacional. Tiene un músculo proselitista tan imparable, que los medios dicen que maneja medio país.

Dicen los expertos que es más fácil robarse unas elecciones locales que unas presidenciales pues la cantidad de votos a comprar es a todas luces inferior. En Colombia, cuyos ciudadanos elegiremos el próximo 30 de octubre 23 mil funcionarios que ocuparán gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas de administración local, algunas curules se obtienen apenas con mil votos.

Para estas justas, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido que es mayor la incidencia de fraude que la de violencia comparada con comicios anteriores, aunque a la fecha en que escribo este post ya van 36 candidatos asesinados. Se han determinado 69 municipios como críticos, pues ambas variables se cruzan: grupos armados influyendo en los comicios y campañas políticas comprando votos, jurados y hasta registradores.

Desaparecerse del mundo bloguero es fácil cuando uno arranca un proyecto periodístico al que le dedica incansables horas. El primer sacrificio es abandonar aquellos espacios de opinión para volver a la rigurosa reportaría e investigación y sólo con el correr de la práctica, termina dándose cuenta que es capaz de hacer ambas cosas. O por lo menos intenta. Hace casi tres meses regresé a Colombia, esta vez como editora del portal Votebien—una plataforma de medios de comunicación, organizaciones sociales y cooperación internacional con el respaldo editorial de la revista Semana. Como reportera en la versión de 2010 en la que cinco colegas cubrimos las elecciones presidenciales, disfruté del periodismo serio, riguroso e independiente, y un equipo profesional incomparable. Viajé por buena parte del país, dicté talleres a colegas y aprendí de periodismo web y política 2.0 como nunca antes. Ahora con menos recursos y también menos periodistas, volvimos con el compromiso de cubrir las elecciones locales, un escenario de poder donde se juegan aún más los modelos administrativos, las cuotas burocráticas y la maquinaria electoral.

Los colombianos elegiremos en octubre ediles, concejales, alcaldes, y gobernadores en todo el país. Daremos con nuestro voto el poder a nada menos que 23 mil funcionarios públicos.

La preocupación de quienes apoyan la alianza y permiten que Votebien esté al aire es genuina: En Colombia las elecciones no son el fruto de un voto informado ni programático. Son, lamentablemente, escenarios donde presionan los grupos armados, las élites, los corruptos, el narcotráfico, los mafiosos y los políticos que por años se han quedado con la torta burocrática de sus regiones.

Las palabras Conflicto Armado habían desaparecido del vocabulario político del país los últimos ocho años gracias a directrices expresas del gobierno de Álvaro Uribe, que en cambio las reemplazó por “amenaza terrorista”, “narcoterrorismo” o simplemente “terrorismo”. En línea con la doctrina del presidente George Bush que delineó el Patriot Act para ampliar las herramientas que facilitaran la persecución y captura de sujetos vinculados con organizaciones terroristas luego de los ataques sucedidos el 11S de 2001, en Colombia se expidieron varios decretos y leyes que buscaban el mismo fin: Enfrentar la “amenaza terrorista” y consecuentemente a las organizaciones que entonces fueron rotuladas en las listas de “terroristas” como las guerrillas de las FARC y el ELN, y las paramilitares AUC.

Algunas de estas directrices derivaron en perversas prácticas como los llamados “falsos positivos”, es decir el asesinato de civiles de manera extrajudicial, quienes luego eran disfrazados como guerrilleros dados de baja en combate, lo que les aseguraba a las tropas conseguir premios por los resultados contra el “enemigo”. También permitieron que la agencia del Inteligencia del Estado (DAS) se convirtiera en un aparato de espionaje contra periodistas, opositores, sindicalistas y magistrados, personas que para el gobierno podrían suponer una “amenaza terrorista”.

Colectivos de colombianos por la paz insisten en salida política negociada al conflicto.

Desde que el día de su posesión presidencial Juan Manuel Santos aseguró que “las llaves de un proceso de negociación no están perdidas”, varios sectores en Colombia han manifestado su optimismo por un cambio de discurso que, durante los ocho años de gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe, sólo pronunció la palabra guerra.

Pasar a la historia como el presidente de la paz, ha sido el anhelo de muchos mandatarios en el país, aunque con resultados poco alentadores. El deseo de Santos no es la excepción a la regla. “Después de la aparición de las llamadas economías emergentes compuestas por el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), Santos quiere que Colombia figure en el concierto internacional como una potencia emergente. Para que eso ocurra debe dejar de ser un país en guerra”, asegura el congresista Iván Cepeda, hijo del asesinado líder de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda, por cuya muerte el estado colombiano fue condenado ante la CIDH.

Cepeda participó en el encuentro internacional “Haciendo la paz en Colombia”, realizado en Buenos Aires a fines de febrero, que reunió a colectivos nacionales e internacionales que buscan poner fin a cerca de cinco décadas de conflicto en Colombia.

Pero, ¿en qué han cambiado las condiciones para que los ánimos de una salida política negociada al conflicto de 50 años finalmente prosperen? Si bien Santos le coquetea a la idea de la paz, también ha sido claro en que esta “no será a cualquier precio” y que no conversará “con quienes se niegan al diálogo desarmado”. Y es precisamente el desarme antes de diálogo el elemento más complejo para construir confianza entre las partes.

“Soy Hugo López, uno de los pocos que sobreviví a los psicofármacos”, dice micrófono en mano un hombre grueso y de mirada bonachona, locutor habitual de la Radio la Colifata. “También conduzco aquí mi espacio llamado la Fogonera en donde hablo de todas las delicias gastronómicas que no podemos comer en este hospital”, agrega, con su habitual sentido del humor. Uno a uno pacientes internados, ambulatorios y externados del Hospital Mental José Tiburcio Borda se presentan en la ronda de introducción del programa. También lo hacen algunos invitados y curiosos que quieren ser partícipes de esta singular experiencia, única en Latinoamérica, en la que un medio de comunicación transmite desde un neuropsiquiátrico.

Todos los sábados desde una casita de colores en los predios del Borda, una institución que actualmente tiene alrededor de 900 camas psiquiátricas para pacientes de escasos recursos, este programa de cinco horas resulta irreverente y ejemplar. Desde hace casi 20 años decidieron que era una forma de comunicarse con el exterior sin que mediaran autoridades ni diagnósticos. No es, sin embargo la única experiencia al interior de este hospital de salud mental.

En diciembre pasado entró en vigencia la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ¿Qué significado tiene este instrumento internacional para los países del Cono Sur?

En Argentina dicen que el término “desaparecido” es una palabra en español que se hizo conocida en todas las lenguas por cuenta de la brutal dictadura que sumió al país entre 1976 y 1983. Treinta mil desaparecidos fue el saldo de un plan sistemático de violencia contra la oposición política, víctimas sobre quienes alguna vez el dictador Jorge Videla se refirió con total despojo de identidad: “¿Qué son los desaparecidos? Son solo eso, desaparecidos, o sea nada.”

“Nosotros sabemos que siempre fueron, pero hoy 25 años después, ya son reconocidos por el Estado de Derecho con la entrada en vigencia de la Convención,” asegura Pablo Barbuto, coordinador del área jurídica nacional de la secretaría de derechos humanos (DDHH) de Argentina.

El país fue junto a Francia uno de los grandes impulsores del tratado que entró en vigencia el pasado diciembre luego de la ratificación de 21 países, 9 de ellos latinoamericanos (Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina). Aunque para todos ya existía la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, firmada en 1994 en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), por primera vez un instrumento internacional reconoce el carácter continuo de la desaparición, y el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.

Cinco años después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que reabrió los Juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina, son gratificantes los avances para las víctimas que de a poco van encontrando las anheladas justicia y verdad, pero también muchos los retos que enfrenta un sistema judicial desbordado que juzga a represores que se están muriendo sin siquiera tener condenas firmes.

El 29 de abril de 1977 el Diario la Opinión registraba un enfrentamiento entre subversivos y Ejército, con un saldo de cinco guerrilleros muertos. El pasado 16 de noviembre Patricia Bernardi, una de las fundadoras del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entró al tribunal donde se sigue el juicio a los represores del Centro de Detención el Vesubio y pruebas periciales en mano, demostró que no, que no eran subversivos, que habían sido secuestrados y luego asesinados a balazos en Juncal y Rivadavia a las 2:30 a.m., según consta en sus actas de defunción.

“Era mostrarle a la justicia que eso que se leyó como un tiroteo, era un traslado y un asesinato de gente”, cuenta Patricia quien por cuarta vez declaraba como testigo pericial en los juicios reactivados en 2005, en algunos de ellos incluso frente a represores, a quienes paradójicamente les tiene que explicar qué es un orificio de bala. “Me parece que son una madera, nada los moviliza. Pero no es mi objetivo sensibilizarlos, sino que el juez crea que la prueba científica es válida y el familiar crea en la identificación”.

Patricia habla desde las oficinas del EAAF, creado en 1984, en las que a partir de perfiles biológicos de los esqueletos (exhumados en fosas comunes de cementerios municipales o predios militares), evidencias balísticas, análisis de documentación (libros de cementerio, testimonios y archivos policiales que registran simples NN o nombres de guerra), y el avance de la genética, se ha logrado hasta la fecha la identificación de 300 personas. De un promedio de 1000 exhumaciones aún hay 600 restos sin identificar que reposan en el laboratorio de Buenos Aires y otras provincias como Córdoba y Tucumán donde la represión fue fuerte.